Confederación de STEs-intersindical •  Opinión •  20/12/2017

Por la libertad de los presos políticos saharauis

Se ha cumplido este año el 7º aniversario de la protesta realizada a finales del año 2010 en el denominado «Campamento de la Dignidad» en Gdeim Izik, en las afueras de la ciudad ocupada de El Aaiun, capital del Sahara Occidental. Fue una protesta pacífica en la que participaron más de 20.000 saharauis contra las desigualdades a que están sometidos por parte de Marruecos, el despido masivo de trabajadores y trabajadoras saharauis, los juicios arbitrarios y sin garantías, las violaciones de los derechos humanos, el saqueo de sus riquezas naturales… El Estado marroquí desmanteló violentamente el campamento y castigó con durísimas penas de prisión a los saharauis acusados de participar de dicha acción de protesta. Fueron condenados en un juicio farsa y sin garantías procesales. Repetidamente se dificultó o impidió la presencia de observadores y juristas internacionales, se expulsó de la sala a los acusados y a sus defensas, y se prohibió a los familiares de los presos entrar en la sala.

A pesar de que organizaciones como Amnistía Internacional o la Organización Human Rights Watch (HRW) pidieron al Reino de Marruecos que no se tuvieran en cuentan las confesiones y declaraciones realizadas bajo torturas, y que ningún acusado debía ser sentenciado ya que sus denuncias de torturas no habían sido investigadas, un Tribunal Militar primero, y el Tribunal de Apelación de Salé después, condenaron a durísimas penas a los activistas saharauis: siete de ellos a cadena perpetua, cuatro a 30 años de prisión, seis a 25 años, tres a 20 años y dos quedaron en libertad pues sus condenas (6 años y 6 meses, y 4 años y 5 meses respectivamente) eran inferiores a los 7 años que llevaban en prisión cuando se dictó la sentencia.

Pero no les ha bastado con eso. Desde el pasado mes de septiembre el Estado marroquí ha aplicado la política de dispersión de los presos en 6 cárceles marroquíes, la mayoría de ellas a más de 1.000 km. del Aaiun ocupado, dificultando aun más la visita de sus familiares o de las defensas. Si añadimos a eso las denuncias formuladas por organismos internacionales y familiares de presos por el maltrato que reciben, las torturas, la falta de atención médica o la negación del derecho a recibir visitas, podemos comprender el estado de máxima vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran estas personas presas.

Todo esto demuestra la crueldad con la que actúa el ocupante marroquí y son un atentado contra los derechos humanos y la libertad del pueblo saharaui. Desde la Confederación Intersindical denunciamos y hacemos pública esta situación. Exigimos al Reino de Marruecos la liberación de los presos políticos y el cese de las violaciones de los derechos humanos en las prisiones y territorios ocupados. Reclamamos que se garantice la integridad física y psíquica de las personas presas.

La grave situación que vive la población saharaui en los territorios ocupados requiere que de una vez por todas la Misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental (MINURSO) amplíe sus funciones y vigile y salvaguarde los derechos humanos de la población. La Unión Europea, por su parte, debería dejar de mirar para otro lado, hacer efectiva la cláusula de respeto a los derechos humanos establecida en el Acuerdo Preferencial que mantiene con el Reino de Marruecos, e impedir el expolio y la comercialización de los recursos naturales saharauis.

El Reino de Marruecos ha demostrado sobradamente su nula voluntad de cumplir los compromisos adquiridos con el acuerdo de alto el fuego del año 1991, por el que se comprometieron a realizar un referéndum de autodeterminación bajo la supervisión de las Naciones Unidas, que estableció para ese fin a la MINURSO en el territorio. La comunidad internacional debe hacerle cumplir con esos compromisos y con las múltiples resoluciones de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad. Sólo el cese de la ocupación, el respeto a los derechos humanos, la puesta en libertad de los presos políticos saharauis y el ejercicio del derecho a la autodeterminación, fijando sin más dilación una fecha para la celebración del referéndum, pueden abrir la vía de solución a este conflicto.

Desde la Confederación Intersindical expresamos una vez más nuestra solidaridad con la justa causa del Pueblo Saharaui, con sus trabajadores y trabajadoras y con el sindicato que los representa:  la UGTSARIO.

CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL | Secretariado Confederal, 19 de diciembre de 2017


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