Honduras: Juan Orlando Hernández será juzgado por fraude y lavado de activos

La Justicia hondureña rechazó este lunes la detención judicial solicitada contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) y le permitió defenderse en libertad en el caso Pandora II por fraude y lavado de activos. Además de haber recibido una histórica condena por narcotráfico, Hernández resultó pieza clave en el golpe electoral en Honduras, cuando Donald Trump cometió injerencia expresa en las elecciones y, tras chantajear al pueblo, le impuso el voto al presidente de derechas Nasry Asfura.

El Poder Judicial de Honduras resolvió que este caso sea conocido por un tribunal especializado y no por un juez natural, como exigía su defensa. Durante toda la mañana, los tribunales de Tegucigalpa debatieron qué magistrado debía asumir el expediente. La defensa invocó la investidura de expresidente y alto funcionario que establece la Constitución de la República, mientras que el Estado sostenía que la causa correspondía a un juez experto en crimen organizado y corrupción.

El tribunal rechazó el argumento de la defensa y le informó a Hernández que ya no es un alto funcionario y que la investidura de expresidente no puede hacerse valer en este tipo de casos.

La clave de esa decisión es que el fuero que permite ser juzgado ante la Corte Suprema de Justicia corresponde a los funcionarios en ejercicio del cargo. Al concluir su mandato en 2022, y después de su extradición a Estados Unidos, Hernández perdió esa prerrogativa, por lo que su causa pasó a la jurisdicción ordinaria.

El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción quedó a cargo del expediente y programó la audiencia inicial para el miércoles 12 de agosto a las 09H00 hora local (15:00 GMT), cuando se definirá si el exmandatario va a juicio.

El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República habían solicitado la detención judicial del exgobernante, pero la defensa logró que se desestimara ese pedido y que Hernández continúe su proceso en territorio nacional.

El tribunal impuso medidas cautelares contempladas en el artículo 173 del Código Penal: quedar al cuidado de su equipo de defensa, presentar un informe semanal y rendir una caución juratoria, una promesa jurada de someterse al proceso penal. La orden de captura quedó revocada de forma inmediata.

El detalle que llamó la atención fue la autorización para salir del país siempre que el imputado lo notifique, una decisión que generó suspicacia y críticas dentro del propio Poder Judicial.

Algunos críticos alertan que con ese permiso Hernández podría darse a la fuga. Sin embargo, el exmandatario ha asegurado en distintas ocasiones que quiere enfrentar la justicia hondureña y permanecer en su país.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, justificó el dictamen al considerar la documentación de arraigo presentada por la defensa y señalar que, con base en los informes de riesgo y las condiciones de los centros penitenciarios, «lo ideal es la medidas cautelares distintas a la detención judicial».

Caso Pandora II

El caso Pandora II se abrió en 2023 y acusa a Hernández, de 57 años, de fraude y lavado de activos por el presunto desvío de unos 10.8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, cuando presidía el Parlamento hondureño.

Esos fondos habrían financiado su campaña electoral de 2013. En el expediente también figura el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien obtuvo un sobreseimiento definitivo, además de exdiputados, empresarios y particulares.

El exgobernante retornó a Honduras el 26 de julio pasado, después de ser extraditado en 2022 a Estados Unidos, donde fue condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico. El 1 de diciembre de 2025 recibió un indulto por Trump.

Hernández llegó este lunes al tribunal acompañado de familiares y bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público. En sus declaraciones, el imputado calificó el proceso como una persecución política de la «extrema izquierda».