Con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el Gobierno blinda la corrupción contra la acción ciudadana

Hoy está prevista la aprobación de una nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, uno de los últimos estertores del cadavérico gobierno de Zapatero y en ella se consuma una vieja pretensión que el Felipe González de los tiempos del GAL no tuvo valor para perpetrar: La instrucción, es decir, la investigación de las causas criminales pasa a manos de la Fiscalía, pero no sólo esto. En congruencia con lo anterior la Acción Popular, un derecho establecido por la Constitución pero no determinado en ella, desaparece de facto en todos aquellos tipos penales cuyo bien jurídico protegido no corresponda a derechos personalísimos o a personas físicas determinadas. Así ocurrirá, por ejemplo, con el Título de los delitos contra la Administración Pública o con el de los delitos contra la Administración de Justicia o con la mayor parte de aquellos relativos a organizaciones criminales o a delitos contra la Hacienda Pública tal cual es el de blanqueo de capitales.

Según la reforma que se aprobará hoy, los partidos políticos, los sindicatos y las Administraciones Públicas son definitivamente privados, en todos los supuestos, del derecho a personarse en una causa criminal como Acusación Popular. En el resto de los caso, también será arrojado fuera del proceso quien se haya personado como tal Acusación, sea persona física o jurídica, si la víctima del delito –de haberla– y el Fiscal piden el sobreseimiento de la causa.

A esto, se añade un reforzamiento del secreto de las actuaciones cuyo principal efecto es hurtar a la opinión pública el conocimiento sobre las circunstancias y presuntos autores de los delitos investigados. Con el aparente propósito de proteger al “investigado” de la llamada “pena de telediario”, lo cual parece loable a primera vista, la nueva Ley prohíbe que durante la instrucción se hagan públicas la identidad o imágenes de los investigados –antes imputados– cosa que, en la práctica, dificulta, si es que no impide, que otras investigaciones no judiciales, como las periodísticas, desvelen hechos y datos que no se investiguen en la instrucción, es decir, que el Fiscal no quiera o no sepa investigar.

La consecuencia inevitable de todo ello es que el Ejecutivo pasa a controlar y monopolizar discrecionalmente la persecución de la corrupción político-económica. ¿Por qué? Pues porque, en nuestro Ordenamiento Jurídico, la Fiscalía es un apéndice del poder Ejecutivo y no porque una Ley así lo diga, sino porque lo dice la propia Constitución. Según el artículo 124.2 CE “El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”; y según el 124.4 “El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”.

Con otras palabras, el Gobierno tiene el control inmediato y pleno de la actuación de la Fiscalía por el evidente, flagrante y manifiesto hecho de que a él le corresponde, a discreción, el nombramiento y el cese del Fiscal General del Estado y porque el resto de los miembros del Ministerio Fiscal están sujetos a los principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, cosa que no se nubla en absoluto aunque ese Ministerio también deba atenerse a los principios de legalidad e imparcialidad, por cierto, igual que le pasa a todas las demás Administraciones Públicas, las cuales, no por eso, dejan de ser órganos dependientes y sujetos a la voluntad gubernativa.

Y si esto es así, y así es, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se va a aprobar hoy –seguro que con aplastante apoyo parlamentario– significa, ni más ni menos, que a partir de ahora la impunidad o el castigo de los delitos de corrupción queda al libre albedrío, al antojo, del presidente del Gobierno.

Con lo que está sucediendo en este día, nuestra narcotizada segunda Restauración se adentra profundamente en la mutación del Estado en Hampa organizada, y con ello enuncia nuevamente unas viejas palabras y reclama del Ciudadano, del Cives, que las reconsidere otra vez:

“Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad”.