Convocan huelga en la educación pública no universitaria andaluza, los días 29 y 30 de abril

CGT Andalucía nuevamente sale en defensa del colectivo de personas trabajadoras interinas en los servicios públicos y de sus justas reivindicaciones, convocando huelga en toda Andalucía en apoyo del personal docente que reivindica la fijeza por fraude en la contratación y abuso de temporalidad a manos del gobierno de Moreno Bonilla.

La huelga del 29 de abril coincide con la concentración estatal en Madrid de personal interino en fraude y abuso convocada ante el Congreso de los Diputados exigiendo la fijeza del personal interino abusado. Desde CGT-A, damos cobertura legal con estas jornadas de huelga y hacemos nuestras las reivindicaciones apoyando a la Asamblea de Interinas y Aspirantes de Andalucía que se une a la convocatoria de la Plataforma de Afectados por la Función Pública, dada la situación de precariedad y la urgencia para que se haga justicia con este amplísimo colectivo de personas trabajadoras víctimas de las actuaciones fraudulentas y abusivas de las administraciones públicas, violadoras de la legalidad vigente, que vienen actuando con total impunidad mientras se precariza el empleo público y se juega con las vidas de miles de personas interinas.

Con esta convocatoria de dos días de huelga, desde CGT Andalucía exigimos que se cumpla de manera inmediata la sentencia del TJUE y en consecuencia se aplique la fijeza como única medida efectiva y justa para empezar a reparar el daño a todos los empleados y empleadas públicas en abuso de temporalidad en cualquier administración pública andaluza a todos los niveles territoriales y entes públicos, sea cual sea el proceso selectivo por el que accedieron, ya sean bolsas extraordinarias, concurso-oposición, de méritos o cualquier otra fórmula utilizada por las distintas administraciones para su contratación, dado que entendemos que todos los procesos de acceso, sea cual sea su formato, fueron convocados por la administración cumpliendo todas las exigencias legales, constitucionales y de calidad exigidas a toda persona trabajadora del sector público y por tanto, son ya trabajadoras públicas de pleno derecho.

Asimismo solicitamos la readmisión y fijeza de todos las personas trabajadoras que también fueron abusadas, y que fueron o están siendo cesadas de sus puestos tras años e incluso décadas de servicio en los mismos, como resultado de la aplicación de la fallida ley 20/21, como ya ha quedado patente por sentencias del TJUE.