La vivienda -principal preocupación según el CIS- continúa encareciéndose en lo que va de año

El precio de la vivienda en España continúa su escalada, consolidándose como la principal preocupación de la ciudadanía. El alquiler y la compra acumulan incrementos significativos, situando el acceso a una vivienda digna fuera del alcance de amplios sectores de la población, especialmente de jóvenes y familias con ingresos medios o bajos.

Cifras récord de encarecimiento

Las estadísticas oficiales reflejan una situación sin precedentes desde la burbuja inmobiliaria. Según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre de 2026 el precio de la vivienda libre subió un 12,9% interanual, la tasa más elevada desde principios de 2007, acumulando ya 48 trimestres consecutivos de alzas.

Otras fuentes sitúan el incremento en cifras aún más altas. El Ministerio de Vivienda señala una subida del 14% en tasa interanual, con el metro cuadrado alcanzando un máximo histórico de 2.315 euros, superando ya los picos de 2008. La tasadora Tinsa by Accumin eleva el incremento al 15,48% interanual, con un precio medio de 2.071 €/m², lo que sitúa el precio de un piso de 90 m² en 186.429 euros.

En los últimos cinco años, el precio medio de la vivienda libre ha subido más de un 37% según el Ministerio de Vivienda, pasando de 1.458 euros por metro cuadrado a finales de 2020 a 2.230 al cierre de 2025. En provincias como Madrid, Valencia o Baleares, el incremento supera el 50%, y en Málaga llega al 60%. La Comunidad de Madrid lidera el precio del metro cuadrado, superando los 4.000 euros.

En el mercado del alquiler, la presión también es intensa. Los nuevos contratos terminaron 2025 con incrementos superiores al 10% interanual, y la diferencia entre los contratos existentes (subidas moderadas en torno al 2-3%) y los nuevos contratos refleja la enorme brecha que afrontan quienes necesitan cambiar de vivienda.

La brecha con los salarios

El encarecimiento se agrava al compararlo con la evolución de los salarios. Entre 2015 y 2024, el precio de la vivienda subió un 65%, mientras que el salario medio bruto aumentó solo un 26%. En la franja de 25 a 34 años, donde se ubican la mayoría de los jóvenes que quieren emanciparse, el alza salarial fue del 42%, muy por debajo de lo que subieron las casas. En la última década, la vivienda acumula una subida del 87% . El esfuerzo que deben realizar los hogares para comprar una vivienda se ha incrementado notablemente: según el Banco de España, comprar una vivienda media requiere destinar 7,78 años de ingresos íntegros, frente a los 6,64 años de hace una década .

El diagnóstico de las organizaciones sociales: especulación frente a derecho

Para las asociaciones y plataformas que defienden el derecho a la vivienda, este encarecimiento no es un fenómeno accidental, sino consecuencia directa de la especulación y la financiarización del mercado residencial.

Estas organizaciones denuncian que los grandes propietarios y fondos de inversión actúan con impunidad, subiendo los precios de manera abusiva y forzando desahucios encubiertos para recolocar las viviendas a precios muy superiores. Subrayan que no estamos ante una crisis puntual, sino ante un proceso sistemático en el que bancos, fondos y grandes tenedores ponen el beneficio por encima de la vida de las personas.

Desde el ámbito sindical, se incide en la dimensión laboral del problema: la vivienda se ha convertido en un elemento central de la acción sindical porque el encarecimiento está erosionando las mejoras salariales y generando nuevas formas de desigualdad. Se alerta de que un número elevado de inquilinos destina más del 40% de su salario a la vivienda, superando los niveles considerados sostenibles. Además, se añade una perspectiva de género: las mujeres, debido a la brecha salarial y la mayor precariedad laboral, soportan mayores niveles de sobreesfuerzo económico.

También se ha criticado la negativa de algunas administraciones locales a declarar zonas tensionadas, considerando que limitarse a aumentar la oferta de vivienda no resolverá el problema de los precios si no va acompañado de una regulación efectiva.

Causas del encarecimiento

Entre los principales factores del encarecimiento, más allá de la construcción de nuevos pisos -que no varía demasiado respecto a años anteriores- nos encontramos primero con el auge del turismo residencial a través de plataformas como Airbnb y desplazamiento de la población española, así como la compra de vivienda por parte de extranjeros, principalmente fondos de inversión o fondos buitre y grandes rentas que utilizan el atractivo de la vivienda como activo refugio (su rentabilidad anual supera el 15%, según el Banco de España), y unas condiciones hipotecarias muy favorables (el tipo de interés medio ronda el 2,6%) que estimulan la demanda especulativa.

La demanda de compra con destino a vivienda propia es del 51%, y aún supera a que se destina al alquiler, aunque ese porcentaje creció hasta el 37% entre quienes buscan vivienda en 2026. En 2025, el 77% de las personas que compraron una vivienda como inversión la destinaron al alquiler, el 84% en 2024.

Propuestas de solución: regular, proteger y desmercantilizar. La vivienda como derecho, no como negocio

Ante este diagnóstico, las organizaciones sociales y sindicales defienden un paquete de medidas que giran en torno a un mismo eje: la vivienda es un derecho, no un negocio. Entre las principales propuestas destacan:

1. Regulación del mercado del alquiler: Se propone que los contratos de alquiler sean indefinidos por ley, para que los inquilinos no se vean obligados a cambiar de casa cada pocos años y puedan tener estabilidad residencial. También exigen la aplicación directa de leyes que limiten la compra especulativa en zonas tensionadas, sin dejar la decisión final a los ayuntamientos.
2. Fortalecimiento del parque público de vivienda: Se defiende el incremento de la vivienda protegida con carácter permanente y el desarrollo de un parque público de alquiler que garantice precios asequibles y estables. También se aboga por recuperar viviendas vacías para ponerlas al servicio de la ciudadanía.
3. Lucha contra la impunidad de los grandes tenedores: Se reclaman medidas para frenar la acción de los fondos de inversión y grandes propietarios que compran bloques enteros y multiplican los precios.
4. Regulación de precios en zonas tensionadas: Existe un amplio consenso en la necesidad de aplicar mecanismos de control de precios en los mercados más tensionados, aunque con matices sobre su implementación concreta.
5. Fortalecimiento de la protección de los inquilinos: Se exige frenar los desahucios y garantizar alternativas habitacionales reales.

Desde el ámbito empresarial y partidos de la derecha se insiste en que la solución pasa por agilizar el suelo, reducir la carga fiscal y los trámites burocráticos, y no tanto por el control de precios que, mantienen, «reducen la oferta y acaban elevando los precios en el mercado no regulado». Para las organizaciones sociales, sin embargo, esta visión es insuficiente porque deja de lado el papel de la especulación y el rentismo como factores estructurales del problema. Defienden que el mercado no se autorregula en favor de los más vulnerables, y que solo una intervención pública decidida puede garantizar el acceso a una vivienda digna para todos.

Desahucios en alza

Entre abril y junio de 2026, se registraron 4.133 desahucios o ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, lo que supone un incremento del 20,5% respecto al trimestre anterior y del 27,8% en comparación con el mismo periodo de 2025.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) estima que a diario se producen 152 desahucios de media en España. Además, 8 de cada 10 españoles considera que los precios de la vivienda han subido en el último año.

Un 74% de la población cree que no se presta la atención suficiente al problema de la vivienda, según el CIS, y un 76% piensa que el país no va por el camino adecuado para solucionarlo.