Ante el acuerdo de la Junta de Andalucía y el Gobierno de coalición: “Es un buen inicio solo si esos 356 millones de euros son para restaurar el daño causado, conservar Doñana y consolidar un tejido empresarial con valor añadido”

La primera valoración de la Plataforma Salvemos Doñana respecto al inicio de conversaciones y el principio de acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España sobre Doñana es positivo y expectante. Estamos posiblemente ante una lección aplicada de que “sin ecología no hay economía” en la que la ciudadanía y la ciencia han sabido estar de lado de Doñana, su agua y su gente, aunque, tristemente, sus advertencias son ignoradas en la toma de decisiones.

Es positivo en cuanto que se ha paralizado el proceso de tramitación de la ley de regadíos en la Corona Norte Forestal de Doñana propuesta por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía, que seguía adelante a pesar de silenciarse a las voces contrarias e incluso sentencias y sanciones millonarias del Tribunal de Justicia Europeo por no proteger adecuadamente Doñana.

Es positivo también en cuanto a que se pretende, según Teresa Ribera informó al grupo de Salvemos Doñana, “buscar alternativas de desarrollo económico, social en el territorio, que la gente sienta que Doñana les beneficia pero no agotando Doñana, sino conviviendo con Doñana” mediante la organización de un equipo o comisión para trabajar en ello. Para Salvemos Doñana, de esa comisión deberían formar parte las organizaciones ecologistas, la ciencia, y debiera escucharse a otras voces discordantes que la mayoría parlamentaria estaba desoyendo, como el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, la Unesco, la UICN o la Comisión Europea.

La Plataforma muestra expectación ante varios interrogantes que están por aclarar o perfilar. En primer lugar, ni una sola hectárea más debe ser declarada regable en el territorio de influencia de Doñana. Por otra parte, el destino de los 356 millones que el Ministerio ha anunciado que se invertirán en Doñana debe excluir fehacientemente todo aquel proyecto que no responda a la recuperación de los daños originados, restaurar y conservar ecosistemas, consolidar el tejido social fortaleciendo el cooperativismo y las explotaciones familiares, apostando por un modelo de tejido económico compatible con la conservación del Espacio Natural de Doñana, en el que el valor añadido quede en el territorio de Doñana y repercuta en el bienestar social de su gente.

Expectantes también con el compromiso con el cumplimiento del Plan de la fresa de 2014, plan que ya nació del consenso de todos los actores tras un proceso participativo ejemplar, que hasta ahora está ejecutado en torno al 5%. También expectantes ante la necesaria creación de una oficina técnica para la diagnosis de la situación real de las autorizaciones de agua, que posteriormente atienda aquellos casos que incumplían los requisitos establecidos para la autorización de riego en el Plan de la fresa.

Parte negativa: aplicación de la ley mordaza

Así, espontáneamente y de forma pacífica y seria, es como la iniciativa ciudadana Salvemos Doñana ha querido estar presente en este momento tan prometedor para Doñana. Ha querido hacer ver que una importante parte de la ciudadanía ha sido desoída hasta el momento durante la tramitación de la proposición de ley de regadíos en Doñana, pero no quiere permanecer apartada. Por ello, tras saberse ayer a mediodía que se iban a reunir por la tarde la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica, se hicieron un llamamiento interno para ir, quienes pudieran, a plantarse frente a la puerta del palacio de San Telmo de Sevilla, con la pancarta que muestra el lema de esta plataforma: “En defensa de Doñana”.

A su llegada, la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se acercó al grupo y se plantó con ellos, ubicados a 30 metros de la puerta del palacio, sede del gobierno andaluz. Recibida con cantos de “Donaña no se vende, Doñana se defiende” por parte del grupo de personas que se plantó allí de esta forma improvisada, la ministra decidió asumir transmitir este mensaje al presidente del Gobierno andaluz.

Cinco minutos después de irse la señora ministra, la Policía Nacional llegó en sendas furgonetas e informó a las personas que siguieron allí plantadas de que estaban participando en “una concentración ilegal para protestar” que no había sido comunicada y, por tanto, procedían a solicitar los documentos de identificación de al menos una decena de entre los presentes para realizar las correspondientes denuncias. 

Salvemos Doñana permaneció plantada allí tras más de tres horas con un calor sofocante que la misma Teresa Ribera refirió cuando, antes de marcharse volvió a acercarse, junto con Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, a informarnos con evidente satisfacción sobre lo ocurrido en la reunión, las “buenas noticias”. Finalmente, también el Secretario de Estado, Hugo Morán, se acercó completando en tono cordial y afable, según percibieron las personas que aún permanecían allí, la información que la Ministra había facilitado.

Respetando en todo momento a la Policía Nacional y su función, consideramos que ayer hubo una sobreactuación. Quienes roban agua en Doñana llevan años escapando de denuncias y sanciones y vemos actuaciones inmediatas sobre quienes defendemos la integridad de Doñana con denuncias y sanciones.

La criminalización de una reunión pacífica y espontánea, como la que hubo ayer en Sevilla para escenificar la presencia de la ciudadanía, es posible gracias a una bien llamada “ley mordaza”. Desde Salvemos Doñana hacemos un llamamiento al Gobierno de España: esa ley, supuestamente de protección de la seguridad ciudadana, “debería ser derogada la ley mordaza, porque las manifestaciones y concentraciones pacíficas y no violentas de la ciudadanía no son un delito, sino un Derecho constitucional y una expresión de la verdadera democracia”.