Vanessa Gonzaga / Brasil de Fato •  Internacional • 26/05/2020

Unas 580 mil personas luchan por el derecho a la tierra y al agua en Brasil, señala CPT

Fundado en la base de los engenhos, que acentuaron la concentración de la tierra y fueron responsables de la esclavitud de los pueblos del continente africano y de la expulsión de los pueblos indígenas de sus tierras, el estado de Pernambuco sigue siendo escenario de conflictos en las zonas rurales de hoy.

Unas 580 mil personas luchan por el derecho a la tierra y al agua en Brasil, señala CPT

Según Conflitos no Campo Brasil 2019 , lanzado a fines de abril por la Comisión de Tierras Pastorales (CPT), hoy el estado tiene 43.268 personas involucradas en 67 conflictos que se extienden desde el municipio de Lagoa Grande, en el interior, hasta Tamandaré , en la costa del estado.

En Brasil, los números son alarmantes: en 2010, en la primera edición del estudio, 351,935 personas estaban en conflicto por la tierra. Hoy, ese número es de 578,968 personas distribuidas en todo el territorio nacional que luchan por el derecho a la tierra y al agua.

En la presentación del documento, el CPT designa a uno de los principales responsables del aumento de la violencia y la reducción de las políticas, señalando que 2019 fue un «año de aumento de la violencia y el odio contra los pobres, los negros, las comunidades y la población rural». , liderado por figuras públicas, entre ellas, principalmente, el Presidente de la República ”.

Giovani Leão ha trabajado en Pernambuco para CPT desde 2005 y reafirma la posición del documento “en opinión de este gobierno, el desarrollo encuentra algunas barreras, una de las cuales son las comunidades rurales. El presidente [Jair Bolsonaro] privilegia los agronegocios y las grandes empresas y hablar de él criminaliza a las comunidades. Esta actitud favorece el aumento de la violencia porque hace que los grandes empresarios intenten tomar la tierra de estos agricultores para implementar este desarrollo ”, explica.

Junto con esta escalada de violencia, el trasfondo de estos conflictos es un escenario de ataque a las políticas de reforma agraria. Las ocupaciones, una de las formas de presionar al poder público para expropiar tierras improductivas, cayeron de 143 ocupaciones en 2018 a 43 en 2019.

Geovanni explica que la caída en estos números también es un reflejo de la intensificación de los conflictos en otras áreas “entendemos que los números han disminuido porque los conflictos están ocurriendo más en las áreas de ocupantes ilegales, en comunidades tradicionales, quilombolas e indígenas. Esto no se traduce en nuevas ocupaciones, porque son familias que han vivido en estos lugares durante mucho tiempo. Entonces, la lucha es permanecer en el territorio donde ya viven, no es una nueva ocupación ”.

Como resultado, los pueblos tradicionales, indígenas, quilombolas, okupas y sin tierra tienen derecho a denunciar la arbitrariedad del Estado. Junto con esta disminución en el número de ocupaciones, que son una forma más directa de recolección, la salida para denunciar la violación de los derechos en el campo fueron las manifestaciones, que mostraron un crecimiento expresivo, pasando de 538 en 2018 a 1301 en 2019. En total, 80 manifestaciones tuvieron lugar en Pernambuco. Las manifestaciones son una opción pensada por las organizaciones del campo para exigir la regularización de la tierra, sin necesariamente confrontar directamente con la gran propiedad rural.

Negocio Hidroeléctrico

Hoy, el modelo agrícola de las empresas que operan en Brasil utiliza el 70% de toda la disponibilidad de agua en Brasil sin pagar por el agua cruda que consumen. Estos datos son esenciales para comprender el crecimiento de la violencia en el campo motivado por los conflictos por el agua, ya que sin ella, es imposible producir y beneficiarse de las materias primas. 2019 fue un año de empeoramiento de los conflictos por el agua debido a dos delitos ambientales que tuvieron repercusiones internacionales: la ruptura de la presa de relaves tóxicos de la compañía minera Vale, en Brumadinho, en febrero y el derrame de petróleo en el mar, que impactó en gran parte La costa brasileña.

Los datos más antiguos del CPT son de 2002, cuando se registraron ocho conflictos por el agua en Brasil. En 2018, el número es 276 y con los eventos de 2019, salta a 489, con 69,793 familias afectadas. Pernambuco es el quinto estado del país con el mayor número de familias involucradas en conflictos por el agua, solo por detrás de Bahía, Santa Catarina, Minas Gerais y Roraima.

En la costa, los conflictos contra las comunidades pesqueras están relacionados con delitos ambientales como los derrames de petróleo; En el interior, la lucha por el agua contrasta con la abundancia de perímetros irrigados que se destinan a la producción para la exportación y en el área forestal, donde opera Giovanni, el choque se debe principalmente a la cría de ganado en la región «el conflicto por la tierra Es uno de los principales motivadores del conflicto del agua. Las empresas que eliminan a las familias de ese territorio les hacen perder el acceso a la producción, al quitarles el acceso al agua, que es lo que les permite plantar alimentos, criar animales y mantener las actividades domésticas. Aquí, en la Zona da Mata, las empresas quieren que el agua se use solo para el ganado y no para las familias ”, explica.

Desafíos

Frente a un escenario difícil, el CPT señala que 2019 es un «hito histórico, ya que analiza un año peculiar, forjado en un temperamento diferente, de tenacidad brutal» debido al aumento de conflictos en un contexto de asedio democrático.

Para las organizaciones en el campo, el Estado es uno de los mayores motivadores del conflicto, como señala el folleto, cuando la falta de iniciativa se convierte en una «omisión deliberada, una omisión que toma medidas y abre espacios para el acoso sobre los asentamientos, con reconcentración de lotes, acaparamiento de tierras, violencia, robo de madera, deforestación e incendios ”.

De esta manera, la disminución en los números y una solución al problema en el campo debe pasar por las instituciones, para que sean efectivas como políticas públicas, garantizando los derechos de la comunidad, como señala Giovani «es hacer que el Estado tome la iniciativa en esta lucha de comunidades Estas plantas y compañías le deben millones al Gobierno Federal, por impuestos, por demandas laborales … Si esto fuera acusado, sería posible expropiar las tierras en conflicto, con una simple acción del gobierno, pero eso no sucede. Nuestra dificultad es lograr que los gobiernos actúen en las áreas para resolver este conflicto, porque incluso con el asesoramiento de las organizaciones, el Estado tiene un papel. Mientras tanto, están reaccionando a medida que logran toda esta violencia ”.

Fuente: BdF Pernambuco

Edición: Camila Maciel y Monyse Ravena


Brasil /  CPT /  Vanessa Gonzaga / Brasil de Fato /