Redacción •  Actualidad •  02/08/2021

Cerca de la mitad de las inspecciones del Ministerio de Trabajo en el campo concluyeron en sanción por fraude laboral

  • Después de que a finales de 2020 se publicasen los datos para las empresas más sospechosas, 1.647 visitas a los centros de trabajo desde mayo con 1.178 infracciones por «economía irregular», es decir, más del 70% de las investigadas, más de 7 millones de euros en multas y 330 trabajadores en situación ilegal regularizados, este año se mantiene una cifra muy alta tras extenderse las inspecciones hasta 7.137 empresas.
  • El Ministerio de Trabajo ya ha realizado cambios normativos para que la Inspección pueda tener más protagonismo en las situaciones de pobreza y exclusión denunciada en numerosas ocasiones, incluyendo el relator de la ONU, Philip Alston. En esta línea modificó la regulación para que los inspectores tuvieran acceso a las condiciones habitacionales que deriven del contrato de trabajo, o cedidas por las empresas.
Cerca de la mitad de las inspecciones del Ministerio de Trabajo en el campo concluyeron en sanción por fraude laboral

874 infracciones por «trabajo irregular de personas extranjeras», multas de cerca de 18 millones de euros y «casos de esclavitud» después de que el ministerio que encabeza Yolanda Díaz ordenase más de siete mil inspecciones de Trabajo en el campo. Datos actualizados hasta el pasado 31 de mayo que arrojan más de tres mil infracciones en total relacionadas con las condiciones laborales, la seguridad y la salud en el trabajo, la economía irregular y la situación de los trabajadores extranjeros.

Según publica Infolibre, el 42% de las 7.137 inspecciones concluidas desde que se iniciara la campaña contra la economía irregular en mayo de 2020 han derivado en infracciones por fraude laboral: Las inspecciones no solo corresponden a la campaña agraria lanzada por el ministerio sino también a visitas denominadas «ordinarias», es decir, por decisión de los inspectores cuando localizan casos de fraude. En estas visitas ordinarias se han producido 847 altas de oficio, al descubrir los funcionarios que determinados trabajadores o trabajadores no están convenientemente encuadrados en el régimen laboral que les corresponde, por lo que se les da de alta.

Se han documentado casos como el de un empresario detenido en Murcia por tener a jornaleros 13 horas al día por 15 euros y sin contrato, o un matrimonio que tenía a extranjeros sin papeles trabajando 14 horas diarias por 5,50 euros la hora y viviendo bajo un techo de uralita sin agua ni luz. También casos como uno localizado en Albacete, de trata de seres humanos para explotación laboral en granjas en condiciones de semiesclavitud.

En mayo de 2020, cuando se conoció que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, multiplicaría por cinco el número de inspecciones ante los claros indicios de situaciones de abuso en el campo, Félix Bariáin, presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), llegó a realizar declaraciones amenazantes a través del canal de twitter de UAGN Navarra: «le doy mi palabra que esta vez no vamos a ser pacíficos… como no retire las inspecciones y no retire ese cuestionario, no vamos a ser pacíficos».

El lobby patronal Interfresa, aseguró es un duro comunicado que la instrucción dada por el Ministerio de Trabajo a la ITSS «estigmatiza y extrapola una imagen errónea del sector y se le pide explicaciones a la ministra sobre el contenido de dicha instrucción en donde -según los propios medios- se transmiten directrices a los inspectores de Trabajo para que persigan las supuestas condiciones de esclavitud laboral o prácticas similares o malos tratos en las campañas agrícolas de mayo y junio».

Organizaciones como Asaja, COAG o UPA criticaron entonces con dureza la decisión de la Ministra de investigar y buscar posibles casos de explotación laboral en el sector. Pero la generalización del fraude en el campo más allá de casos aislados o excepciones también deja en evidencia a la patronal agraria, COAG o Asaja, que cuestionan esta realidad.

La campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social también fue recibida como un “ataque” por la Junta de Andalucía, desde la que se reprochó a la ministra que proyectara «la sombra de duda» sobre uno de los motores básicos de la economía española. En ese sentido se manifestaron el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y su Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo”. También descalificaron  la iniciativa la senadora onubense de Ciudadanos, María Ponce, y el diputado popular por Huelva y alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, quien llegó a aventar oscuras maniobras revolucionarias y de inspiración bolivariana tras las inspecciones de la ITSS.

Foto: CADTM

La situación de las jornaleras en los campos de fresa de Huelva

En junio, Díaz mantuvo un encuentro con una representación de las Jornaleras Huelva en Lucha, así como con el colectivo La Laboratoria. Espacios de Investigación Feminista para abordar las conclusiones de su informe “La situación de las jornaleras en los campos de fresa de Huelva”. La ministra puso en valor el informe, su exhaustividad y ha reafirmado el compromiso del Ministerio y del Gobierno en su conjunto para luchar “contra este tipo de prácticas que vulneran los derechos laborales y los derechos humanos”.

El Ministerio aborda esta situación como una “prioridad” y procura su erradicación desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por lo que estudiará en detalle el contenido de este informe y trabajará “en el marco de sus competencias” reforzando las campañas para perseguir las conductoras que lesionen los derechos de las jornaleras.

Las actuaciones en Huelva suponen un 17% del total de las de 2020 y un 28% en el primer trimestre de 2021, cuando se concentra gran parte de la campaña de la fresa de Huelva.

El informe denuncia la explotación y la agravación de la situación para las mujeres que trabajan especialmente en la recogida del fruto rojo, entre otras cuestiones: malas condiciones, discriminación, comportamientos denigrantes y abusos.

Denuncian, además, incumplimientos en materia de retribuciones, jornada, régimen disciplinario, prevención o condiciones de los alojamientos.

«La discriminación por razón de género es evidente al ser un sector feminizado y precarizado en donde se producen situaciones flagrantes de vulneración de derechos, tanto laborales, de asistencia y prestación sanitaria, de dignidad personal e integridad física y moral, de servicios mínimos y habitabilidad”, señala el informe.

Inspecciones en verano con especial atención al golpe de calor

Yolanda Díaz, y el director del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS), Héctor Illueca, presentaron el pasado 26 de julio el plan de actuación de la Inspección que por primera vez presta una especial atención al golpe de calor.

“Somos un Ministerio preocupado por la salud y seguridad de los trabajadores y no dejaremos de trabajar para garantizar unas condiciones dignas para todas las personas trabajadoras de este país”, ha señalado la ministra, que recordó el caso del trabajador del campo Eleazar Blandón, fallecido en agosto del año pasado, a los 42 años, por estas circunstancias.

“Lo que queremos es evitar lo que vimos el año pasado con Eleazar Blandón y el sufrimiento de su familia”, ha añadido la vicepresidenta.

Con este plan, la Inspección de Trabajo pone el foco de manera decida en la exposición a las elevadas temperaturas, un riesgo para la salud que en ocasiones puede tener consecuencias letales.

Enlace a BUZÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL


Yolanda Díaz /