La FeSP muestra cautela ante el plan aprobado para luchar contra la desinformación, la Comisión Europea lo avala
El secretario general de la FeSP señala que puede existir el riesgo de que haya quien, con esa excusa, intente controlar la información, “y eso sería totalmente rechazable”.
BOE (Contexto): El acceso a información veraz y diversa es uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas, porque se conforma como el instrumento que permite a los ciudadanos formarse una opinión sobre los distintos asuntos políticos y sociales. Además, la información permite a la ciudadanía adquirir conciencia y fundamento para participar en los debates públicos y, entre otros derechos democráticos, en los procesos electorales. Por este motivo, la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales en nuestra Constitución. Sin embargo, estos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios. […]
El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, ha mostrado cierta cautela ante el plan que ha aprobado el Consejo de Seguridad Nacional para actuar contra posibles campañas de desinformación. Ha declarado que “adoptar medidas contra la desinformación es positivo”, pero ha añadido que “el riesgo existirá si alguien de quienes formarán parte de esa estructura pretendiera controlar la información. Espero que nadie lo intente, porque sería como intentar poner puertas al campo”.
Este procedimiento se enmarca dentro del plan de acción que aprobó el Consejo de Europa en diciembre de 2018 para luchar contra la desinformación, que incluye un paquete de medidas para afrontar ese fenómeno durante los procesos electorales europeos, nacionales y locales que se celebraron ese año en los Estados miembros. Posteriormente acordaron que también se aplique a la desinformación sobre la COVID-19.
El plan aprobado ahora en España establece los órganos, organismos y autoridades que deben encargarse de ese cometido, todos ellos pertenecientes a la Presidencia del Gobierno y a otros cuatro ministerios. En él se afirma que “los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general juegan un papel esencial en la lucha contra la desinformación”, por lo que prevé que “podrán solicitar la colaboración de aquellas organizaciones o personas cuya contribución se considere oportuna y relevante en el marco de la lucha contra el fenómeno de la desinformación”.
“Puede haber quien caiga en la tentación de querer controlar la información, con la excusa de combatir la desinformación, y eso sería totalmente rechazable”, ha declarado Agustín Yanel a diario El Mundo. El camino para hacer frente a ese fenómeno, ha añadido, debe ser “que los medios colaboren para erradicar las informaciones falsas, no controlarlos”, y para eso considera imprescindible la participación de la sociedad civil en esa tarea.
“Hay que esperar para ver cómo se concreta en la práctica. Pero el derecho a la información y la libertad de expresión están garantizados en la Constitución y en convenios y tratados internacionales, y no pueden ser restringidos excepto por una decisión judicial en los casos que establece la ley”, ha indicado el secretario general de la FeSP.
En términos similares se ha manifestado el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez. “El principal peligro es que ese comité sea utilizado con fines políticos, dada su dependencia gubernamental”, ha manifestado.
Tras publicarse hoy este plan en el Boletín Oficial del Estado, el presidente del PP, Pablo Casado, dijo en Twitter que el Gobierno ha aprobado esta orden para “vigilar” a los medios, y su partido ha pedido que comparezcan en el Congreso la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el director del gabinete del presidente, Iván Redondo, para explicar el contenido de esa orden.
En diciembre de 2017, cuando gobernaba el PP, la entonces ministra de Defensa y secretaria general de ese partido, María Dolores de Cospedal, anunció que iba proponer la creación de un grupo de trabajo en la Comisión de Defensa del Congreso, integrado únicamente por diputados y “editores de los principales medios de comunicación”, para estudiar las medidas a adoptar frente a “la amenaza de la desinformación”.
La FeSP expresó su preocupación ante ese anuncio y dijo que para combatir la desinformación es necesario “educar en comunicación; facilitar siempre toda la información y los datos con la máxima transparencia, algo que no siempre hace el Gobierno pese a presumir de la Ley de Transparencia, y que los jueces apliquen las leyes a quienes cometan un delito”.
Esta Federación también reiteró entonces su petición de una ley que regule el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía, como existen en los países de la Unión Europea y en otros, en la que se establezcan los derechos y las obligaciones de los profesionales de la información.
La Comisión Europea avala el mecanismo del Gobierno contra la desinformación: «no va contra la libertad de prensa»
Según la Comisión Europea, no hay un ministerio de la verdad, como denunciaron PP y Ciudadanos. Desde Bruselas no observan indicios de que el mecanismo contra la desinformación aprobado por el gobierno español vaya en contra de la libertad de prensa.
Las declaraciones del portavoz del ejecutivo comunitario, Johannes Bahrke avalan la iniciativa del Consejo de Seguridad Nacional: “En cuanto a la libertad de prensa, está muy claro, en general, que cualquier enfoque en el área de desinformación debe respetar la certidumbre legal y la libertad de prensa y de expresión. Pero digo esto como comentario general. No tenemos motivos para creer que esto ocurra en el caso español”.
Desde la Unión Europea se considera que “afrontar la desinformación a nivel nacional y europeo es un tema importante, más en las actuales circunstancias de la pandemia del coronavirus, que ha llevado a un aumento dramático de la información falsa o engañosa, incluyendo intentos de actores exteriores para influir en los ciudadanos y en el debate de la UE. Asumimos esto muy seriamente”.
Relacionado
