El líder indígena Bernardo Caal podría ser condenado a 14 años de cárcel por defender un río en Guatemala

Este viernes, 9 de noviembre , un tribunal de Cobán (Guatemala) decide si acepta las acusaciones contra Bernardo Caal Xol , un líder comunitario maya que’chí, defensor del río Cahabón en Alta Verapaz. Desde hace días, medios de comunicación de este país han lanzando una campaña de criminalización contra Caal Xol , encarcelado desde el pasado mes de enero.

Alianza por la Solidaridad exige al Gobierno español que pida explicaciones al Gobierno de Guatemala por la situación jurídica de Bernardo Caal Xol, para el que se piden desde el Ministerio Fiscal 14 años de prisión tras su defensa del río indígena Cahabón, así como información sobre las medidas que están tomando a nivel gubernamental para el cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados por este país sobre los derechos humanos, en relación con proyectos en los que están implicados empresas españolas.

Bernardo Caal Xol, maestro de profesión y líder las comunidades queq’chís de Alta Verapaz (Gutamemala) lleva encarcelado desde enero de este año (más de 6.500 horas) en la prisión de Cobán, tras ser detenido al ser acusado de retención ilegal, robo e instigación a delinquir por los trabajadores de una empresa relacionada con la hidroeléctrica sobre el río Oxec, una obra en la que no se realizó una consulta previa e informada a las comunidades que viven junto al río, tal como determinó la Justicia guatelmalteca. En 2015, hubo una protesta junto a las instalaciones de esta obra de cientos de queq’chí indignados por los engaños de la empresa promotora, OXEC S.A. , que ha talado además parte del bosque. En el transcurso de la misma, se impidió el paso de un coche de la empresa con varios trabajadores. Dos años después, algunos de estos trabajadores dijeron reconocer a Bernardo Caal Xol, mientras participaba en una manifestación en la capital que fue televisada, y le acusaron de los tres delitos antes señalados, sin aportar más prueba de ello que sus declaraciones.

Cabe recordar, que ni en el caso de la hidroeléctrica OXEC ni en el caso de Renace, en el río Cahabón (ésta última una obra realizada por el grupo Cobra de la constructora española ACS) se ha realizado una consulta previa e informada a los pueblos indígenas afectados, como obliga el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala, lo que está en el origen de las protestas. Las dos hidroeléctricas afectan a decenas de miles de mayas queq’chí, que han visto como sus ríos desaparecen: “Vinieron, se arreglaron con las autoridades locales y empezaron a canalizar, entubar, el río Oxec y Cahabón.. Todo bajo el manto de la corrupción. Los queq´chís nos sentimos despojados de nuestros sagrados ríos… La respuesta del Estado, del Ministerio Público y de las empresas es fabricarme delitos para tenerme prisionero”, ha escrito el líder indígena desde la cárcel.

El juicio, que se ha desarrollado en cinco audiencias diferentes, la última sin medios de comunicación ni transmisión en directo, como si lo fueron las anteriores, tuvo lugar el pasado 24 de octubre. Desde entonces, medios de comunicación del país han lanzado una campaña de criminalización contra Bernardo Caal, cuyo objetivo es presionar a la Judicatura para que dicte una sentencia en su contra.

Este procesamiento coincide con el juicio en Honduras por el asesinato a sangre fría de la líder ambiental Berta Cáceres, en el que la familia y su organización, COPINH Honduras, denuncias también graves irregularidades y han expresado su temor a que finalmente los autores intelectuales del crimen queden libres. El día 2,
la policía reprimió con bombas lacrimógenas a grupo del COPINH y a la hija de Berta Cáceres, mientras le rendían un homenaje frente de Corte Suprema de Justicia. La líder fue asesinada a tiros en su casa el 3 de marzo de 2016. Llevaba años liderando las protestas contra la hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque, hoy paralizada.

Recientemente, en Ginebra, la ONU ha convocado una reunión sobre un futuro Tratado de Derechos Humanos y Transnacionales, con el que se pretende que pueda perseguirse judicialmente a nivel internacional las violaciones de derechos humanos por parte de estas las compañías. La Comisión Europea está al margen de las negociaciones, dado que los Estados miembros no la  han facultado para que pueda intervenir, si bien el Parlamento Europeo días antes había aprobado una resolución para que participara y defendiera la necesidad de este tratado vinculante.

Para Alianza por la Solidaridad, casos como el de Bernardo Caal y Berta Cáceres son la punta del iceberg de cientos de persecuciones, acosos, agresiones, procesos de criminalización y asesinatos que tienen detrás proyectos sin respeto alguno por los derechos de las personas ni por su territorio.

Hasta el día 16 de noviembre, se encuentra en España la líder queq´chí Ana Rutilia, catedrática de Derechos Humanos en la Universidad Rafael Landívar y compañera de Bernardo Caal en la lucha contra las hidroeléctricas en Alta Verapaz (Guatemala). También ella ha sido acusada y criminalizada por denunciar a las empresas, en este caso a Renace S.A. Participa en la jornadas ‘Mujeres y Poder’ organizadas por Alianza por la Solidaridad.

Alianza por la Solidaridad tiene abierta una campaña de recogida de firmas donde se expone el caso de Bernardo. Puedes verla en este enlace.