La Tienda Republicana

Stop Desahucios Granada 15M paraliza un juicio por usurpación

20/01/2017

La presión ejercida sobre la entidad bancaria SANTANDER, en su oficina situada en Gran Vía, consigue paralizar el juicio "por usurpación" -ocupación de vivienda- previsto para el día 24 de enero contra los activistas Casimiro Benítez y Raquel García.

En la concentración mantenida hoy por activistas del movimiento STOP DESAHUCIOS GRANADA 15M, a las puertas de la oficina del Banco de Santander situada en Gran Vía, y la negociación paralela dentro de las oficinas del banco, se ha conseguido el acuerdo de que la entidad bancaria paralice el juicio previsto para el día 24. Ante la negativa del director de la oficina a retirar la denuncia -siempre en contacto telefónico con directivos de la central-, numerosos activistas, concentrados en la puerta,  invaden, de forma pacífica, las oficinas. Rápidamente se presenta la policía para efectuar el desalojo; hecho que no llevan a cabo ante la actitud tranquila y pacífica de las numerosas personas que se encuentran en el interior. La determinación de Stop Desahucios hace que los directivos acepten que los abogados del banco y de stop desahucios se reúnan parta redactar un escrito solicitando al juzgado la paralización del juicio.

En el año 2014, Casimiro Benítez y Raquel García, actualmente en paro y con dos hijos a su cargo, se meten en una vivienda, que estaba vacía, propiedad del banco de Santander en el barrio de Casería de Montijo. Se identifican en el banco y solicitan un alquiler social. Después de dos años de espera, y habiendo recibido contestación, en sucesivas ocasiones, por parte de la entidad bancaria de que su caso se estaba estudiando en Madrid, reciben una notificación del juzgado de que han sido denunciados por usurpación. En acuerdos firmados con el Estado, las entidades bancarias están obligadas a poner a disposición de alquileres sociales un fondo de viviendas de las muchas que poseen. Stop Desahucios reitera su principio de defender el derecho a una vivienda digna que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas. Recordamos, de nuevo, que este derecho está reconocido en nuestra Constitución.

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