Incendios en el suroeste de Madrid y Ávila: drama ambiental, desregulación urbanística e impunidad

Impacto ambiental en espacios protegidos

En 2026, los grandes incendios (Los Gallardos, La Vall d’Uixó, Fermoselle, La Mierla, Suroeste de Madrid y Ávila) han calcinado 89.597 hectáreas de Red Natura 2000, superficie equivalente a Madrid, Alcobendas, Tres Cantos, Colmenar Viejo y Torrelodones juntos. Solo en Madrid y Ávila se han perdido 52.405 hectáreas protegidas: Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofio, Pinares del bajo Alberche, Valle de Iruelas y Valle del Tiétar. Estos santuarios de biodiversidad albergaban especies en peligro como el buitre negro o la cigüeña negra.

Causas: el 81% de los incendios son evitables

Ningún gran incendio de este verano habría ocurrido sin acción humana. Ejemplos: soldadura ilegal en Almorox-Villa del Prado (dos detenidos), maquinaria pesada para abrir caminos ganaderos en Burgohondo y maquinaria agrícola en La Mierla, barbacoa en Fermoselle, empacadora en Luesia, «mecherazo» en La Vall d’Uixó y cable eléctrico en Los Gallardos.

Según el MITERD (2005-2016), el 53% de los incendios son intencionados (quemas agrícolas y de pastos) y el 28% negligencias, totalizando un 81% evitable. Sin embargo, la prevención basada en causalidad que exige la Ley 43/2003 de Montes queda opacada por el debate genérico sobre «limpieza de montes».

En 2024, solo 306 personas fueron detenidas/investigadas de 1.733 incendios (18%), y se desconoce cuántas terminaron en condena. Es urgente romper la impunidad.

Urbanización: el modelo que prioriza el lucro

El problema no es una fatalidad climática, sino un modelo que prioriza la especulación urbanística sobre la seguridad. Desde 1972 existe la obligación de fajas de protección (hoy 30 metros en Madrid), pero promotores y administraciones incumplen sistemáticamente para no reducir el aprovechamiento lucrativo.

De las 2.930 zonas de interfaz urbano-forestal (23.699 ha) en la Comunidad de Madrid, solo 68 PAIF (2,3%) están aprobados. La responsabilidad recae en ayuntamientos, que tampoco cumplen: de 42 municipios obligados a tener PAMIF, solo 33 lo han aprobado.

La titularidad privada del 62% de los montes madrileños dificulta la actuación pública, aunque el abandono es responsabilidad de sus propietarios.

Ley LIDER: agravará el problema

La nueva Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) facilitará la construcción de núcleos urbanos y viviendas aisladas en suelo rural y forestal, trasladando la responsabilidad de las franjas de seguridad a los titulares de los montes y perpetuando el modelo fallido.

Exigencias de la Plataforma Ecologista Madrileña

Los colectivos Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, como miembros de la Plataforma Ecologista Madrileña, proponen:

Actuar contra los incendios requiere:

1. Prevención real: investigar y sancionar las causas, con campañas disuasorias y medidas restrictivas en épocas de alto riesgo.
2. Cumplimiento normativo: exigir PAIF y PAMIF con franjas de 30 metros, asumiendo los promotores los costes.
3. Paralización de la Ley LIDER en aspectos que permitan urbanizar suelo forestal.
4. Protección de los ecosistemas: no demonizar el sotobosque ni los espacios protegidos; la reducción de vegetación debe centrarse en entornos urbanos y vías de comunicación.

El incendio de Tres Cantos-Viñuelas fue un aviso. Lo que ocurre ahora confirma que, sin un cambio de modelo, esta tragedia se repetirá con consecuencias cada vez más graves.