Madrid: se fue Aguirre, ahora le toca al PP

“Cuando la tiranía se derrumba,

procuremos no darle tiempo para que se levante”

Maximilian Robespierre

Desde que la operación Lezo abriera la veda a un reguero de detenciones e imputaciones que han acabado con el ingreso en prisión del expresidente de la Comunidad, Ignacio González[1], sigue pareciendo que en Madrid, sobre todo en la sede del PP, los días tuvieran 28 horas.  Al descubrimiento de esta nueva trama, que tejió su nido en el Canal de Isabel II, se han sumado las presiones de la fiscalía (Moix) a los propios fiscales y tratos de favor de varios ministerios y funcionarios de toda índole. Finalmente, el pasado 24 de abril, nos llegó la dimisión de todos sus cargos de Esperanza Aguirre, lideresa histórica del PP madrileño,  expresidenta de la comunidad de Madrid, y portavoz en ese momento de su partido en el Ayuntamiento de la capital de España.  No ha podido aguantar ni un día más, acorralada por los casos de corrupción manifestó sentirseengañada y traicionada por aquél que lo fue todo a su sombra, Ignacio González. La condesa consorte de Murillo ponía fin así a una carrera institucional de 34 años. Su partido solo le dedicó unas lacónicas notas de agradecimiento. Hace tiempo que el PP madrileño no veía cómo quitarse de en medio el peso cada vez más muerto que ésta suponía.

Por si fuera poco, Podemos ha manifestado la intención de consultar a sus inscritos sobre una posible moción de censura en la Asamblea de Madrid. Una moción que si bien no cuenta aún con los votos suficientes para triunfar, serviría, de llevarse a cabo, como espacio para un debate fundamental: ¿Existe alternativa al PP y a sus políticas en Madrid?

El legado

El resultado en cifras del maltrato social que la política neoliberal extrema de Esperanza Aguirre y su partido han infringido a los madrileños es, a grandes rasgos, el siguiente:

·        20,5% de la población, es decir 1.300.000 personas, se halla en riesgo de pobreza o exclusión social.

·        La Renta Activa de Inserción es percibida únicamente por 22 mil hogares y la Renta Mínima de Inserción, por unas 30 mil familias (unas 53 mil personas).

·        El número de desempleados se sitúa en 489.100 personas; de ellas 305.400, el 62%, no cuenta con ingreso de ningún tipo. Por otra parte, la proporción de desempleados de larga duración alcanza ya del 42%, superior a la media del Estado.

·        La tasa de desempleo entre la juventud menor de 25 años es del 40%, y la precariedad, así como el bajo salario, dominan abiertamente el mercado laboral. Desde 2013 a 2016, el número de contratos indefinidos se ha reducido en 12.300 mientras el temporales ha aumentado en 23 mil.

·        La brecha salarial entre hombres y mujeres en la Comunidad de Madrid supone  27%, 5 puntos por encima de la media del Estado.

·        La Tasa de Actividad, o sea el número de personas que trabajan sobre el total que está en condiciones de hacerlo, si bien es algo superior a la media estatal, ha caído más rápido desde 2008 (año en que arrancó la crisis) que en otras zonas de España, delatando así la existencia de un modelo económico con escaso valor añadido y menor estabilidad.

En resumen, los índices de desigualdad son superiores a la media estatal y 4 puntos porcentuales más que la media de la Unión Europea (31%). Las desigualdades territoriales en nivel de renta, condiciones de vida y entorno se han desbocado en cada ciudad y en el conjunto de todo el territorio de la Comunidad. La diferencia de renta entre las poblaciones más ricas y las más pobres, se ubica ya en más del doble. La brecha entre el norte y el noroeste con respecto al sur del territorio ha crecido de manera imparable.

La salida de Aguirre no puede entenderse ni mucho menos como el fin de las políticas, ni de los métodos que han dominado el poder institucional en Madrid durante los últimos lustros y que Cristina Cifuentes, presidenta actual de la Comunidad, no ha cambiado. Aguirre fue nombrada presidenta de la Comunidad después de que el poder del dinero corrompiera la voluntad popular expresada en las urnas y forzara unas nuevas elecciones a través del Tamayazo en 2003[2]. El soborno no aclarado a dos diputados del PSOE por parte de empresas de la construcción permitió al Partido Popular hacerse con la Comunidad y, gracias a ello, con el músculo que da un presupuesto anual de 20 mil millones de euros, el mayor tras el del Estado, unas empresas como Canal de Isabel II, Telemadrid, etc. y unos resortes públicos que habían de sumarse al ya previamente conquistado con la Alcaldía de la capital.

El plan neocon, alimentado por la financiación ilegal del PP madrileño sobre el que pesan ya tres tramas (Gürtel, Púnica y Lezo), funcionó como una verdadera apisonadora. Por un lado, sacaba dinero para los jefes del partido, por el otro, para el propio partido que de esta manera ganó una elección tras otra. En estos años, la sanidad, la educación y las políticas sociales se han desplomado y se han liquidado todos los organismos de participación que existían en la región, incluido el Consejo Económico y Social o el de la Mujer[3].

Este proyecto del PP se aderezó con un discurso rancio que mostró pronto su verdadero rostro en el caso del hospital Severo Ochoa[4], en la separación de aulas por sexos, en la entrada de un bilingüismo de pega, los bachilleratos de excelencia y el cierre de clases y colegios públicos. Finalmente, el discurso buscó aliados en lo más reaccionario del espectro ideológico como asociaciones contrarias al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo; sectores de la iglesia católica o defensores del maltrato animal ganaron subvenciones y dinero público que se detraía de políticas de igualdad, convivencia, lucha contra la pobreza o vivienda pública.

El PP ganó, sin mayoría absoluta, las últimas elecciones autonómicas (2015). Cristina Cifuentes lideró el cartel autonómico. La falta de esa mayoría absoluta mantenida durante años les obligó, para llegar a sentarse en la sede de la Puerta del Sol, a pactar con Ciudadanos. Muy pronto que ese pacto con C’s no cambiaba el legado de Aguirre, el fondo neoliberal de la política madrileña. El presupuesto autonómico de 2016[5] y el del 17, que aún se debate en la Asamblea, representan la prueba fehaciente del fondo lampedusiano del supuesto “cambio” experimentado en la Comunidad: recortes, privatizaciones, despilfarro del dinero de toda la ciudadanía, exenciones fiscales para los más ricos y dogal sobre los ayuntamientos, sobre todo los ganados por las candidaturas unitarias municipales, siguen siendo junto, a tapar la corrupción, la divisa guía de la acción política del gabinete regional.

Que la sociedad gane al dinero

La historia de Esperanza Aguirre y su herencia (Cristina Cifuentes) son el modo cómo el mundo del dinero entiende qué es un gobierno y cuál debe ser su función. Muy resumidamente diremos que debe ser un sistema construido a la medida  de un puñado de rentistas. Obviamente, el modelo ha contado con innumerables resistencias. Campañas, mareas de todos los colores, huelgas, juicios, sanciones, desahucios, ocupaciones, campañas de firmas, candidaturas, etc. La sociedad madrileña ha buscado incansablemente medios para lograr recuperar un espacio de democracia que colocara a las personas por encima del dinero. Esta lucha ha llevado a la definición de ciertos reclamos, muchas veces aún parciales y defensivos, pero profundos que han marcado y marcan no únicamente cómo no se quiere que sea Madrid, sino que también defienden cómo se quiere que éste sea. Dentro de los conceptos que aparecen en casi cada uno de los manifiestos o campañas podremos encontrar la defensa de una ampliación y recuperación del valor y fuerza de lo universal y, en consecuencia, de lo público.  También un mayor control y una mayor participación de la población en la gestión del común. La búsqueda de un gobierno barato y sin privilegios para sus miembros. Una  mayor inversión en vivienda, educación, hospitales, empleo y protección social para todas las personas.  Y como no, la apuesta por la cohesión social y un modelo de desarrollo sostenible.

En este escenario de festín neoliberal de corrupción, la posibilidad de moción de censura de carácter regional avanzada por Podemos supone una posibilidad real de que se abra  la puerta a un cambio. Un cambio que va más allá de la suerte en sí misma de la propia moción. La idea misma de la moción permite hablar en términos de un nuevo gobierno y de las tareas que éste debería emprender, así como con quién hacerlas y sobre qué bases. En resumen, permite darle forma positiva a las  resistencias, transitar desde las mismas hacia la propuesta.

El proceso público que propone Podemos para formular esa moción tiene que encontrar un medio de ampliarse más allá de sus inscritos, huir de patrimonialismos apriorísticos y llegar a toda la sociedad. Está en juego poder regenerar democracia, recuperar derechos y limpiar las instituciones. Es decir, ya solo si toda la sociedad gana, podrá de verdad mejorar cada parte.

Carlos Girbau