Redacción •  Actualidad •  13/05/2026

Por Andalucía impulsará una Ley Andaluza de Estabilidad en el Empleo Público para acabar con el abuso de la temporalidad

  • Por Andalucía garantizará la estabilidad del personal interino y laboral que haya superado pruebas selectivas y sufra abuso de temporalidad en la Junta de Andalucía.
Por Andalucía impulsará una Ley Andaluza de Estabilidad en el Empleo Público para acabar con el abuso de la temporalidad

Por Andalucía se compromete a impulsar desde el Gobierno un Ley Andaluza de Estabilidad en el Empleo Público con el objetivo de poner fin a décadas de precariedad estructural en la administración andaluza y garantizar derechos laborales a miles de trabajadores y trabajadoras interinas que sostienen cada día los servicios públicos esenciales.

La propuesta llega tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que abre una nueva vía jurídica y política para reconocer la estabilidad del personal temporal en situación de abuso. El alto tribunal considera que, cuando una persona ha superado un proceso selectivo real conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, la conversión en personal fijo no resulta contraria a la Constitución aunque no obtuviera plaza por falta de vacantes.

Por Andalucía considera que Andalucía es uno de los territorios más afectados por esta problemática, especialmente en la sanidad pública y en la educación, donde miles de profesionales llevan años encadenando contratos temporales para cubrir necesidades estructurales. “No es razonable que quienes sostienen hospitales, centros de salud, colegios e institutos vivan en la incertidumbre permanente mientras la propia administración reconoce con sus hechos que esas plazas son necesarias y permanentes”, defienden desde la coalición.

La futura ley andaluza establecerá un procedimiento extraordinario de reconocimiento administrativo del abuso de temporalidad para evitar que miles de trabajadores y trabajadoras tengan que acudir individualmente a los tribunales. Además, adaptará los procesos de estabilización y consolidación a la nueva doctrina judicial, priorizando especialmente al personal sanitario y educativo, sin obligarles a superar un nuevo proceso selectivo competitivo.

Desde Por Andalucía señalan que la Junta “no puede seguir gastando dinero público en litigar contra quienes sostienen los servicios públicos andaluces” y reivindican una solución política “justa, garantista y compatible con los principios constitucionales” para miles de profesionales que llevan años desempeñando funciones estructurales en condiciones de precariedad.


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