EU.- Oposición a que se investigue el fraude electoral

Todos hemos escuchado hablar de “elecciones libres” a un buen número de ideólogos estadounidenses, en especial a las distintas personas que han ocupado la presidencia de Estados Unidos. Cuando hablan de “elecciones libres”, utilizan el momento para señalar que las que se efectúan en una serie de países, incluyendo Cuba, no pueden calificarse de “libres”.

Según estos señores, “elecciones libres” son aquellas a las que concurre más de un partido, que todas las personas tiene derecho a elegir (votar) y ser elegidos (aspirar a cargos de gobierno),  cuentan con un sistema que asegura no se comentan fraudes.

En las elecciones estadounidenses solamente los dos partidos que representan los intereses de la clase dominante pueden registrarse en todos los estados, los requisitos extremos establecidos por  las distintas leyes estatales, no acordes con la Constitución, se lo impiden.

Algo similar sucede con los que desean registrarse para votar.  Cada estado establece sus requisitos y por lo regular la personas de menos ingresos, los negros, los latinos y otros inmigrantes que hayan alcanzado la ciudadanía estadounidense, tiene serias dificultades para cumplir los mismos y por lo tanto ni se registran para votar, ni votan. Esto se comprueba fácilmente con el porciento de abstencionismo que se refleja en cada elección, que regularmente está cerca del cincuenta por ciento de la población. Es una “democracia representativa” al cincuenta por ciento.

Cómo si todo esto fuera poco, durante el desarrollo del sufragio ambos partidos comenten cientos de fraudes.  Votan personas fallecidas, inmigrantes que no tienen derecho al voto, algunos votan dos o tres veces, haciéndose pasar por otras personas, cuando se utilizan boletas, los que las revisan, se encargan de anular las que pudieran darle la victoria al candidato que ellos no apoyan, pudieran además citarse otras modalidades de fraude.

Preocupado por esta situación, la administración del presidente Donald Trump creó una Comisión para investigar el Fraude Electoral.

Un buen número de estados, 24 de los 50, han planteado que no cooperarán con la mencionada Comisión y no entregarán a la misma los elementos que requiera para la investigación que desean realizar.

La Comisión, presidida por el vice presidente Pence ha solicitado a los estados, en relación con los votantes de la última elección, los nombres completos, fecha y lugar de nacimiento, los últimos cuatro números de su tarjeta del Seguro Social, el partido al cual está afiliado, todo lo cual aparece en los registros electorales. La negativa a la entrega de datos se ha realizado indistintamente por estados

donde las máximas autoridades pertenecen al Partido Demócrata y en otros al Partido Republicano, aunque la información solicitada es pública

Entre los estados que han planteado no estar de acuerdo en entregar la información, se encuentran Kansas, Mississippi, Oklahoma, California, Kentucky, Massachusetts, New York, Virginia, Connecticut, Georgia, Iowa, Indiana, Minnesota, North Carolina, Rhode Island, Vermont y Wisconsin, una buena parte de ellos, fundamentales para la elección del presidente, por los votos electorales que representan.

En distinta oportunidades Trump ha planteado que se han realizado fraudes en las elecciones del 2016. En elecciones anteriores las demandas por fraude electoral han sido unas cuantas. El Centro de Investigaciones PEW realizó un estudio cuya conclusiones planteaban que en las elecciones presidenciales del 2012, cerca de dos millones de muertos votaron, además de tres millones de personas que se habían registrado para votar en varios estados. Esto no explica, la razón por la cual, demócratas y  republicanos se oponen a la investigación.

Las “elecciones libres” no las gana el que actúe limpiamente, las gana el que haga la mayor cantidad de fraudes y le queden mejor.