Redacción •  Actualidad •  24/06/2023

El personal de la Administración de Justicia celebra asambleas permanentes en sedes judiciales

El personal de la Administración de Justicia de Madrid, Murcia y Barcelona está celebrando asambleas en las sedes judiciales y no las abandonará hasta que el Ministerio de Justicia convoque al comité de huelga para negociar. Se trata de una nueva medida de presión en el conflicto que se alarga ya más de dos meses por la irresponsabilidad del Ministerio de Justicia y del Gobierno.

El personal de la Administración de Justicia celebra asambleas permanentes en sedes judiciales

Los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ y UGT han convocado asambleas por toda España para informar sobre las nuevas medidas de presión acordadas por el comité de huelga del personal de la Administración de Justicia:

  • Manifestaciones en Madrid con personal de toda España programadas para el 27 de junio y el 13 de julio.
  • Manifestaciones en las capitales de provincia el 29 de junio.
  • Contactos con los partidos políticos para que se pronuncien y asuman las reivindicaciones si llegan al Gobierno.
  • Realización estricta de las funciones que la ley atribuye a cada cuerpo funcionarial exigiendo la presencia de jueces y LAJ en las actuaciones procesales en las que la ley así lo dispone.

En los casos de las asambleas de Madrid, Barcelona y Murcia se ha acordado la permanencia en las sedes judiciales sin abandonarlas como medida de presión para que el Ministerio de Justicia se siente a negociar. Sin embargo, el encierro en la Ciutat de la Justícia de Barcelona ha finalizado la pasada noche tras amenazas de sanciones económicas a quienes alteraran el normal funcionamiento de la sede por parte de la jueza decana.

Tras 65 días de movilizaciones, solo se han producido tres reuniones —los días 20 y 24 de abril y el pasado 6 de junio— en una actitud incomprensible, irresponsable e ilegal del Ministerio de Justicia, amparada por el Ministerio de Hacienda y el presidente del Gobierno, que están demostrando que no les importa ni la prestación de este servicio público ni las condiciones laborales del personal que lo atiende.


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