América Latina: Las voces silenciadas
Nuevo informe de Global Witness sobre violencia contra defensores de la tierra y el medio ambiente
En 2023 fueron asesinadas 196 personas comprometidas con la defensa de la tierra y los bienes comunes. La inmensa mayoría de los asesinatos – 85 por ciento – se concentró en América Latina, que de nuevo se posicionó como el continente más peligroso para defensores y defensoras.
“Voces silenciadas” [1] es el más reciente informe de Global Witness. Colombia es el país con más asesinatos (79), seguido por Brasil (25), Honduras y México (18) y Filipinas (17).
Desde que en 2012 la organización británica comenzó a informar sobre los ataques a personas que defienden la tierra y el medio ambiente, en el mundo se han asesinado a 2.106 defensores y defensoras.
Son al menos 1.500 las personas asesinadas después de la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático en 2015.
América Latina, la peor
Colombia se posiciona como el país en absoluto más letal, con 461 personas asesinadas entre 2012 y 2023. Le siguen Brasil (401), Filipinas (298), México (203) y Honduras (149).
Honduras mantiene el triste récord de país con más asesinatos per cápita, y Centroamérica el de la región más letal.
Pueblos originarios y minería
De las personas asesinadas en 2023, el 43 por ciento eran indígenas y el 12 por ciento mujeres. En Colombia, de los 79 asesinados del año pasado (40 por ciento del total a nivel mundial), el 67 por ciento eran indígenas y campesinos. En México, representaron el 70 por ciento.
La minería (industria extractiva) sigue siendo el mayor móvil industrial de los asesinatos de personas defensoras, seguido por la explotación forestal y la agroindustria.
Más de la mitad de los asesinatos relacionados con la industria extractiva que se produjeron entre 2012 y 2023 tuvieron lugar en América Latina. El año pasado, 23 de los 25 de todo el mundo ocurrieron en esta región.
Ante este escenario, Global Witness volvió a señalar los pasos más importantes que los Estados tienen que dar para proteger a las personas defensoras: entre otros, crear un entorno seguro, detectar, documentar y analizar sistemáticamente los ataques y facilitar el acceso a la justicia.
Asimismo, las empresas deben detectar, prevenir, documentar, mitigar y reparar sistemáticamente los daños y perjuicios causados por sus operaciones y garantizar el cumplimiento de la legislación y la responsabilidad corporativa.
[1] https://www.globalwitness.org/
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