Plataforma Víctimas Alvia 04155 •  Opinión •  23/07/2021

Blanco y Pastor: la UE y la justicia desmontan vuestras mentiras. ¿Por qué no asumís ya vuestra responsabilidad?

Blanco y Pastor: la UE y la justicia desmontan vuestras mentiras. ¿Por qué no asumís ya vuestra responsabilidad?

Las víctimas y familiares de la tragedia ferroviaria más grave de la democracia, con 80 fallecidos y 144 heridos, hemos denunciado reiteradamente que el fallo humano no era la única causa del accidente de Alta Velocidad, sino la consecuencia de un comportamiento negligente de Adif, Renfe y Fomento.

En mayo, el fiscal ratificaba lo dicho por el juez y la Audiencia: La línea «no era segura» y «existía un riesgo único que la hacían altamente vulnerable y peligrosa ante el fallo humano. El accidente no hubiese sucedido si Adif hubiese gestionado el riesgo de exceso de velocidad». No se realizó el análisis de riesgos preceptivo.

Además de las responsabilidades penales, durante 8 años hemos ido conociendo hechos y conductas muy graves que jamás se juzgarán en los tribunales, pero que sí tienen una clara responsabilidad política:

El Sr. Blanco publicitó a bombo y platillo que la nueva línea de alta velocidad contaba con los sistemas de seguridad que hubieran evitado el accidente. Desgraciadamente quedó demostrado que no era verdad.

Siendo ministro también autorizó el cambio de proyecto original, suprimiendo el sistema de seguridad en el tramo más peligroso, donde aparece la primera curva después de una larga recta. Un proyecto que llevaba años aprobado y en ejecución. Es más, se jactaba de haber adelantado los plazos.

Y por si fuera poco, en su afán de llevar la alta velocidad a Galicia encomendó la fabricación de «un tren único en el mundo» que salvaba todos los obstáculos. Un tren cuyo diseño hizo que las consecuencias del accidente fueran posiblemente mucho más graves como insinuó la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), que mostró su «preocupación» porque «la autorización del tren no hubiera sido conforme a la legislación de la UE».

La Sra. Ana Pastor ha sido la persona que más ha trabajado desde las instituciones públicas para ocultar las causas de una tragedia. Prometió, en privado y en sede parlamentaria, una investigación técnica independiente y plena colaboración con la justicia. Mintió a las víctimas y a la ciudadanía:

Varios autos judiciales señalaron la falta de colaboración de Fomento, Renfe y Adif . Altos cargos, bajo su mando, se negaron a declarar y no cesó a nadie, es más, premió a algunos de los responsables. Además, encargó una auditoría interna en Fomento que aseveró que se había cumplido la normativa.

Siendo ella ministra, según publicó la prensa, se presionó a la UE para ocultar un informe clave de la ERA. Pero gracias a nuestra lucha, meses después, conseguimos el demoledor informe que desmontaba la verdad oficial y que, con Ana Pastor a la cabeza, quisieron imponer: Que se hizo una investigación independiente, que el maquinista era el único responsable y que el accidente no era de Alta Velocidad.

Durante su mandato se desconectó el sistema de seguridad ERTMS – que hubiera alertado al maquinista -porque generaba retrasos y se obvió un aviso por escrito de un jefe de maquinistas del peligro en Angrois

Una prueba más de las responsabilidades políticas de ambos, son los procedimientos de infracción que la UE ha abierto a España por incumplir la normativa de seguridad: deficiencias en análisis de riesgos e investigaciones…

No asumieron responsabilidades y optaron por el camino más fácil e indigno. Trataron por todos los medios de contaminar a la opinión pública, culpabilizando al último eslabón de la cadena, el maquinista.

Han transcurrido casi tres mil días, 4 gobiernos y 4 ministros de Fomento y todavía no hay una investigación técnica independiente como reclama la UE.

A lo largo de estos años víctimas y familiares hemos tenido que ir a Europa para ser tratados como verdaderos ciudadanos y luchar mucho para desmontar la verdad oficial, mientras una está de vicepresidenta en el Congreso y otro de consejero de Enagás, empresa controlada por el Estado.


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