Redacción •  Vivienda •  27/01/2022

La policía desaloja a varias familias de la antigua Sede Municipal de la Vivienda de Granada sin orden judicial

Denuncian cargas policiales durante el desalojo ilegal de dos familias.

La policía desaloja a varias familias de la antigua Sede Municipal de la Vivienda de Granada sin orden judicial

Comunicado

En marzo de 2015, nuestro colectivo presentó una moción al pleno del Ayuntamiento, para que Granada pasara a ser una “ciudad libre de desahucios”, lo que implicaría la no colaboración en las comisiones judiciales de desahucios, la retirada de fondos públicos de entidades que desahucian e incrementar el sistema de protección social, con un parque de vivienda pública garantista para las familias que no pueden acceder al régimen hipotecario o de alquiler de mercado libre. Paco Cuenca defendió la propuesta y meses después volvió a llevarla a pleno, exigiendo al Ayuntamiento que rechazase “colaborar con las comisiones judiciales para desahuciar a las familias de sus viviendas asumiendo un compromiso para que, ni la Policía Local, ni el Cuerpo de Bomberos participen”. Ya siendo Paco Cuenca alcalde ratificó este compromiso y en rueda de prensa declaró que su gobierno había acordado que “la Policía Local y Bomberos no participen en los desahucios”.

Hasta hoy. Y decimos hasta hoy, no porque en estos 6 años no hayan sucedido desahucios en nuestra ciudad, que sí; o porque el plan de garantizar alternativa habitacional a quienes los sufran haya funcionado, que no; sino porque hoy, un dispositivo de la policía local, sin orden judicial, ha forzado la entrada de un edificio y desalojado a varias familias, algunas con menores a cargo, que habitaban un inmueble a espaldas del Consistorio donde Paco Cuenca declaró que no ocurriría en Granada bajo su gobierno.

Y no es cualquier inmueble. El edificio al que han accedido por la fuerza los agentes de la policía local fue sede de la Empresa Municipal de vivienda y suelo, Emuvyssa. Desde 2011, el Ayuntamiento ha tratado de vender en numerosas ocasiones este edificio con tres viviendas y tres locales, a pesar de las continuadas reivindicaciones, para que el Gobierno Local rehabilitara el edificio como viviendas en régimen de alquiler social. El Ayuntamiento desatendió vendió la propiedad hace seis meses, y por ende, también ha vendido su palabra.

La violencia policial que han sufrido las personas que solidariamente han acudido a defender el derecho a la vivienda de estas familias y a denunciar la impunidad de las instituciones para saltarse la legalidad y echar gente a la calle sin orden judicial, solo nos revela con demasiada crudeza, lo que en el fondo ya sabemos: que los gobiernos no tienen palabra, que prefieren malvender un edificio antes que ponerlo disponible para viviendas sociales, que los agentes de policía protegen propiedades y no personas; a las personas las echan a la calle y golpean si protestan.

Stop Desahucios Granada 15M.


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