Redacción •  Internacional •  26/11/2019

La violencia política y social en Latinoamérica aumenta los ataques a defensoras de Derechos Humanos

La organización se suma a las movilizaciones que se celebrarán en esta jornada en España y otros países contra la violencia sexista.

La violencia política y social en Latinoamérica aumenta los ataques a defensoras de Derechos Humanos

La actual situación de violencia que se vive en muchos países latinoamericanos (Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Haití…) está impactando directamente en las mujeres, sobre todo en las defensoras de derechos humanos que han visto cómo se incrementa la violencia general y la violencia específica de género contra sus personas, denuncia Alianza por la Solidaridad, con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género.
 
Este 25 de Noviembre recuerda a tres hermanas (Patria, Minerva y Teresa Miraval) que lucharon hace casi 60 años por los derechos humanos y los derechos de las mujeres y por una República Dominicana democrática, por lo que fueron asesinadas. Décadas después, las mujeres defensoras siguen perdiendo la vida en defensa de los derechos humanos mientras se detecta un aumento del discurso político misógino, racista y sexista en Estados que, además, están involucrados en ataques directos contra mujeres defensoras y sus familias.
 
Sólo en Colombia, según un informe reciente, el asesinato de lideresas aumentó en un 64,3% en el año 2018 con relación al año anterior y sólo en el primer trimestre de 2019 fueron asesinadas 13 lideresas sociales. Entre esas víctimas mortales se encuentran María Pilar Hurtado, líder comunitaria que batallaba en defensa de la propiedad de la tierra, la gobernadora indígena Cristina Bautista, la abogada Yamile Guerra y otras cuyos crímenes son considerados ‘ajustes de cuentas’ o se disfrazan con causas ajenas a su actividad.
 
Desde Alianza por la Solidaridad se recuerda que, si bien estos crímenes son los de más gravedad (suponen el 17% del total de agresiones), la grave inestabilidad social y política en el continente está aumentando otros tipos de violencia, como son las amenazas (el 43%) , dado que si bien la violencia contra los líderes tiene como objetivo eliminarlos, en el caso de las mujeres se busca amedrentarlas y castigarlas. Incluso, en los casos de homicidio tienden a ser más crueles cuando asesinan mujeres: en el 66% de asesinatos contra las mujeres  se encuentran agravantes como la violencia sexual y la tortura. Las defensoras afro, indígenas y en situación de pobreza son las más afectadas.
 
En esta violencia de género contra defensoras se detecta, además, que se castiga asesinando a familiares o seres queridos como medida de intimidación en mayor porcentaje relativo que en el caso de hombres, que utilizan en las amenazas – panfletos que contienen lenguaje sexista y se hacen insinuaciones sexuales que aluden a sus cuerpos, patrones que no se evidencian cuando los hombres son amenazados. A ello se suma, un rechazo al liderazgo y la defensa de derechos humanos ejercido por mujeres dentro de sus propias organizaciones y comunidades, una discriminación de género que se da en todos los escenarios.
 
La situación ha sido reconocida por el Relator Especial de la ONU para las personas defensoras, Michel Forst, quien ha señalado que el actual clima político en varios países supone un retroceso en esta situación. En concreto, desde Alianza por la Solidaridad se recuerda el tremendo impacto que está teniendo en las mujeres las actuales crisis políticas, en cuyo origen se encuentra la demanda de Gobiernos que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía y se respeten y cumplan los derechos humanos. Recordar que en las últimas semanas ha habido, y en algunos casos continúan, enfrentamientos en las calles de Bolivia por acusaciones de fraude electoral, en Chile por la desigualdad social, en Ecuador por la eliminación de los subsidios a los combustibles, en Haití por la escasez de gasolina y alimentos y recientemente en Colombia exigiendo un cumplimiento claro y efectivo del acuerdo de paz firmado hace ya tres años. En todas estas protestas han tenido lugar denuncias de violencia sexual, un hecho preocupante que genera un control del cuerpo de las mujeres en la protesta social (al menos se han registrado 12 denuncias en Chile y dos en Bolivia).
 
El hostigamiento y la violencia contra las mujeres se ve agravada cuando las mujeres salen a la calle a defender derechos fundamentales para garantizar su vida, como las defensoras del derecho al aborto. Muchas de las mujeres que abortan están siendo encarceladas en países como El Salvador, Argentina o Guatemala.
 
Por otro lado, muchas organizaciones de mujeres han visto mermada su capacidad de incidencia y movimiento y están siendo perseguidas por visibilizar la problemática de la violencia de género, que pasa a segundo término en casos de conflicto político y social.
 
Por todo ello, con motivo del 25 de Noviembre, desde Alianza por la Solidaridad, que lleva más de 20 años trabajando en proyectos de promoción de  derechos de las mujeres en América Latina, Oriente Medio y África, reclama:

  • Más financiación para acciones destinadas a derechos de las mujeres que permitan mantener un compromiso sostenido de apoyo a organizaciones de mujeres y lograr, así, transformaciones reales.
  • Reconocimiento de la importancia de la participación igualitaria y activa de las mujeres defensoras, garantizando para ellas espacios de participación en espacios de poder.  
  • Garantías de acceso a justicia para acabar con la impunidad de los agresores, con sistemas de protección que garanticen a las mujeres su derecho a la participación y movimiento.

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