Archivo •  Christian Zampini •  Actualidad •  28/02/2018

Una sentencia del Tribunal de Justicia Europea excluye las aguas del Sáhara Occidental del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos

La sentencia establece que el territorio del Sáhara Occidental no puede verse afectado por un acuerdo comercial de ningún tipo puesto que “incluir el territorio del Sáhara Occidental en el ámbito de aplicación del Acuerdo de pesca conculcaría determinadas normas de Derecho Internacional”.

Una sentencia del Tribunal de Justicia Europea excluye las aguas del Sáhara Occidental del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos

El Tribunal de Justicia Europea ha dictaminado que el acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos no puede aplicarse en aguas territoriales del Sáhara Occidental, región ocupada desde 1975 cuya situación se encuentra condenada por Naciones Unidas. La sentencia supone un serio revés a los intereses comerciales de la Unión Europea, que extraía más del 90% de la pesca procedente de su acuerdo con Marruecos de lo que debe considerarse como aguas territoriales de la ocupada República Árabe Saharaui Democrática.

En el año 2016, el Reino Unido junto a la iniciativa Western Sahara Campaign, un movimiento para promover el reconocimiento internacional del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, presentaron un pleito para tratar de derogar el acuerdo de Pesca con Marruecos, puesto que en su opinión, violaba el derecho internacional al ignorar la situación del pueblo saharaui y suponer un reconocimiento de facto a la ocupación por parte de Marruecos del territorio. La sentencia alcanzada reconoce la validez del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos. Sin embargo, considera que “ni el Acuerdo de pesca ni el Protocolo que lo  acompaña son de aplicación a las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental”, lo que supone una victoria parcial para los saharauis.

La sentencia no solo afecta a los intereses políticos y territoriales de Marruecos, sino también a los intereses comerciales de países miembros de la Unión Europea, entre ellos y especialmente España, de donde provienen 90 de las 126 licencias expedidas a pesqueros de la UE para faenar en aguas territoriales de Marruecos. La representante de la UE para política exterior Federica Mogherini se apresuró a comunicar en conjunto con el ministro de asuntos exteriores de Marruecos Nasser Bourita que la colaboración mutua continuaría en la materia, despertando las dudas sobre la disposición de la UE a respetar la sentencia, de obligado cumplimiento, y delimitar el ámbito geográfico de desarrollo del acuerdo pesquero.

Respuesta de las organizaciones políticas

Los partidos y organizaciones políticas no han tardado en manifestar su posición sobre la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.

El grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha manifestado a través de su diputada Eva García Sempere que “corregir esta injusticia y dar la razón a quienes legítimamente reclamaban la potestad y la capacidad de decisión sobre sus propios recursos naturales era algo que debió hacerse hace mucho tiempo. Ni la UE, en general, ni el Gobierno español, en particular, han estado a la altura en estos años”. “Estaremos muy vigilantes desde el Congreso respecto a los acuerdos de pesca que el Gobierno del PP debe empezar a impulsar a la mayor brevedad con los legítimos representantes del pueblo saharaui”, ha añadido.

Por su parte, Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida y vicepresidenta del Intergrupo sobre el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo, se felicita por la sentencia que sostiene se “vuelve a dar la razón al pueblo saharaui y a su representante legal, el Polisario, al reivindicarse como las legítimas y únicas instituciones que pueden negociar sobre los recursos de su territorio y su futuro”. Así mismo, ha señalado la responsabilidad directa de la Unión Europea anteponiendo sus relaciones comerciales con un régimen autoritario mientras desoye el derecho internacional.

La eurodiputada también ha tenido palabras para el tratamiento mediático que se está brindando a la información en España, indicando que resulta “llamativo” que la sentencia se presente como un ataque a los intereses comerciales nacionales, cuando “lo que se busca con acciones judiciales de este tipo es que los gobiernos cumplan la ley al establecer acuerdos comerciales sobre recursos saharauis sin contar con sus dueños legales”.

Según estas organizaciones políticas, el cumplimiento de la legalidad internacional no tiene por qué entrar en conflicto con los intereses comerciales, ya que bastaría con normalizar las relaciones con el Sahara Occidental para poder operar comercialmente en su territorio legítimo.


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