Catalunya limitará la compra especulativa de vivienda tras el acuerdo entre PSC y Comuns para aprobar los presupuestos
El Govern y Comuns han cerrado un acuerdo para desbloquear los presupuestos de la Generalitat con la vivienda como principal eje político de la negociación. El pacto incluye nuevas limitaciones a la compra de pisos por parte de grandes tenedores, más inversión pública y medidas para ampliar el parque de vivienda asequible en Catalunya.
Una de las iniciativas más destacadas exigidas por Comuns es la reforma legal que impedirá a grandes propietarios adquirir viviendas en municipios declarados como zonas tensionadas si la operación tiene un carácter especulativo. Según el acuerdo, estas compras solo podrán realizarse en determinados supuestos, como destinar los inmuebles a alquiler asequible o vivienda habitual.
La medida llega en un contexto marcado por el aumento de precios del alquiler y la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente en Barcelona y su área metropolitana. Tanto PSC como Comuns han defendido que el objetivo es frenar operaciones de inversión que reducen la oferta residencial y presionan todavía más los precios.
El pacto presupuestario también prevé movilizar hasta 2.500 millones de euros durante la legislatura en políticas de vivienda. Parte de estos recursos se destinarán a la construcción y compra de vivienda pública, ayudas al alquiler y rehabilitación de edificios y barrios.
También como exigencia de Comuns, el Govern creará una Dirección General de Disciplina de Vivienda, un nuevo organismo encargado de perseguir fraudes y controlar el cumplimiento de la regulación del alquiler, incluyendo posibles incumplimientos de los topes de precios.
Jéssica Albiach, Comuns, explica que l'acord de pressupostos amb el govern inclou 2.500 milions d'euros en polítiques d'habitatge i una nova llei per poder reconvertir oficines i locals comercials buits en habitatges de protecció oficial https://t.co/aOzNV55Weu #Matins3Cat pic.twitter.com/gzeeOdgRB4
— 3CatInfo (@3CatInfo) May 21, 2026
Otro de los puntos acordados es facilitar la conversión de oficinas y locales vacíos en vivienda protegida, una medida con la que el Ejecutivo busca incrementar la oferta disponible sin necesidad de nuevos desarrollos urbanísticos.
Desde Comuns consideran que el acuerdo supone “un cambio de rumbo” en las políticas de vivienda de la Generalitat, mientras que el PSC defiende que los presupuestos combinan intervención pública y seguridad jurídica para aumentar la oferta y contener los precios.
El acuerdo deberá traducirse ahora en modificaciones legislativas concretas y en la aprobación definitiva de las cuentas en el Parlament, donde el Govern necesita asegurar una mayoría suficiente para sacar adelante los presupuestos.
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