Homologaciones, una problemática que no para de agravarse tras dos años de la primera manifestación interprofesional Migrante del #28E

Comunicado Frente Interprofesional Migrante

Convocada en aquel entonces por AinGo, APSAE, ASODONVEZ, ASOVENES, HUxIR, el  Movimiento Psicólogas y Psicólogos Migrantes, Odontos Homologantes, y PsicoVESP, esta manifestación pretendía exigirle a Subirats cumplir con lo prometido por Manuel Castells que había renunciado a la cartera ministerial en Diciembre 2021 dejando incompleta una de las que había indicado iba a ser sus líneas de trabajo más importantes: solventar la problemática de las homologaciones y equivalencias de titulaciones extranjeras. 

También se exigía poner fin al Racismo institucional con el que 4 representantes de estas organizaciones se habían encontrado el 2 de diciembre de 2021 al reunirse con funcionarias del Ministerio como denunciaran entonces a la prensa en el artículo «Del supuesto «error ajeno» que enmascara el racismo institucional, la discriminación, y la discrecionalidad, del Ministerio de Castells«.

Fue en dicha jornada, del 28 de Enero, que nacía nuestra organización para funcionar como mesa de enlace que amplificara en la prensa y en las redes el trabajo de cada una de las organizaciones que convocaban a la manifestación. Desde entonces se sucedieron una serie de Manifestaciones Interprofesionales en Madrid, realizadas durante 2022 y 2023, continuadas luego por las Manifestaciones organizadas por la asamblea de Base «Movimiento por la homologación justa» que desde Octubre de 2023 no para de sumar más ciudades a esta lucha habiéndose manifestado este 26 y 27 de Enero en 9 ciudades de todo el territorio Español.

En paralelo a ello la problemática no ha hecho más que agravarse. Si por ejemplo en Marzo de 2021 el entonces Ministro Castells reconocía para los periódicos ABC y El Mundo un atasco de 15 mil expedientes y se proponía para el borrador de lo que luego en octubre de 2022 seria el RD 889/2022, y el mismo se acompañaria con un plan de choque de 68 funcionarios que se afirmaba iba a dar solución a la problemática, para Enero de 2023 el diario El País ya reportaba que el atraso de expedientes llegaba a 40mil, y en Enero de 2024 nos encontramos con que dicho atasco ya es de más del doble llegando a los 100mil expedientes a pesar del plan de choque y el nuevo RD.

Si en el dictamen del Consejo de Estado que evaluaba lo que luego sería el RD 899/2022 de Homologaciones y Equivalencias encontramos que con el RD 967/2014, en el lapso 2015-2019, la ratio de homologaciones/año había caído al 47,8% desde el 81,5% de ratio en el que se había ubicado en el periodo 2010-2014 con el RD 889/2022 dicha ratio caería al 13% como informara redacción medica en su artículo «La ‘nueva’ homologación de sanitarios sólo resuelve el 13% de solicitudes«. 

El 27 de diciembre de 2023 el Secretario General de Universidades Pingarron le proponía a los representantes del Movimiento por la homologación Justa un nuevo plan de choque, de tan solo 26 funcionarios, un tercio de los del periodo oct 22-oct 23, para llevar los expedientes resueltos al año a 18mil. Los profesionales señalaban esto como «migajas» al indicar que con un acumulado de 100mil expedientes 18mil al año implicaba más de 5 años de trabajo para tan solo resolver los expedientes ya presentados. 

No obstante no deja de sorprender como con mejoras de procedimiento, mejor tecnología, y una mayor dotación presupuestaria y de recursos humanos, el desempeño de esta cartera es cada vez peor. El mismo dictamen de Consejo de Estado señalaba que entre 2010 y 2014 se resolvían de media 17.099 expedientes, con el RD 967/2014 esto se retrotrajo a 9.036 expedientes de media entre los años 2015 y 2019. Con el Nuevo RD 889/2022 se incorporó un plan de choque de 68 funcionarios que no pudo reducir los atascos, llevando de 40mil a 100mil los expedientes sin resolver en tan solo un año, pero peor aún, Pingarron señala necesitar 26 funcionarios para llevar de 9mil a 18 mil los expedientes resueltos en un año. 

Esto evidencia que en una década de trabajo los dos cambios de legislación solo han agravado la situación y la mayor dotación presupuestaria, tecnológica y de recursos humanos, no ha logrado compensar la mayor burocratización del procedimiento que han generado estas nuevas normativas. La famosa «simplificación» prometida en ambos proyectos solo ha quedado en el terreno de las promesas. 

Mientras tanto las esperas se acumulan con una espera media de unos 3 años pero llegando haber casos con demoras de hasta 10 años como reportan recientes estudios de APSAE y el CEMDRI. (Ver APSAE 2021 y 2022, CEMDRI 2023 y 2024).

El reciente Reporte anual de SOS Racismo 2023 recoge, como ya lo hiciera el reporte 2022, la situación de discriminación que padecen los profesionales extranjeros, haciendo hincapié en el impacto psicosocial que esto tiene en la vida de las personas afectadas y sus familias. El Centro de Estudios sobre la Migración, la Discriminación, y el Racismos Institucional (CEMDRI) denuncia en sus recientes informes no solo las afectaciones a la salud generadas por estas políticas de Estado, sino también el Racismo Institucional y el tráfico de influencias que se esconde tras las mismas.

Pero atado a todo este daño, y al racismo institucional que marca toda la gestión por parte del Estado de esta problemática, se sucede en paralelo un negocio privado que como agrupación interprofesional no podemos dejar de denunciar. Estas demoras sistemáticas, que los propios funcionarios del Estado reconocen como parte misma del diseño del procedimiento, dan lugar a la generación de una gran bolsa de mano de obra altamente calificada disponible para su explotación a bajo coste. Gran parte del margen del negocio privado se explica por las demoras en la homologación.

Así los médicos ya homologados encuentran que el reconocimiento de su especialidad en el Ministerio de Sanidad tardara entre 5 y 8 años y ello los expone a ser contratados como «generalistas» a pesar de ser Traumatólogos, Alergólogos, Cardiólogos, y demás especialidades. Así encontramos que tanto el Estado como las Clínicas Privadas aprovechan esta situación para ningunearlos y contratarlos por menos de lo que realmente son; a su vez esto los condena a un pacto de silencio toda vez que salir a exponer esta situación puede implicar una denuncia por intrusismo cuando en realidad su lugar es el de víctimas de abuso.

Con los odontólogos dos cuartos de lo mismo. Los mismos profesionales de la CRADO y el COEM que bloquean sus exámenes de homologación son los que se benefician de contratarlos como asistentes o auxiliares en sus clínicas y contar con el know-how profesional de años de trabajo y posgrados a tan solo 1200 o 1300 euros por mes. 

Siguiendo cuesta abajo y sin frenos les toca a enfermeros, técnicos de emergencias, psicólogos, y demás profesionales que alimentan los engranajes de las residencias de ancianos y los dispositivos de abordaje de personas con autonomía reducida. Así licenciadas de enfermería terminan cobrando el sueldo mínimo, o incluso menos, en estas instituciones donde la alta rotación de personal y el maltrato son la norma de cada día. Cuando ya no das más, y tu cuerpo se rompe, te vas solo, y no hay ni indemnización ni nada.

Ante ello no se verá a los inspectores del Ministerio de Trabajo auditando las pésimas condiciones laborales, pero si se verá a “expertos evaluadores externos” de ANECA solicitándole 6000 horas académicas a un enfermero para bloquearle la homologación, realizando un cálculo malintencionado que confunde horas europeas de dedicación con horas de docencia latinoamericanas, lanzándolo así a esta máquina de picar carne que lo tomará por unos años como engranaje.

Este recorrido continua con los casos en los que a la problemática de la homologación se suma la de los «papeles«, y continua con los casos donde no se solicita ningún reconocimiento pero existe la problemática de los «papeles«. Así, en toda la economía española, desde un centro de salud, pasando por una fundación dedicada a personas en situación de dependencia, la hostelería y restauración, trabajadoras del hogar, hasta la recoleccion de tomates, naranjas o de sandias, la clave del margen de ganancia empresarial es una siempre la misma: la explotación de una persona a la que se priva de sus derechos.

Sabemos que el trabajador español muchas veces cree que estas problemáticas le pasan de costado, o que directamente la extrema derecha intenta aprovecharlas para azuzar sus miedos y lanzarlo contra el trabajador migrante. La realidad es que contar con papeles es igual a derechos, y tener reconocidos los estudios y competencias profesionales es tambien igual a derechos. Una persona con papeles, y una persona homologada, es una persona que deja de alimentar los engranajes de esta maquina porque cuenta con acceso pleno a derechos. 

La lucha sindical española debería tomar esto en cuenta ya que las malas condiciones de trabajo no vienen, como dice vox, porque «un migrante trabaje por menos«, sino porque un patron pueda obligar a esa persona a trabajar por menos porque la falta de papales o de homologación lo ponen en situación de subsistencia que permite su explotación hasta niveles que llegan a la trata de personas y versiones contemporáneas de esclavitud. Contar con un nuevo compañero de lucha por la mejora de las condiciones laborales es tan fácil como ayudar a que todos tengan papeles, y en el campo profesional es tan fácil como ayudar a que todos estén homologados. Sin desmanejos burocráticos se ganan luchadores para la mejora de las condiciones de la sociedad toda. 

Lamentablemente el Estado, con sus procesos burocráticos que toman la demora y las barreras arbitrarias como forma de dilatar el acceso a derechos, es el requisito necesario para sostener el margen de ganancia de estos explotadores. No es solo ya que inspección del trabajo mire para otro lado, es que es el propio Estado con sus procedimientos el que produce estas personas en condición de ser explotadas, y la negación del derecho al voto y demás derechos políticos son la garantía de que los responsables no paguen costo político alguno en las urnas. Las compañeras del colectivo Regularizacion Ya son claras cuando denuncian que el reglamento de extranjeria es una ley de trata de personas.

Urge entonces que la sociedad española tome conciencia de lo que sucede en cada uno de sus barrios. Cada uno de esos migrantes con lo que interactúa a diario padece este tipo de maltrato y violencia, y son exprimidos para sostener el margen de ganancia de aquellos que menos impuestos pagan.

Ellos ya están en las calles y movilizados. Las compañeras de regularización Ya! ya consiguieron más de 600mil firmas para poder solucionar la problemática de los «papeles» pero el Estado disolvió las cortes por apostar a especulaciones electoralistas y sigue sin dar trámite a esta iniciativa que ya debería estar aprobada. Las homologantes se manifiestan todos los meses frente a las delegaciones de gobierno de España en distintas ciudades. Ahora falta que la sociedad española abra los ojos y exija que su Estado y su burocracia deje de ser instrumentalizado para producir un daño a cambio de llenar las arcas del negocio privado.

¡Justicia y Reparación!