«Estamos en contra de volver a la casilla de salida, de tirar por la vía simplificadora y terriblemente injusta, de equiparar violencia sexual con heridas a demostrar»

-¿Creéis que la modificación que plantea el PSOE de la “ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual” o ley del “solo sí es sí” desplaza el consentimiento del centro? Dirigentes socialistas mantienen que en el nuevo texto va a mantenerse el artículo referido al consentimiento…

Lo primero, aclarar que no alzamos nuestra voz como expertas juristas, aunque las haya entre nosotras, sino como colectivos feministas autónomos preocupados por nuestros derechos.

En la propuesta del PSOE, registrada el 6 de febrero, se aplican penas mayores o menores en función de si cada mujer puede demostrar o no que ha existido “violencia e intimidación”.

¿Hemos de entender, por ejemplo, que no es suficientemente violento que te viole tu marido porque no hay forcejeo?

Aunque no se toque el artículo referido al consentimiento, la forma de graduar las penas sí vuelve a un esquema donde el peso recae en las mujeres, si se han resistido lo suficiente, si tienen suficientes pruebas. En una sociedad donde, recordemos, nos han enseñado a ser dóciles, pasivas, sumisas, y no a defendernos ni a resistirnos. Aprendemos a no ser agresivas -que ojalá también lo hicieran los hombres, desde niños- y somos las principales destinatarias de la violencia sexual.

– Diversas fuentes periodísticas -que no instituciones del Estado- mantienen que son ya más de 400 los casos en los que ha existido una reducción de penas para condenas por delitos contra la libertad sexual en nuestro país tras la aprobación de la ley del “solo sí es sí”. Estas reducciones de entre uno o dos años por lo general, con algunos casos que implicaron excarcelaciones, han recibido una inusitada atención por parte de diversos medios de comunicación. ¿Qué lectura hacéis de que estas reducciones de condenas reciban toda la atención mediática, y que otras cuestiones de la ley ni se mencionen? ¿Está la ley “mal redactada”, o existe una interpretación torcida de la misma por parte de un número minoritario de jueces?

No hay estadística oficial ni cifras exactas, y es responsabilidad periodística trabajar con rigor; de las instituciones, generar datos fiables; y de lxs representantes políticxs, usarlos con transparencia. Y, por otro lado, son precisos los matices para explicar la situación en lugar de alimentar alarma social, incluso terror sexual, que es otra forma de control de la libertad sexual de las mujeres.

Es muy habitual, y esto es importante contarlo, que cada reforma del Código Penal conlleve reducciones de penas y, cuando sucede así, las revisiones de sentencias son siempre favorables al reo. En este sentido, sí vemos un uso manipulado de esta información respecto a otras reformas, que no han tenido tanto foco mediático ni político.

También se ha dado una mala interpretación de la norma, no tan relevante como nos quieren hacer creer. La Fiscalía se ha pronunciado sobre las revisiones: es necesario ir caso a caso, es fundamental contemplar el espíritu de la norma (no vale tomar la parte por el todo), y no realizar bajadas automáticas de la pena cuando la nueva tipificación permite mantener la pena bajo el mismo supuesto.

¿Qué sucede entonces? Varias cosas. Primero, que no es nada popular hablar de reducción de penas en nuestro contexto y los partidos políticos juegan con ello. España ya tiene un sistema de penas muy duro en relación a otros países, por ejemplo, europeos, que supone penas más largas, más población reclusa por más tiempo. Desde el movimiento feminista autónomo también hay posiciones antipunitivistas. En nuestro comunicado afirmamos que aumentar las penas no nos protege más. Pensemos que 8 de cada 10 mujeres que sufren violencia sexual no denuncian. El tema de las condenas es la punta del iceberg de toda la violencia que se produce. Convivimos con la impunidad todos los días.

Segundo, la ley, que ha pasado por todos los trámites parlamentarios, ha sido ampliamente analizada y debatida y, aún con estos efectos no deseados, es una ley que va mucho más allá. Hay un sector conservador que, a través de los medios de comunicación, del poder judicial y de los partidos, quiere frenar un avance muy relevante en los derechos de las mujeres.

– ¿Consideráis que la ley, antes del intento de reforma en curso, recoge el espíritu y reivindicaciones de las protestas del movimiento feminista durante los últimos años? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

La ley recoge medidas muy importantes, de las que apenas se está hablando. Es un logro histórico.

Pero recordemos que esta ley no ha brotado fortuitamente de un día para otro. Hace rato que tocaba transformar nuestro marco legislativo, entre otras cosas, porque ya nos comprometimos a ello en 2014 -y gobernaba el PP-, al ratificar el Convenio de Estambul. Y, a su vez, por supuesto, esto no es un regalo del cielo: el movimiento feminista a nivel global, desde hace décadas, hemos reclamado respuestas integrales a las violencias.

Por ejemplo, esta ley inhabilita a quienes hayan ejercido violencia sexual haciendo uso de su posición en un cargo público (autoridad, agente de ésta o funcionario público). O cuida especialmente a la infancia y a la adolescencia, asegurando que no mantienen contacto con sus agresores, como pueda ser la privación de la patria potestad.

Esta ley cuida los procesos de reparación, permite acceder a diferentes recursos sin necesidad de haber denunciado, es decir, adaptándose a los ritmos que marquen las víctimas, y modifica la toma de la prueba forense. Recoge medidas de reparación, indemnización, recuperación física y emocional y garantías de no repetición para todos los tipos de violencias sexuales. La ley crea centros de crisis 24 horas en todos los territorios, asegurando el acompañamiento en todo el itinerario. En materia de prevención, una demanda permanente desde los feminismos, obliga a la judicatura, abogacía y fiscalía a recibir formación especializada y establece medidas de formación en el ámbito sanitario y en todas las etapas educativas.

Y, desde luego, el cambio de paradigma que supone poner el centro en el consentimiento de las mujeres.

Como mejora importante, similar a lo que sucede en la Ley Integral contra la Violencia de Género, no compartimos el tratamiento que se les da a las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, a las que se les exige que denuncien para regularizar su situación por ser víctimas.

– ¿Cuántas organizaciones feministas y colectivos sociales han suscrito a día de hoy el manifiesto ante la modificación de la Ley del “Solo sí es sí”? ¿El movimiento feminista en España se posiciona en contra de las modificaciones que propone el PSOE?

A día de hoy somos unos 150 colectivos feministas y 50 colectivos y entidades sociales de todo el Estado, que se han ido adhiriendo a lo largo de la semana, y aún siguen conforme se expande el comunicado.

No podemos hablar de movimiento feminista en singular, ni con éste tema ni con tantos otros. Nuestra iniciativa surge del movimiento autónomo, no vinculado a ningún partido político, y además no queremos que sea lea en reacción “contra” o “a favor” de un partido u otro. En gran medida, esa lógica partidista es la que está enquistando la situación.

Llevamos décadas alertando y señalando el maltrato judicial y patriarcal hacia las mujeres víctimas que denuncian violencia de género. Nuestra palabra no tiene valor, ni nuestra experiencia. La falta de credibilidad, tratarnos como sospechosas y mentirosas, o incluso manipuladoras, es el cotidiano en los juzgados, en las comisarías, en el bar de abajo, en las tertulias de la tele. Por eso, es imperativo que existan juzgados y profesionales con especialización, con formación y profunda comprensión de la violencia machista. Por eso, muchas mujeres no denuncian. El proceso es un calvario, lejos de acompañarlas, reconocerlas y repararlas. La situación se agrava en el caso de la violencia sexual, mucho más invisible, difícil de demostrar, colmada de prejuicios, apenas denunciada.

Estamos en contra de volver a la casilla de salida, de tirar por la vía simplificadora y terriblemente injusta, de equiparar violencia sexual con heridas a demostrar, cuando la realidad es mucho más compleja y sutil.

Esta discusión en torno al consentimiento no es ni siquiera española. Es un debate más amplio que impregna toda Europa y son numerosas las redes y movimientos feministas y de derechos humanos que están apostando por empujar un avance radical en nuestros derechos. Y lo estamos logrando.

– Hemos vivido años de impulso global del feminismo a diversos niveles. En España, el movimiento siempre se ha observado rico y lleno de matices, pero la llegada de Unidas Podemos al Ministerio de Igualdad y, sobre todo, la aprobación de la Ley Trans y de autodeterminación de género, abrió la brecha entre dos facciones en gran medida contrapuestas…

¡Esto da para otra entrevista! y queremos ser muy cuidadosas con las organizaciones que nos hemos unido para lanzar un mensaje común en torno a la ley del Solo Sí es Sí.

En cualquier caso, las diferencias y discrepancias han sido siempre parte del movimiento, aquí y en todas las latitudes, a lo largo de nuestra historia. En esta coyuntura, tal vez asistimos a un momento donde la agenda feminista está más presente no solo a nivel social (los debates de antes en los canales de comunicación de ahora) sino además en posiciones más influyentes del poder institucional: un Ministerio. Y esto es un peaje muy alto, incómodo, que como vimos en tiempos de Leire Pajín, es objeto de una violencia política misógina brutal.

– ¿Contempláis movilizaciones o acciones contra la modificación de la ley? ¿Cómo se presenta este año la huelga feminista del 8M?

Numerosos colectivos, miles de personas, están en estos momentos organizándose para las acciones en torno al 8M, que serán muy variadas y, como cada año, con temas también diversos e importantes, porque nuestra agenda abarca todas las dimensiones de la vida.

Creemos que éste será un tema fundamental que atraviese muchas de las movilizaciones en todo el Estado. Animamos a que así sea, que salgamos, como tantas veces hemos hecho, a defender la autonomía de nuestros cuerpos, nuestro poder de decisión sobre nuestras vidas.

Es el momento de salir por la defensa de nuestros derechos sexuales. Os invitamos a expresaros en vuestro entorno y redes, también a sumaros como colectivos a nuestro comunicado en este enlace.

*Chus González García es parte del colectivo Las Tejedoras, una de las siete organizaciones promotoras del manifiesto ante la modificación de la Ley del “Solo sí es sí”: Asamblea Feminista Unitaria de Granada, Asamblea Feminista de Madrid, Autodefensa Roja en línea, colectivo de autodefensa Las Turas, Feministas por el Clima, Generando Red contra las violencias machistas.