USTEA denuncia que la Junta de Andalucía deja sin cubrir los permisos por matrimonio del profesorado por “falta de dinero”

USTEA denuncia públicamente una práctica que considera gravemente lesiva para la educación pública andaluza: la no cobertura de las sustituciones derivadas de los permisos por matrimonio o constitución de pareja de hecho del personal docente cuando no existe disponibilidad presupuestaria suficiente.

Durante los dos últimos meses, el sindicato ha recibido numerosas quejas de centros educativos de la provincia de Cádiz alertando de que estos permisos, cuya duración es de 15 días naturales y cuya solicitud debe realizarse con un mes de antelación, no están siendo cubiertos de manera sistemática. Se trata de un derecho reconocido y regulado en el artículo 48.l) del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), modificado por el Real Decreto-ley 5/2023, así como en la normativa autonómica vigente (Circular de Permisos y Licencias).

USTEA ha tenido conocimiento de la existencia de instrucciones internas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que establecen que únicamente se cubrirán de forma obligatoria estos permisos en el caso del profesorado de Educación Infantil y del profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT). Para el resto de especialidades docentes, la cobertura de la sustitución queda supeditada a la disponibilidad presupuestaria existente en cada momento.

Tenemos constancia de que la Consejería de Desarrollo Educativo se niega a emplear fondos públicos en la sustitución del personal que ejerce un derecho laboral, dejando al alumnado sin docente durante dos semanas

USTEA considera esta situación absolutamente inadmisible. No solo porque responde a una lógica de recortes encubiertos y ahorro económico a costa de los servicios públicos, sino porque establece una jerarquización inaceptable entre el alumnado. Según este criterio, el alumnado de Infantil y con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) merece una atención educativa continuada, mientras que el alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional puede permanecer quince días sin clases sin que la Administración considere necesario actuar.

Esta política supone un deterioro deliberado de la calidad educativa y una vulneración del derecho del alumnado a recibir una enseñanza en condiciones adecuadas. Además, evidencia una gestión basada exclusivamente en criterios económicos, en lugar de en las necesidades reales de los centros educativos.

Resulta especialmente indignante que esta situación se produzca mientras la Junta de Andalucía continúa destinando más de mil millones de euros a la enseñanza privada concertada. La falta de recursos para cubrir sustituciones no responde a la inexistencia de fondos, sino a una decisión política sobre dónde se destinan esos recursos.

Asimismo, el sindicato denuncia el doble rasero con el que actúa la Administración educativa. Mientras la Inspección Educativa mantiene una vigilancia extrema sobre las ausencias del profesorado, llegando incluso a proponer sanciones económicas por retrasos o discrepancias mínimas en la justificación horaria de una consulta médica, la propia Administración se permite dejar sin cubrir durante quince días la ausencia perfectamente previsible de un docente alegando motivos presupuestarios.

USTEA considera que este comportamiento refleja un preocupante nivel de cinismo institucional y una profunda falta de respeto hacia el profesorado y hacia la educación pública. La Administración exige el máximo rigor a sus trabajadoras y trabajadores, pero no aplica ese mismo nivel de responsabilidad cuando se trata de garantizar el funcionamiento normal de los centros educativos.

Por todo ello, USTEA exige la retirada inmediata de estas instrucciones, la cobertura automática de todas las sustituciones derivadas de permisos legalmente reconocidos y un compromiso real de la Junta de Andalucía con la educación pública, el profesorado y el derecho del alumnado a recibir una enseñanza de calidad.