La Coordinadora SOS Cines de Verano DE Córdoba presenta un recurso de reposición contra el Ayuntamiento por «negarse a comprar unos cines por 300.000 euros mientras paga 100.000 de alquiler»
- La plataforma ciudadana impugna el decreto del alcalde del PP, José María Bellido, que inadmitió la compra de los cines Fuenseca, Olimpia y Delicias, al considerar que la decisión es «nula de pleno derecho» por incompetencia del órgano que la adoptó y por «falta absoluta de motivación».
La Coordinadora SOS Cines de Verano de Córdoba presentó ayer lunes en el registro del Ayuntamiento un recurso de reposición contra el Decreto de la Alcaldía número 2026/12681, de 22 de julio de 2026, por el que se inadmite la comunicación de transmisión de los tres inmuebles donde se ubican los emblemáticos cines de verano de la ciudad. El colectivo, que aglutina a más de 35 asociaciones vecinales y culturales, sostiene que la decisión del alcalde José María Bellido es «nula de pleno derecho» por haberse adoptado por un órgano incompetente y sin los informes preceptivos, y exige que sea la Junta de Gobierno Local quien resuelva sobre la compra de estos espacios.
El recurso, al que ha tenido acceso Tercera Información, califica la actuación municipal de «manifiestamente incompetente por razón de la materia», ya que Córdoba, al ser un municipio de gran población, atribuye a la Junta de Gobierno Local —y no a la Alcaldía de forma unilateral— la competencia para la adquisición de bienes y la gestión patrimonial, en virtud de lo dispuesto en el Título X de la Ley de Bases del Régimen Local y la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público.
Un «procedimiento viciado» y una contradicción insostenible
La Coordinadora denuncia que el Ayuntamiento ha respondido de forma distinta a tres ofrecimientos similares sobre los mismos inmuebles: en 2025 rechazó una oferta de 400.000 euros por «falta de rentabilidad social»; en enero de 2026 hizo lo propio con otra oferta rebajada a 300.000 euros; y finalmente, en julio de 2026, optó por la inadmisión directa de la comunicación, amparándose en supuestos defectos formales derivados de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, sin entrar a valorar el fondo del asunto.
«La Administración no puede aplicar a situaciones sustancialmente idénticas criterios jurídicos incompatibles sin ofrecer una explicación suficiente«, subraya el escrito, que cita el artículo 35 de la Ley 39/2015, que exige motivar los actos que se dicten en ejercicio de potestades discrecionales o que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes. La Coordinadora también pone el foco en que el informe de Patrimonio en el que se basa el decreto es incompleto, al omitir el derecho de adquisición preferente que corresponde al Ayuntamiento en su condición de arrendatario, reconocido en los artículos 25 y 31 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
La plataforma ciudadana ya había solicitado en julio reuniones con el alcalde y el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía para exigir un calendario concreto para la declaración de Bien de Interés Cultural y la adquisición pública de los cines, pero las administraciones continúan «en una compleja y confusa transmisión de responsabilidades», según denunciaron entonces . Este verano, los cines permanecen cerrados, y vecinos ya se han manifestado en la plaza de la Fuenseca para reivindicar que no son «solares ni parcelas, sino parte de la memoria compartida de varias generaciones de cordobeses«.
La «irracionalidad económica» de pagar alquiler en lugar de comprar
El recurso también denuncia la vulneración del principio de eficiencia en la gestión del gasto público. El Ayuntamiento paga un canon de 99.220 euros por el alquiler de estos tres cines para el periodo 2024-2026, mientras que el precio de venta ofrecido a principios de 2026 era de 300.000 euros. La Coordinadora calcula que la inversión para adquirir los tres inmuebles equivaldría «apenas a tres anualidades de alquiler», lo que implica que, de seguir con el arrendamiento durante seis años, el municipio habrá desembolsado más dinero que el coste de la propiedad, sin que el inmueble pase nunca a formar parte del patrimonio público.
«De haberse optado por la adquisición del inmueble por dicho importe, la inversión inicial habría sido equivalente a aproximadamente tres anualidades de alquiler. Por el contrario, manteniendo el régimen arrendaticio durante un período de seis años, el Ayuntamiento habría destinado en pago de alquileres un importe superior al ofertado», señala el texto. Esta decisión resulta «especialmente incoherente» dado que el propio Ayuntamiento ha reconocido por escrito la necesidad y especial idoneidad de estos espacios para la programación cultural en el casco antiguo, ante la falta de otras infraestructuras escénicas en la zona, según consta en la Memoria Justificativa del contrato de arrendamiento.
Por todo ello, SOS Cines de Verano solicita la nulidad de las actuaciones y exige que sea la Junta de Gobierno Local quien tome una decisión motivada tras una instrucción adecuada del expediente, incorporando los informes técnicos, jurídicos y económicos preceptivos. En un paso más allá, la plataforma ha solicitado la apertura de un expediente informativo para determinar si las decisiones adoptadas por la Alcaldía han podido ocasionar un perjuicio real y efectivo a la Hacienda municipal, exigiendo que se depuren las responsabilidades que correspondan por lo que consideran una gestión «arbitraria y contraria a los intereses de la ciudad».
El mundo de la cultura, con la Coordinadora y por la apertura de los cines
La lucha de SOS Cines de Verano cuenta con el amplio respaldo de destacadas personalidades del mundo de la cultura y el cine, que se han sumado a las reivindicaciones de la plataforma ciudadana en defensa de estos espacios emblemáticos de la ciudad. Cineastas, actores, críticos y gestores culturales han manifestado su apoyo a través de diversos comunicados y declaraciones públicas, coincidiendo en señalar que los cines de verano de Córdoba no son meros inmuebles, sino «un patrimonio cultural vivo que debe ser protegido».
Figuras de la industria cinematográfica andaluza y nacional han respaldado la necesidad de mantener estos espacios abiertos, destacando su papel como «escenarios únicos para la proyección cultural en el casco antiguo» y su valor como infraestructura cultural que, según la propia Memoria Justificativa municipal, resulta «imprescindible» para atender la demanda ciudadana de espacios abiertos y adecuadamente ventilados. Este respaldo se suma al de decenas de asociaciones vecinales, movimientos sociales y colectivos culturales de la ciudad que consideran que la decisión del Ayuntamiento «va en contra no solo del interés ciudadano, sino también de la protección de un legado cultural que forma parte de la identidad cordobesa».
El respaldo cultural al movimiento ha crecido especialmente tras conocer el contenido de los ofrecimientos de compra y las condiciones económicas de la operación. El colectivo ha difundido ampliamente el dato de que el Ayuntamiento paga casi 100.000 euros anuales por el arrendamiento —que se ha prolongado durante años— cuando la compra de los tres inmuebles supondría una inversión equivalente a apenas tres anualidades de alquiler. Esta «irracionalidad», que ha sido calificada desde algunos sectores culturales como «un despropósito y una falta de previsión inadmisible», no ha hecho sino multiplicar el apoyo a la plataforma y aumentar la presión sobre el Consistorio para que rectifique su postura.
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