UED apoya a las familias de Suerte Saavedra (Badajoz) y reclama una respuesta inmediata de la Junta de Extremadura

Comunicado

Una Extremadura Digna (UED) muestra su apoyo a las familias del barrio de Suerte Saavedra, en Badajoz, que reclaman a la Junta de Extremadura la regularización de las viviendas que recuperaron hace aproximadamente diez años mediante el establecimiento de un alquiler social.

Desde UED consideramos injustificable que estas familias sigan sin una solución después de tantos años, especialmente cuando están empadronadas, sus hijos están escolarizados, disponen de suministro eléctrico autorizado y mantienen una convivencia normalizada en el barrio.

Asimismo, destacamos el papel que estas familias han desempeñado para sacar a la luz la existencia de numerosas viviendas abandonadas. Su movilización contribuyó a que la Administración actuara sobre estos inmuebles, con alrededor de 40 viviendas ya rehabilitadas y nuevas actuaciones previstas.

Para UED, no puede tratarse como un problema a quienes han contribuido a recuperar y poner en valor viviendas que permanecían abandonadas durante años.

Una Extremadura Digna denunciamos que esta situación refleja un problema mucho más amplio: miles de familias extremeñas tienen dificultades para acceder a una vivienda digna mientras existen inmuebles públicos abandonados o sin uso.

Por ello, reclamamos a la Junta de Extremadura un programa urgente de vivienda pública que permita recuperar viviendas abandonadas, ampliar el parque público y establecer alquileres sociales para las familias que lo necesiten.

UED recordamos que el derecho a una vivienda digna está reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española y en diferentes tratados internacionales, pero consideramos que debe convertirse en un derecho efectivo y no quedarse únicamente sobre el papel.

Finalmente, Una Extremadura Digna muestra nuestro apoyo a las próximas movilizaciones en solidaridad con las familias de Suerte Saavedra y hacemos un llamamiento a la organización y participación de todas las personas que sufren precariedad habitacional en Extremadura.

La vivienda es un derecho. La Junta debe garantizarlo.