Bachelet: un ¿“paquete chileno”?
En Michelle Bachelet bullen las contradicciones y los ocasos en la mirada que tiene para ejercer como representante de los derechos humanos (DDHH). Sus apreciaciones y prioridades a la hora de ponderar las situaciones y pronunciarse a favor de los menos necesitados en la región ¿la convierten en un paquete chileno?
Cualquiera hubiera apostado –prospectivamente- a que la médica chilena, debido a su profesión y a su gentilicio, defendería con vehemencia a las víctimas de las brutales agresiones de los cuerpos de seguridad (carabineros) en su país, que, durante esta gestión de Piñera dejaron a cientos de personas con graves problemas de ceguera y otras lesiones, por reclamar sus derechos. Pero, no…su respuesta fue tímida y tardía.
Es comprensible. Al fin y al cabo, ella también incumplió el ofrecimiento -durante su segundo mandato en Chile- de una reforma constitucional que dejó solo en proyecto. Tras dos períodos de gobierno de Bachelet, el país austral sigue funcionando sobre la base constitucional dejada por la férrea dictadura de Augusto Pinochet, reconocida mundialmente por vulnerar los derechos humanos (DDHH).
Bachelet tampoco alcanzó a atender las demandas en Chile de acceso universal y gratuito a educación secundaria y universitaria. Y aunque ahora está en la ONU, probablemente son muchos los compromisos políticos que dejó Bachelet en la región tras una gestión marcada por escándalos, debidos a presunto tráfico de influencia, protagonizados por su hijo y su nuera.
Los pronunciamientos de Bachelet sobre DDHH en la región -que en los últimos tiempos ha sufrido serios retrocesos- terminan llegando ‘detrás de la ambulancia’…menos en Venezuela.
En Bolivia la deposición del gobierno de Evo Morales, bajo coacción, conllevó violaciones profundas a los DDHH. El informe de Bachelet al respecto llegó este año y con el ofrecimiento a los “autonombrados” de investigar las actuaciones en DDHH del gobierno de Morales, con quien ella tuvo “encontronazos diplomáticos” por los reclamos de Bolivia de acceso al mar y de pago por el consumo que ha hecho Chile del agua de los afluentes del Silala boliviano durante un siglo.
En Brasil, el presidente Bolsonaro puso en retroceso los DDHH eliminando programas sociales y desestimando la pandemia por coronavirus, pero de ello poco se habla en la ONU. En Colombia, el presidente Duque gastó 8 mil millones de dólares en tanquetas para su Escuadrón Móvil Antimotines (Esmad) en plena pandemia por coronavirus, mientras allá no paran los asesinatos a líderes sociales ni el paramilitarismo y la migración. Y aunque el uribismo pidió la expulsión de la oficina de DDHH de la ONU, por los informes de Bachelet al respecto, estos no fueron tan prestos ni tan ventilados como los emitidos sobre Venezuela. El trato en la región no se ve proporcional.
Estados Unidos encierra migrantes, usa la brutalidad policial basada en la discriminación racial y es el único país en el planeta que no reconoce la Convención Internacional de los Derechos del Niño, entre otras violaciones a los DDHH. Y encima, ahorca a la población venezolana con sanciones criminales, ante las que Bachelet pide “alivio” o “suspensión” pero no sugiere eliminarlas como método de coerción que viola el derecho internacional.
Si bien en guerra no convencional -situación reconocida en Venezuela por Idriss Jazairy, relator especial de la ONU en DDHH (1)- la progresividad ralentiza los derechos económicos, sociales y culturales, la priorización de Bachelet de algunos derechos políticos en el caso venezolano, ha servido de excusa a la polarización para medir fuerzas en la disputa por el poder político mientras la población sigue padeciendo.
Esto le ha servido la mesa a un puñado de países, con Estados Unidos a la cabeza, para vulnerar frente al mundo el derecho internacional público y poner en peligro a millones de seres humanos -en territorio venezolano y en la región- ante su creciente amenaza intervencionista.
Mientras tanto, los migrantes venezolanos siguen siendo víctimas de xenofobia en Colombia, en Panamá, y en Perú, donde una parlamentaria alentó su desalojo arbitrario del país. Igualmente, en Ecuador, donde fueron perseguidos gracias a un acto xenófobo del mandatario ecuatoriano; al tiempo que en otros países decenas de migrantes venezolanas son asesinadas o son víctimas de trata de blancas.
En general, la situación de los DDHH de los venezolanos se ha convertido en tema de propaganda y bandera política, mientras su población padece los efectos de la arremetida no convencional. ¿Qué dice Bachelet sobre esto? ¿Estamos frente a un “paquete chileno”?
Ramaris Vásquez
Periodista venezolana
https://www.alainet.org/es/articulo/205921
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