UGT CyL denuncia la intención de disolver el SERLA por Vox

Desde UGT Castilla y León recuerdan que el SERLA ha estado ofreciendo en la comunidad un servicio de mediación en conflictos colectivos desde 1997 y desde 2016 también se ha estado encargando de los conflictos laborales individuales para Valladolid. Además, este organismo ha sido fruto del consenso entre Junta y agentes sociales y económicos de Castilla y León y ha hecho posible unas relaciones laborales más fluidas en la comunidad.

En este sentido, los datos relativos a 2022 a los que hacen referencia desde el sindicato, como ejemplo de la eficacia del SERLA, indican que se han tramitado 341 conflictos colectivos, un 17,6% más que en 2021, que han afectado a un total de 19.142 empresas y a 259.700 trabajadores, lo que en datos porcentuales supone un incremento del 196,8% respecto a 2021, año en el que se encontraron afectados 87.500 trabajadores. En cuanto a los conflictos individuales, circunscritos a Valladolid, el SERLA ha tramitado el año pasado un total de 4.500 procedimientos, de los cuales 3.534 llegaron a la mediación-conciliación, la cifra más alta de su historia y que en comparación con 2021 supone un incremento del 30%. El resto de procedimientos individuales, 966, no llegaron a mediación, pero sí necesitaron la realización de numerosos trámites hasta concluir su certificación.

Pero es que, además, el SERLA en los primeros días hábiles del presente mes de enero de 2023 ya ha tenido citados actos de conciliación-mediación que se corresponden con 349 procedimientos, de los que más de 300 tuvieron entrada en 2022.

En definitiva, si el 60% de todos estos conflictos se han resuelto favorablemente gracias al SERLA lo que se puede deducir, han señalado fuentes de UGTCyL, es que “su desaparición va a provocar el colapso de los juzgados de lo social y el consiguiente incremento de la conflictividad laboral”.

Vulneración de derechos constitucionales

Por otra parte, desde el sindicato han señalado que “la inoperatividad del SERLA que se busca desde la consejería de Industria, Comercio y Empleo obstaculiza y vulnera derechos constituciones fundamentales”, tales como la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 24 de la Constitución Española (CE), o incluso la libertad sindical, art. 28.1 CE, en el caso de la incoación de procedimientos judiciales de conflicto colectivo.

Sin olvidar que “imposibilita materialmente” el ejercicio del derecho fundamental a la huelga, que ampara la CE en su artículo 28.2, y que según los artículos 19.9 y 20.2 ASACL III se tiene que haber agotado el procedimiento de conciliación-mediación ante el SERLA antes de la convocatoria o comunicación formal de la huelga, siendo este un requisito que condiciona la legalidad de la misma.

También se verá obstaculizada la negociación colectiva (art. 37.1 CE) en todas sus dimensiones, así como el derecho constitucional al planteamiento de medias de conflicto colectivo (art. 37.2 CE), que abarca la facultad de instaurar mecanismos para su composición.

Además, han continuado explicando desde el sindicato, “la asunción por parte de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las funciones del SERLA vulnera el derecho a la libertad sindical y el derecho de los sindicatos más representativos a la negociación colectiva” porque supone sustituir los procedimientos de solución autónoma de los conflictos laborales por procedimientos administrativos.

Daños al diálogo social

En definitiva, “la desaparición del SERLA generaría una grieta de proporciones difíciles de evaluar en el marco global de desarrollo de las relaciones laborales porque”, como hacen hincapié desde UGTCyL, “abriría la veda para la desaparición del resto de sistemas u organismos en coyunturas políticas parecidas a Castilla y León”.

La situación descrita supondrá “una regresión de más de 20 años, de muy difícil encaje constitucional y legal, que provocará una quiebra en la dinámica actual de las relaciones entre las organizaciones sindicales y empresariales y el aldabonazo a un Diálogo Social como el de Castilla y León, reconocido y tomado como ejemplo a nivel internacional”.

Por otra parte, cabe destacar que el CES de Castilla y León ha remitido el Presidente Fernández Mañueco el acuerdo que ha aprobado en la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, celebrada ayer, 24 de enero, para el mantenimiento del SERLA “porque la legislación laboral no permite su supresión”. Al mismo tiempo, el CES, institución propia de la comunidad con personalidad jurídica propia e independiente, hace especial hincapié en que “esta extinción, sin precedentes en España, originaría una muy grave e indeseable situación de incertidumbre e inseguridad jurídica” con “diferentes consecuencias, todas ellas perjudiciales para el interés de la comunidad, de sus trabajadores y empresarios”.