«Cuando el monte arde, arde lo de toda la ciudadanía: por un modelo público, unificado y de Estado frente a las emergencias»

La dolorosa y reciente realidad que estamos viviendo con los graves incendios en la Comunidad de Madrid nos recuerda trágicamente que ningún territorio está a salvo. Sin embargo, frente a esta amenaza de dimensiones colosales, la respuesta institucional sigue atrapada en la fragmentación y en la improvisación. Es hora de mirar de frente una realidad incómoda: nos estamos jugando el país a la lotería geográfica.

La protección de nuestro patrimonio y la seguridad de quienes se adentran en las peores situaciones no pueden ni deben depender del código postal. Hoy en día, cruzar una frontera autonómica significa adentrarse en un laberinto operativo donde las Administraciones parecen hablar idiomas distintos. Canales de radio incompatibles, mapas con simbologías dispares y protocolos desconectados convierten la coordinación en una quimera peligrosa.

Frente a este caos, el marco normativo actual ya señala el camino a seguir a través del Real Decreto 38/2026, de 21 de enero, que desarrolla medidas de coordinación instrumental esenciales, y de la Ley 5/2024, que marca el paso en el reconocimiento del sector. Sin embargo, estas normas no pueden quedarse en papel mojado; su aplicación íntegra, real e inmediata es un imperativo vital para garantizar la interoperatividad y evitar que la incomunicación y el problema de la integración efectiva de diferentes operativos cueste vidas sobre el terreno.

Es fundamental comprender que estos dispositivos públicos no son meros equipos de temporada ni operan exclusivamente contra el fuego estival. Su labor abarca todo tipo de catástrofes naturales y emergencias complejas en el medio rural y forestal, incluso llegando a labores de apoyo en lo urbano.

Todos recordamos la dana de Valencia, demostrando una polivalencia imprescindible los trescientos sesenta y cinco días del año. Por ello, esta falta de cohesión estructural exige un pacto de Estado valiente que saque la emergencia de la confrontación partidista. Es imprescindible establecer un garante común que, respetando la legítima autonomía legislativa de los territorios, obligue a cumplir unos mínimos básicos de obligado cumplimiento en todo el Estado, igualando las condiciones de prevención de riesgos, salud laboral, estabilidad y formación continua de cada bombero y bombera forestal.

Este gran pacto debe asentarse sobre la columna vertebral de lo público. Convertir la seguridad y la extinción en un negocio o en un terreno de externalizaciones precarizadoras es un error estratégico de graves consecuencias. Los servicios públicos, gestionados con criterios de eficacia, no sólo salvan vidas con mayor solvencia, sino que suponen un ahorro presupuestario real a largo plazo, evitando el despilfarro de la contratación improvisada y permitiendo una prevención activa y constante.

Junto a la gestión pública, resulta imperativo dignificar la profesión desde sus cimientos, garantizando el reconocimiento mínimo de la categoría de bombero y bombera forestal y una estabilidad laboral real que deje atrás el fraude de la precariedad. No se puede exigir la máxima entrega y la asunción de riesgos letales mientras se ignora la verdadera dimensión de su labor. La sociedad civil y la clase política tienen ante sí una responsabilidad histórica para dejar atrás los reinos de taifas y blindar nuestros montes desde la unidad, la fortaleza pública y la coordinación sin fisuras.

*Raúl Rodríguez Rodríguez, coordinador estatal de bomberos forestales.