Avanza la ofensiva reaccionaria, regresiva y antipopular del gobierno de Kast, Quiroz y sus acólitos

A cinco meses de la instalación del gobierno de republicanos encabezado por Kast, Quiroz y sus acólitos y las fuerzas políticas que representan los intereses de la gran burguesía monopólica, el balance de coyuntura política permite constatar con claridad el contenido de clase del nuevo régimen. La llamada oposición u oposiciones no tiene relevancia y se debate entre la contestación regulada y la colaboración subordinada. El pueblo y la clase trabajadora organizada aun expresando señales de resistencia y voluntad de lucha, no logramos configurarnos como una alternativa política y social a los ojos y voluntades de las y los oprimidos y explotados.

Lejos de constituir un gobierno orientado a resolver las necesidades más urgentes de la población en lo que han llamado “situación de emergencia”, esta administración ha consolidado una ofensiva política, económica represiva e ideológica destinada a profundizar el modelo de acumulación capitalista, fortalecer el dominio de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros y reconfigurar la correlación de fuerzas en favor del capital en desmedro de las y los trabajadores y las familias populares.

La política impulsada por el Comité Político del gobierno encabezado por Kast, pero franqueados por Quiroz, Alvarado, Ruminot, Arrau y Wulf, no constituye un fenómeno aislado ni responde únicamente a decisiones administrativas coyunturales. Se inscribe en la crisis estructural del capitalismo monopólico y en su actual patrón de acumulación neoliberal, caracterizada por la desaceleración económica internacional, el aumento de las contradicciones entre las principales potencias capitalistas (EE. UU – China), la creciente concentración de la riqueza y el deterioro sostenido de las condiciones de vida de la clase trabajadora y el pueblo. En este escenario, las clases dominantes buscan seguir acrecentando sus tasas de ganancia trasladando los costos de la crisis sobre la clase trabajadora y los sectores populares y clases y pueblos oprimidos, mediante mayores niveles de explotación, precarización laboral, privatización de derechos sociales y restricción de las libertades democráticas, medidas todas que son parte del paquete legislativo que, peleas menos peleas más, está siendo aprobado en este momento en el parlamento y consolidan un escenario de acuerdo estratégico entre el gobierno y la “oposición”.

I. La regresión neoconservadora como proyecto político del gran capital

Desde el principio de su mandato a inicios de marzo, el gobierno ha impulsado una agenda claramente orientada hacia una profunda regresión neoconservadora del orden político y económico. Bajo consignas como el «orden», la «seguridad», la «libertad económica» y el «crecimiento», pretende legitimar una nueva fase de profundización del modelo económico construido durante la dictadura cívico – militar y administrado posteriormente por los distintos gobiernos de la transición “democrática” en un formato de alternancia del duopolio, donde tantos unos como otros han aportado a sostener y profundizar el modelo de explotación y opresión capitalista. Esta profundización y ruptura del modelo implica cambios en el patrón de acumulación, los cuales se están configurando a escala internacional, como camino de la gran burguesía monopólica financiera para “superar” la crisis.

Las reformas promovidas por el actual gobierno buscan ampliar los espacios de valorización del capital privado mediante nuevas privatizaciones, la reducción del papel social del Estado, la liberalización de mercados, la desregulación económica y el fortalecimiento de los monopolios financieros, energéticos, extractivos y comerciales. Estas medidas son presentadas como soluciones técnicas para dinamizar la economía, ocultando que constituyen mecanismos destinados a incrementar la explotación de la fuerza de trabajo y reforzar la concentración de la riqueza en manos de una reducida fracción de la burguesía. El actual gobierno no rompe con el modelo económico heredado; por el contrario, procura profundizar sus aspectos más regresivos mediante una ofensiva destinada a consolidar la hegemonía del capital financiero y de los grandes grupos empresariales sobre el conjunto de la sociedad apuntando así a agudizar la extracción de plusvalía, aumentar sus ganancias de lucro obsceno y la desigualdad opresiva y aumentar mayores niveles de concentración de capital y poder.

II. Crisis económica y ofensiva contra las condiciones de vida de la clase trabajadora y el pueblo

La situación económica continúa marcada por de desaceleración económica y la amenaza muy cierta de recesión, elevados niveles de endeudamiento de los hogares, pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales, persistencia del desempleo y la precarización laboral y un incremento sostenido del costo de la vida. Mientras las grandes empresas mantienen elevados niveles de rentabilidad y concentración económica, las condiciones de vida y desarrollo de la clase trabajadora y el pueblo oprimido se deterioran de manera sostenida. En estos tiempos de ofensiva regresiva neoconservadora la gran burguesía monopólico financiera aumenta de manera escandalosa esas ganancias usureras a costa de la intensificación de la explotación del trabajo y la destrucción de empresas pequeñas y medianas. Millones de trabajadores y trabajadoras enfrentan condiciones crecientemente inestables para asegurar su reproducción material y su propia sobrevivencia como vendedores de fuerza de trabajo. Otros cientos de miles (no calificados, migrantes, etc.) son empujados a trabajos informales y con total desprotección o a falsos “emprendimientos” que en realidad fundamentalmente están al servicio de la gran industria y comercio. La persistencia de elevados niveles de desigualdad, junto con la subordinación de la economía nacional a los intereses del capital financiero y del imperialismo, evidencia que la aparente estabilidad macroeconómica descansa sobre la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo y el deterioro de las condiciones de vida de las y los trabajadores.

Frente a esta realidad, la respuesta gubernamental no ha consistido ni puede hacerlo dado los intereses de clase que representa y defiende en fortalecer derechos sociales ni mecanismos redistributivos reformistas, sino en profundizar las políticas favorables al gran empresariado mediante subsidios, incentivos tributarios, flexibilización regulatoria y nuevas garantías para la inversión privada. La mercantilización de la salud, la educación, la vivienda, las pensiones y otros derechos continúa avanzando como parte de una estrategia destinada a ampliar nuevos espacios de acumulación para el capital y de debilitamiento del estado residual en la esfera “económica y social”

III. La ofensiva contra la clase trabajadora

Uno de los ejes centrales de la política de la burguesía y del conjunto del bloque en el poder se concentra en modificar las relaciones laborales en beneficio del gran capital. Bajo el argumento de aumentar la competitividad, atraer inversiones y elevar la productividad, el gobierno de Kast impulsa iniciativas orientadas a profundizar la flexibilización del empleo, debilitar la estabilidad laboral, limitar la negociación colectiva y restringir la capacidad de organización sindical; estas políticas expresan una estrategia histórica del capital destinada a abaratar el costo de la fuerza de trabajo, incrementar la tasa de explotación mediante la intensificación de los ritmos productivos y reducir la capacidad de resistencia organizada del movimiento de trabajadores.

En este marco, el Ejecutivo ha promovido una agenda que incluye la flexibilización de las jornadas de trabajo mediante mayores facilidades para la distribución irregular del tiempo laboral y el incremento de mecanismos de adaptabilidad pactados en condiciones de profunda desigualdad entre trabajadores y empleadores; incentivos para ampliar la subcontratación y la externalización de funciones; la reducción de regulaciones consideradas «obstáculos» para la inversión privada; el fortalecimiento de incentivos tributarios y subsidios al gran empresariado sin contrapartidas equivalentes para las y los trabajadores; y una política de contención del gasto público que afecta el empleo estatal y las políticas sociales. Paralelamente, el discurso gubernamental busca instalar la idea de que los derechos laborales constituyen un freno al crecimiento económico, legitimando nuevas ofensivas contra conquistas obtenidas mediante décadas de lucha sindical, clasista y popular, ejemplo de ellos son las propuestas “técnicas” de la mesa de reactivación laboral. Las políticas laborales no pueden entenderse de manera aislada. Forman parte de una ofensiva más amplia que busca recomponer las condiciones de acumulación del capital en un escenario de crisis económica, desaceleración del crecimiento y aumento de la conflictividad social. La precarización del empleo, el debilitamiento de las organizaciones sindicales, la criminalización de la protesta social y el fortalecimiento del aparato represivo del Estado constituyen dimensiones complementarias de una misma estrategia destinada a garantizar la reproducción del orden capitalista y preservar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales.

La actual administración, representada por Kast, el “vicepresidente” Quiroz, los Ossandón, los Larraín, no es una anomalía en un pretendido orden democrático liberal, representa una necesidad (no necesariamente deseada) de la clase dominante frente a la profunda, integral y larga crisis que enfrenta el capitalismo a nivel mundial.

Frente a esta ofensiva resulta imprescindible fortalecer el sindicalismo clasista y combativo, recuperar la independencia política del movimiento de trabajadores y trabajadoras respecto de la burguesía y sus distintas expresiones políticas, desarrollar organismos de democracia clasista desde los lugares de trabajo y avanzar en la articulación de un amplio campo clasista, popular y revolucionario. En los territorios, lugares de estudio, allí donde vive y se expresan las masas empobrecidas y oprimidas, debemos desarrollar dispositivos, organizaciones de lucha, construcción de alternativa, espacios de masas que vayamos enfrentando de manera creativa los desafíos de las luchas reivindicativas y democráticas, contra las políticas regresivas neoconservadoras. 

La movilización, la huelga, la solidaridad de clase y la organización consciente de las masas constituyen herramientas legítimas e indispensables para defender las conquistas históricas obtenidas mediante décadas de lucha popular y para avanzar hacia transformaciones estructurales que superen las relaciones de explotación propias del capitalismo, abriendo paso a una perspectiva revolucionaria de poder para la clase trabajadora y el pueblo.

IV. Autoritarismo, seguridad, fortalecimiento del aparato represivo y carácter del estado

La política de seguridad impulsada por el gobierno constituye uno de los pilares fundamentales de su proyecto político. Bajo el discurso del combate contra la delincuencia y el crimen organizado, se fortalece el aparato coercitivo del Estado mediante la ampliación de las atribuciones policiales, el endurecimiento del sistema penal y la expansión de mecanismos de vigilancia y control social.

Paralelamente, se instala una ofensiva ideológica que busca identificar la protesta popular, las organizaciones clasistas y las luchas territoriales como amenazas para el orden público. Esta narrativa pretende legitimar la criminalización de la movilización y generar condiciones favorables para restringir derechos democráticos fundamentales, tal como lo hemos visto a lo largo y ancho del país durante estos meses, donde ante cualquier movilización o protesta de los sectores populares la respuesta inmediata es el discurso hegemónico criminalizador y la presencia de las fuerzas del orden.

Esta pretensión policiaca reaccionaria, debemos reconocer, ha logrado ciertos grados de legitimidad incluso en las masas oprimidas. Amplios sectores se suman, debido a la combinación de una vivencia de la violencia y la exclusión con los dispositivos ideológicos de manipulación y control de masas, al coro de la seguridad y el miedo. Con esto operan objetivamente contra sus propios intereses. Aceptan delegar en el estado policiaco y sus fuerzas represivas sus esperanzas de tranquilidad y vida digna, renunciando al protagonismo de las y los pobres organizados con perspectiva clasista en la resolución de los problemas de los territorios y espacios populares. La seguridad y la lucha contra las bandas de crimen organizado y narcotráfico sólo pueden tener éxito, desde la perspectiva del pueblo, sus necesidades y reales intereses, con el poder popular y la autodefensa por parte de las y los propios trabajadores.

Lejos de enfrentar las causas estructurales de la violencia de la sociedad de clases—desigualdad, exclusión, pobreza, explotación y opresión—, estas políticas buscan garantizar las condiciones políticas necesarias para la reproducción del orden capitalista y proteger los intereses económicos de la clase dominante. La experiencia acumulada durante estos primeros meses confirma nuevamente el carácter de clase del Estado chileno. Las instituciones estatales actúan prioritariamente como garantes de las condiciones generales de reproducción del capital, asegurando estabilidad política para los grandes grupos económicos mientras restringen los márgenes de organización independiente de la clase trabajadora y el pueblo.

La aparente neutralidad institucional queda desmentida por la orientación concreta de las políticas públicas, que privilegian sistemáticamente los intereses empresariales frente a las necesidades de la mayoría trabajadora. Buscando desmantelar la poca estatura del estado que hoy tiene injerencia en el despliegue de la política pública y social, y cediendo una vez más estos espacios a quienes buscan lucrar con los derechos de las y los trabajadores y sus familias.

V. Coyuntura internacional: crisis del imperialismo y profundización de las contradicciones mundiales

La actual situación política internacional se caracteriza por la profundización de la crisis general del imperialismo, entendida como expresión histórica del agotamiento del modo de producción capitalista monopólico. Las contradicciones fundamentales desde nuestra perspectiva ideológica se desarrollan de manera cada vez más aguda: la contradicción entre el trabajo y el capital; entre las potencias imperialistas y los pueblos oprimidos; entre las propias potencias capitalistas por la repartición del mundo y sus guerras de rapiña; y entre el carácter social de la producción y la apropiación privada de la riqueza.

La crisis actual no constituye una simple recesión económica ni una perturbación coyuntural del mercado mundial, como lo plantean los defensores acérrimos del sistema de explotación y opresión. Es la manifestación del carácter históricamente decadente del imperialismo, incapaz de superar sus propias contradicciones sin descargar el peso de la crisis sobre las masas trabajadoras y los pueblos del mundo. La concentración monopolista del capital, la hegemonía del capital financiero, la sobreacumulación, el endeudamiento estructural, la especulación financiera y la destrucción sistemática de las fuerzas productivas revelan los límites históricos del capitalismo y confirman la vigencia de las leyes descubiertas por Marx y desarrolladas por Lenin, esta crisis tiene un carácter integral, profunda y de larga data, que ha venido golpeando con extrema dureza a millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo.

La revolución científico-tecnológica y el desarrollo de nuevas dinámicas en la producción no han eliminado la explotación, sino que la han profundizado mediante nuevas modalidades de precarización laboral, control digital del trabajo y expansión del ejército industrial de reserva. Mientras los monopolios transnacionales concentran niveles sin precedentes de riqueza, cientos de millones de trabajadores y trabajadoras enfrentan desempleo, informalidad, precarización laboral, deterioro salarial y pérdida de derechos conquistados mediante décadas de lucha contra la burguesía y los dueños del poder y la riqueza.

En los países oprimidos por el imperialismo, la crisis adquiere un carácter aún más profundo. La semicolonialidad y la colonialidad se expresa en la dependencia económica, financiera, tecnológica, militar y cultural que mantiene subordinadas las economías nacionales a los intereses del capital monopolista internacional. El extractivismo, el endeudamiento externo, la desnacionalización de los recursos estratégicos y la subordinación de las “burguesías locales” al capital extranjero configuran economías deformadas, incapaces de desarrollar un proyecto nacional independiente.

La creciente confrontación entre Estados Unidos y la República Popular China expresa la intensificación de las contradicciones intercapitalistas propias de la fase imperialista. Desde nuestra perspectiva, ninguna de estas potencias representa una alternativa emancipadora para el proletariado y los pueblos. La competencia por los mercados, las cadenas globales de valor, los recursos estratégicos, el control tecnológico y las rutas comerciales responde a la lógica de expansión del capital y a la disputa por la hegemonía mundial. En consecuencia, el proletariado internacional debe mantener una posición de independencia de clase, rechazando toda subordinación a cualquiera de los bloques en disputa y combatiendo de manera directa la desatada guerra de rapiña de las potencias por el control global de los mercados y el poder.

En este contexto, Chile continúa subordinando su inserción internacional a los intereses del capital transnacional y del imperialismo, profundizando su condición de capitalismo semicolonial (aun cuando grupos monopólicos invierten en otros países de la región, buscando mayores niveles de explotación y lucro) como exportador de materias primas y receptor de inversiones orientadas fundamentalmente al extractivismo depredador como fuente de recursos para el capitalismo internacional.

VI. La bancarrota de las alternativas reformistas y socialdemócratas de distinto cuño

Las disputas entre las distintas fracciones de la burguesía —conservadoras, liberales, socialdemócratas, reformistas o progresistas— expresan diferencias respecto a la administración del capitalismo, pero no cuestionan las bases materiales sobre las cuales descansa el sistema: la propiedad privada de los grandes medios de producción, la explotación del trabajo asalariado, la concentración de la riqueza y la dependencia respecto del capital imperialista. En ese marco, la alternancia entre distintos bloques políticos no representa una modificación del carácter de clase del Estado, sino únicamente distintas formas de gestionar la acumulación capitalista y garantizar las condiciones generales de reproducción del orden burgués.

Las experiencias políticas de las últimas décadas han demostrado los límites históricos del reformismo para modificar las estructuras fundamentales del capitalismo, de hecho, más que límites incluso podemos afirmar que el reformismo y el progresismo contemporáneo ni siquiera busca la hipotética transformación gradual del capitalismo, sino más bien un capitalismo, tan pretendidamente como imposible, humano, verde o sustentable, más democrático llegan a decir. Los sucesivos gobiernos, tanto de signo conservador como socialdemócrata o progresista, han administrado el mismo modelo económico heredado de la dictadura, preservando la hegemonía del gran capital financiero, minero, forestal, energético y agroexportador. Incluso aquellas reformas presentadas como transformaciones estructurales han terminado subordinadas a los márgenes permitidos por la institucionalidad burguesa, los acuerdos con el empresariado y las exigencias de los organismos financieros internacionales. Los cambios y ajustes dentro del capitalismo más bien buscan encontrar solución al agotamiento terminal del patrón de acumulación.

La coyuntura política actual confirma esta tendencia. El gobierno de Kast impulsa una ofensiva reaccionaria destinada a profundizar la flexibilización laboral, fortalecer los mecanismos represivos del Estado, ampliar las condiciones para la inversión privada y acelerar nuevos procesos de privatización y mercantilización de derechos sociales. Frente a ello, los sectores de la oposición “constructiva” limitan su accionar a la disputa parlamentaria, a la defensa del orden constitucional y a la búsqueda de futuros acuerdos electorales, sin levantar una alternativa que cuestione efectivamente el dominio del capital monopolista ni la inserción de Chile en el sistema imperialista. De este modo, la confrontación política dominante se reduce a una disputa por la administración del mismo modelo de explotación y la imposición de un nuevo patrón de acumulación, mientras las condiciones de vida de la clase trabajadora continúan deteriorándose.

La incapacidad del progresismo y de la socialdemocracia para ofrecer una salida favorable a las grandes mayorías no constituye un problema de voluntad política ni de errores de gestión, sino una consecuencia objetiva de su aceptación de los límites del Estado burgués y de la economía capitalista, a los verdaderos intereses que defienden, es decir, a los intereses de facciones de la burguesía, nunca a pesar de su retórica vacía, a intereses de las masas populares. Al renunciar a la independencia política de la clase trabajadora y privilegiar la conciliación de clases, estas corrientes terminan administrando las contradicciones del capitalismo en lugar de resolverlas, contribuyendo a contener la movilización popular y a desviar las luchas hacia el terreno institucional.

La actual crisis de representación política, el creciente descrédito de los partidos tradicionales, la profundización de la desigualdad social y el avance de tendencias autoritarias constituyen manifestaciones de la crisis estructural del capitalismo y del agotamiento histórico de las alternativas reformistas. Ninguna transformación profunda podrá surgir de acuerdos parlamentarios, negociaciones entre las distintas fracciones de la burguesía o pactos institucionales que preservan intacto el poder económico de los grandes monopolios. La experiencia demuestra que toda conquista popular obtenida exclusivamente dentro de los márgenes de la institucionalidad burguesa permanece subordinada a las necesidades de reproducción del capital y puede ser revertida cuando las condiciones de acumulación así lo exigen.

VII. Las tareas de los comunistas revolucionarios y las y los clasistas

Resulta imprescindible, reconstruir un movimiento clasista y popular con independencia de clase y perspectiva de poder, impulsar formas superiores de articulación tanto políticas como sociales en el marco del Bloque Popular Revolucionario y el Frente Político, entre las organizaciones revolucionarias, sindicales, estudiantiles, territoriales, feministas de clase, campesinas, entre otras que permita romper la dispersión y la fragmentación; elevar el nivel de conciencia política de las masas a través de la agitación y propaganda y la lucha ideológica y avanzar hacia la construcción del Partido Comunista Revolucionario, como alternativa revolucionaria capaz de enfrentar integralmente al capitalismo y al dominio del imperialismo.

En el presente resulta impostergable y urgente asumir decididamente la lucha económica por salarios, condiciones laborales y derechos populares y que ésta debe articularse con la lucha política por transformar las relaciones de poder existentes. Solo un movimiento revolucionario organizado podrá enfrentar eficazmente la ofensiva del gran capital y hoy es urgente fortalecer tanto cuantitativamente como cualitativamente los diversos destacamentos revolucionarios, clasistas y populares.

La ofensiva regresiva y reaccionaria de la clase dominante nos pone desafíos inmediatos que debemos afrontar con decisión, con respuestas adecuadas y con ideas de futuro y transformación. Articular la resistencia como condición necesaria para el rearme del campo popular, clasista y revolucionario, resistencia política de masas y combativa. Resistencia tanto frente a las ideas y sentido común como frente al tráfico ideológico del reformismo y las posiciones vacilantes al interior del movimiento de masas.

Sabemos que este momento político hará reaparecer los llamados al pragmatismo y la conciliación de clases. Al gradualismo derrotista, que nos venderá la imposibilidad de la ruptura revolucionaria y por lo tanto, nos invitará al realismo derrotista. Incluso nos dirán que van a copar las instituciones para transformarlas por dentro, nos hablarán de movilización de masas e incluso de poder popular “comunal”.  Los partidos socialdemócratas, reformistas y revisionistas (PC, Frente Amplio, etc.) intentarán manipular la necesaria movilización popular contra las políticas regresivas para usarnos como fuerza de presión para su incesante negociación de cuotas de poder, nos llamaran a la unidad contra el gobierno reaccionario solo para reforzar sus posiciones en vistas de nuevas elecciones que casi nada eligen.

El reformismo de base intentará articularse en un “nuevo” (otra vez) frente o partido a legalizar. Su discurso será anti neoliberal y/o antifascista según convenga la oportunidad. Estos pretenden ocupar el mismo puesto en el espacio político del margen “izquierdo” de la institucionalidad, son los nuevos Todos a la Moneda o Frente Amplio con discurso trasgresor aparentemente rebelde y anti “duopolio”. En el “mejor” de los casos recorrerán el camino de integración subordinada al bloque en el poder tal y como el PC y el FA, en el otro caso serán tan trascendentes como Todos a la Moneda y desaparecerán terminadas las elecciones. Estos son los y las que se agruparán bajo Mondaca, Toledo, Olmos y Campillai.

Hay organizaciones que representan a la política vacilante, organizaciones que tienen origen en el campo revolucionario, pero no creen posible la revolución. Por el momento su origen clasista y popular no les permite romper definitivamente con el “deseo” de pertenecer al campo revolucionario y popular. Construyen una “política” que discursivamente vacila entre la construcción y el tejido popular y la “necesidad” de realismo expresado en la “posibilidad” de crecer al amparo de las instituciones burguesas. Pensamos que la dirección de este movimiento se encamina hacia la integración y la derrota. No dudamos que existen entre la militancia de estas organizaciones compañeros y compañeras de real impronta y potencial revolucionario, militantes de base comprometidos con las luchas populares y clasistas, a ellas y ellos le invitamos a romper con la vacilación, el oportunismo y el pragmatismo derrotista.

En el campo popular y revolucionario tenemos así mismo desafíos y tareas que enfrentar con urgencia vital a la vez que con paciencia histórica. Nuestra situación, aun considerando las diferentes realidades organizacionales existentes, es de insuficiente influencia entre las masas. Cuando hablamos de debilidad y falta de construcción de una verdadera alternativa popular y revolucionaria, estamos precisamente refiriéndonos a nuestras organizaciones. Comprendemos desde nuestra trinchera militante el rol que tienen las organizaciones políticas, como destacamentos políticos de vanguardia. Tenemos un deber que asumir, pues, desde nuestro punto de vista, la dispersión, sectarismo, falta de propuesta que se haga sentido común y razón de vencer en las masas (principalmente en estos tiempos en que se combina la profunda crisis del capitalismo, descontento inorgánico de las masas, desafección y descrédito de las instituciones del poder con una regresiva contraofensiva neoconservadora) es en gran parte nuestra responsabilidad. Si sabemos poner los intereses de la clase trabajadora y el pueblo oprimido al centro de nuestro quehacer, tenemos a obligación de combatir la dispersión con articulación y unidad política y social.

Quienes hablamos de unidad estamos en la obligación de actuar en consecuencia. La unidad de nuestras fuerzas dispersas crea condiciones propicias y necesarias para enfrentar con más calidad y masividad, con mayor contundencia y proyección, a la ofensiva regresiva neoconservadora y luchar a la vez contra el reformismo, el colaboracionismo de clases, el oportunismo y la vacilación impotente.

A quienes optan por el llamado camino propio y/o asumen que sus organizaciones por sí solas tienen las capacidades o pueden alcanzarlas en el corto plazo, les invitamos a discutir a lo menos iniciativas de articulación y acción mancomunada. 

Las organizaciones sociales y de masas que se reivindican del campo revolucionario y popular, que se reconocen en el clasismo combativo, anticapitalistas, antiimperialistas, quienes afirman la voluntad de luchar por los derechos y reivindicaciones inmediatas de las masas oprimidas, tienen así mismo la responsabilidad de avanzar en la coordinación, la articulación y la unidad en un rebelde movimiento de fuerzas populares y clasistas. Unificar las luchas, solidaridad, apoyo mutuo, democracia desde la base y acción directa al margen y en confrontación con la institucionalidad del poder y la corrupción. Esta es una tarea compleja y que necesita de generosidad, por cierto, pero que a la vez es necesaria pues nuestra desunión además de debilitarnos, fortalece al enemigo de clase.

La crisis del capitalismo en Chile está abierta y el bloque en el poder no ha sido capaz de cerrarla de acuerdo a sus intereses, aun cuando no podemos sino reconocer que por el momento tienen la iniciativa política, esta es inestable y con posibilidades ciertas de desborde y ruptura rebelde. Las condiciones para nuevos alzamientos con perspectivas de rebelión están presentes y en una olla a presión.  Están por lo tanto latentes las condiciones para saltos y cualificaciones en la lucha clasista, popular y revolucionaria. Esta afirmación no niega lo difícil de nuestras tareas, entendiendo que grandes sectores de masas están desencantados y desorientados.

Las tareas y desafíos antes nombrados requieren para su realización la disputa política para atraer a estos sectores hacia el campo de la rebeldía, la rebelión y la lucha por el poder. Esta disputa debe romper con las actitudes sectarias, principistas estériles y excluyentes. Aseguramos por nuestra parte que la consecuencia con los principios revolucionarios está en avanzar con unidad, decisión y voluntad de vencer.

Como Organización Comunista Revolucionaria llamamos por tanto en lo inmediato a reforzar la organización en los lugares de trabajo, estudio y en los territorios; fortalecer el sindicalismo clasista y combativo; desarrollar la unidad de acción del movimiento popular; defender las conquistas históricas alcanzadas mediante décadas de lucha y preparar las condiciones políticas y organizativas para enfrentar la creciente ofensiva reaccionaria, regresiva y antipopular impulsada por la burguesía y el conjunto del bloque en el poder.

La historia demuestra que ningún derecho ha sido concedido voluntariamente por las clases dominantes. Cada conquista del pueblo ha sido producto de la organización, la movilización y la lucha colectiva. Hoy, frente a la ofensiva del capital, esa enseñanza adquiere plena vigencia.

Solo la fuerza organizada del proletariado y del pueblo podrá abrir el camino hacia una sociedad sin explotación de clase, sin opresión y sin dominación imperialista. Frente al gobierno de los ricos, la respuesta debe ser más organización, mayor conciencia política, unidad clasista y lucha revolucionaria.

¡Abajo la ofensiva reaccionaria, regresiva y antipopular del gobierno de Kast, Quiroz y sus acólitos!

¡Que la crisis la paguen los ricos y no las y los trabajadores!

¡La Rebelión se Justifica!

¡Fuera Kast… Huelga General!

Organización Comunista Revolucionaria – OCR.

Chile, agosto 2026.