El acuerdo entre España y Arabia Saudí permite clasificar y ocultar cualquier contrato militar

El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, junto al diputado y portavoz de Exteriores de esta formación, Miguel Ángel Bustamante, han registrado la petición de comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis. Quieren que informe en el Congreso del “alcance que tendrá el acuerdo firmado entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa, publicado el 6 de septiembre en el BOE, a la luz de los últimos atentados en España y la orientación de la lucha antiterrorista frente al ISIS”.

Resulta muy significativo que el acuerdo publicado ayer en el BOE lleve la firma en representación del Estado español nada menos que de Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con rango de secretario de Estado.

Para la puesta en marcha ahora de este texto por parte del Gobierno fue imprescindible la “inestimable ayuda” concedida en el Congreso el pasado marzo por PSOE y Ciudadanos, que votaron a favor sin pega alguna. En su contenido, además de definirse con claridad qué es una ‘Información Clasificada’ o una ‘Autoridad de Seguridad’, se reconoce en el preámbulo la ‘necesidad de que las Partes garanticen la protección de la Información Clasificada que se intercambie en el curso de la cooperación en el ámbito de la defensa, así como entre sus Contratistas Autorizados’.

Para ello, fija en su artículo 2 qué es un ‘Contrato Clasificado’ y lo define como ‘cualesquiera negociaciones precontractuales, contratos, subcontratos o cualquier otro acuerdo entre dos o más contratistas por los que se creen o definan derechos y obligaciones mutuamente exigibles y que contengan o afectan a Información Clasificada’. Para determinar el alcande concreto futuro de todos estos contenidos es lo por lo que se registra la petición de comparecencia en el Congreso de Alfonso Dastis, iniciativa que además de Garzón y Bustamante firma también el diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro.

Alberto Garzón denuncia que estamos ante un “evidente incremento de la opacidad y la ocultación sobre cualquier intercambio comercial de material militar que se dé entre el Estado español y Arabia Saudí, país que no es precisamente ejemplo de transparencia, defensa de las libertades democráticas ni respeto de los Derechos Humanos”.

“Ese mismo Gobierno de Mariano Rajoy -valora el máximo responsable de IU- al que tanto le gusta otorgar carnés internacionales de lo que es un Estado democrático o un régimen dictatorial, siempre en función de su criterio y de su interés político o comercial, se reserva ahora la capacidad subjetiva de colgar la etiqueta de ‘Información Clasificada’ o ‘Contrato Clasificado’ a cualquier venta de armas a Arabia Saudí”.

Por ‘Información Clasificada’ el acuerdo publicado ayer en el BOE -que tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable automáticamente por periodos consecutivos de un año- entiende ‘cualquier información o material sobre los que se determine que exigen protección contra su divulgación no autorizada y que hayan sido así designados mediante clasificación de seguridad”.

Alberto Garzón destaca que “días después de los recientes atentados cometidos en Cataluña, que condenamos con rotundidad desde el primer momento, se evidenció la demanda mayoritaria, entre otras cuestiones, para que se abra un debate sobre las relaciones políticas y comerciales con Estados que es público y notorio que patrocinan a grupos yihadistas que buscan imponer sus ideas dogmáticas por medio de la violencia”.

“Por ello -subraya el coordinador federal de IU-, denunciamos la hipocresía política de aquellas formaciones que, de cara a la galería, se muestran partidarias de abrir este debate, mientras en la práctica favorecen en las instituciones mecanismos de ocultación como este acuerdo, que desprecia la transparenta y el control democráticos”, respaldado en el Congreso PP, PSOE y Ciudadanos.

El impulso definitivo a este texto, que estaba ya perfilado desde septiembre de 2016, se aceleró tras el controvertido viaje oficial que hizo Felipe de Borbón a Arabia Saudí el pasado mes de enero. Como se ha reconocido de manera oficial, uno de los objetivos de la visita del rey era agilizar la negociación para cerrar el acuerdo de construcción por la empresa pública Navantia de cinco corbetas para la Marina de Arabia Saudí por valor de cerca de 2.000 millones de euros. Este contrato lleva atascado cerca de dos años.