Estudio en miles de barrios de EE.UU. desmonta matriz trumpista sobre nexo entre migrantes y crimen

Un estudio desarrollado en 11.500 barrios de Estados Unidos, cuyos resultados fueron publicados recientemente en la revista Journal of Urban Affairs, ha concluido que, contrariamente a las afirmaciones de Donald Trump, miembros de su gabinete y políticos republicanos, una mayor concentración de migrantes indocumentados no está asociada con un aumento general de la delincuencia.

La relación entre migrantes irregulares y delincuencia ha sido estudiada por décadas, pero los autores del estudio señalan que la mayoría de las investigaciones previas no diferencian entre los distintos estatus legales que pueden tener los migrantes.

Tomar en cuenta esas variantes de estatus —explican— es primordial para establecer una posible relación entre criminalidad y migración ilegal, porque implican, según las categorías, desigualdades en el acceso a oportunidades económicas legítimas como empleo formal, programas de apoyo social y vías de integración.

Se estima que, a partir de 2023, el 46% de los inmigrantes en EE.UU. eran ciudadanos estadounidenses naturalizados, casi un 23% eran residentes permanentes legales y otro 4% eran residentes temporales legales. El 27% restante entraba en la categoría de indocumentados.

«Nuestro estudio es el primero en analizar estas cifras en distintos barrios y utilizando una muestra nacional tan diversa. Esto es importante porque los barrios son espacios muy cercanos a las personas. Es ahí donde se forman las percepciones», dijo Charis Kubrin, criminóloga de la Universidad de California en Irvine y coautora de la nueva investigación, en una declaración retomada por Nature.

El estudio no comparó la dinámica entre vecindarios, sino que se centró en determinar la posible relación entre los niveles de delincuencia y la concentración de la población inmigrante indocumentada en cada barrio.

Para el análisis, los investigadores analizaron los datos demográficos no públicos de 46 millones de personas procedentes del Censo de Estados Unidos, específicamente de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS).

Esa información les permitió estimar el número de inmigrantes indocumentados en cada vecindario entre 2010 y 2018, tras excluir a la población identificada como ciudadanos estadounidenses o nacida en el país, así como a los beneficiarios de un seguro médico público, los matriculados en la educación superior o aquellos casados con ciudadanos estadounidenses.

Según el análisis, hasta 2010, en promedio, alrededor del 5.6% de los residentes de los barrios eran indocumentados. La cifra bajó a 4.8% en los ocho años posteriores, de acuerdo con el artículo «¿La inmigración no autorizada impulsa las tasas de criminalidad comunitaria? Pruebas de 11.500 barrios de EE.UU.», publicado en Journal of Urban Affairs.

Ese dato se comparó con la incidencia de delitos como robo de vehículos, robo con allanamiento de morada, homicidios, robos a transeúntes y agresiones con agravantes, con base en los registros sobre delincuencia del Estudio Nacional de Incidentes Delictivos correspondientes al periodo de estudio (2010-2018).

Migrantes, crimen, datos reales y políticas ineficaces

El resultado revela que, en promedio, las comunidades con una mayor proporción de residentes indocumentados tuvieron mayores reducciones en los delitos contra la propiedad. Para los crímenes violentos, no se hallaron cambios estadísticamente significativos asociados a la población sin estatus legal.

Incluso, el aumento de habitantes indocumentados se asoció con una disminución en las agresiones agravadas.

Otra de las fuentes de datos para la investigación, además de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS), fue el Estudio Nacional de Delitos Incidentes (NICS) (2023 y 2025), que recopiló información sobre la delincuencia en ciudades de todo Estados Unidos directamente de agencias policiales o de sitios web públicos.

El estudio muestra otras aristas, que podrían llegar a convertir a los indocumentados en víctimas en lugar de delincuentes. Entre esas aristas está la incapacidad de acceder a sistemas bancarios por la falta de documentación, lo que hace que los migrantes indocumentados sean más propensos a recibir salarios en efectivo, aumentando el riesgo de ser asaltados por delincuentes extranjeros o locales.

«Podría ser que los índices de criminalidad sean más altos en algunos barrios porque los inmigrantes son víctimas en lugar de delincuentes», dijo Kubrin, aunque reconoció que «no hay datos suficientes para comprobar este argumento en el estudio».

Los autores de la investigación sostienen que esta podría orientar a las fuerzas del orden para dirigir sus labores a los barrios con mayor riesgo de delincuencia.

«En igualdad de condiciones, nuestros hallazgos sugieren que la actividad policial para prevenir delitos contra la propiedad y agresiones violentas debería concentrarse de manera óptima en barrios donde la mayoría de los residentes son ciudadanos estadounidenses», dijeron.

Sugirieron, además, que establecer políticas que reduzcan las brechas existentes entre migrantes con diferentes estatus legales podría contribuir a disminuir los índices de criminalidad.

«Nuestros hallazgos sugieren que la reducción de los robos, en particular, podría lograrse mejor ampliando las oportunidades financieras a los inmigrantes indocumentados para reducir los incentivos que tienen los delincuentes para atacarlos», precisaron.

Con base en los resultados del estudio, la criminóloga de la Universidad de California en Irvine cuestionó la eficacia de las estrategias de control migratorio impuestas por Estados Unidos, particularmente bajo la Administración Trump.

«Ya es hora de replantearse la aplicación de las leyes de inmigración en este país. Estas políticas son en gran medida ineficaces para mejorar la seguridad pública y, de hecho, pueden causar más daño que beneficio», concluyó.

Los dos mandatos de Donald Trump han estado marcados por fuertes ofensivas federales contra los migrantes. En su campaña electoral, el mandatario llegó a esparcir el rumor de que inmigrantes haitianos robaban y comían mascotas en Springfield, Ohio. Trump ha hablado de una «invasión desde el sur» y, más recientemente, ha llamado «delincuentes del Tercer Mundo» a los migrantes.

Bajo su gobierno, han trascendido la militarización de ciudades y una violenta ola de redadas, que ha dejado cifras récord de arrestos, violaciones de derechos humanos y masivas protestas. Decenas de personas han muerto (32 en 2025, el nivel más alto en dos décadas), baleadas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, inglés) o bajo custodia de este en sus centros de detención. Reportes han señalado también efectos de la política migratoria en la actividad económica, en áreas como Los Ángeles, en el sector del empleo.

Entre otra información que aporta pistas sobre las dinámicas migratorias y los efectos de la política de la actual Administración, los autores apuntan que 53.3 millones de inmigrantes residían en Estados Unidos en enero de 2025, «la cifra más alta jamás registrada».

Sin embargo —añaden—, «en los meses siguientes, a medida que más inmigrantes salían que llegaban, la población nacida en el extranjero comenzó a disminuir. En junio de 2025, el número de inmigrantes en EE.UU. se había reducido en más de un millón de personas, marcando su primer descenso desde los años 60″.