El secuestro de Maduro y el secuestro de Venezuela

Camaradas,

La soberanía no consiste únicamente en tener una bandera, un Gobierno y unas instituciones. La soberanía significa también poder decidir qué se hace con las riquezas nacionales. Quién explota el petróleo. Quién lo vende. A quién se vende. En qué condiciones. Y quién controla el dinero que genera.

Si esas decisiones pasan a estar condicionadas por una potencia extranjera, estamos ante una pérdida real de soberanía económica, aunque formalmente siga existiendo un Gobierno venezolano —hoy encabezado por Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que asumió el poder tras la captura de Maduro y que, apenas un mes después, impulsó la reforma de la ley de hidrocarburos que abrió el sector petrolero a la inversión extranjera, rompiendo el control exclusivo de PDVSA—.

La legalidad violada mientras dure el secuestro

Quiero decirlo sin ninguna ambigüedad: mientras Nicolás Maduro permanezca secuestrado, la legalidad está siendo violada de forma continuada. No se trata de un hecho puntual, ya consumado y cerrado el 3 de enero de 2026. Es una violación que se prolonga cada día que Maduro sigue privado de su libertad y apartado por medios militares extranjeros del cargo para el que fue elegido.

Por eso sostengo que Nicolás Maduro sigue siendo el único presidente legítimo de Venezuela mientras no sea liberado de ese secuestro y mientras no pueda presentarse, en libertad y sin tutela extranjera, a unas elecciones limpias. Un gobierno designado tras un secuestro militar, bajo la supervisión y el condicionamiento explícito de Washington —como reconoce el propio Trump al negarse a fijar fecha electoral y decidir con quién habla y con quién no dentro de Venezuela—, no puede reclamar legitimidad democrática por mucho que se revista de institucionalidad formal. La legitimidad no nace de un avión militar ni de un acuerdo petrolero firmado bajo tutela ajena: nace de la voluntad popular expresada libremente, sin ocupación, sin secuestro y sin injerencia extranjera decidiendo quién gobierna.

La propaganda y sus eufemismos

Aquí es donde la propaganda intenta hacer su trabajo. Nos dirán que el petróleo sigue perteneciendo a Venezuela; que «Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos», como ha insistido el propio chavismo reconvertido al pragmatismo con Washington. Puede ser jurídicamente cierto en determinados aspectos. Pero esa afirmación no responde a la pregunta fundamental: ¿quién tiene el poder efectivo sobre ese petróleo?

No basta con preguntar quién aparece como propietario en un documento. Hay que preguntar quién controla la explotación, quién tiene los derechos económicos, quién decide sobre las ventas, quién obtiene el acceso preferente al crudo y quién controla los flujos financieros. Y los propios funcionarios de la Administración Trump lo han reconocido sin pudor: Washington ha asegurado esa posición «sin costo alguno para el contribuyente estadounidense», mientras el propio Trump declaraba a la prensa que Estados Unidos podría mantener el control de Venezuela y su petróleo durante mucho más de un año, sin comprometerse jamás a una fecha electoral ni a respaldar una transición democrática real.

Eso no es una cuestión semántica. Es poder. Y el poder económico también es soberanía.

El vocabulario del poder

Por eso rechazo los eufemismos. No voy a llamar «operación» a una intervención militar extranjera. No voy a llamar «captura» a un secuestro ejecutado mediante la fuerza. No voy a llamar «reconstrucción» a la entrega de condiciones privilegiadas sobre los recursos energéticos de un país. Y tampoco voy a aceptar que quienes realizan una intervención militar sean quienes decidan qué palabras tenemos derecho a utilizar para describirla.

La prostitución del lenguaje es también una forma de dominación. Primero se interviene. Después se cambia el Gobierno. Después se controlan los recursos. Y finalmente se construye un vocabulario destinado a convencer al mundo de que nada extraordinario ha sucedido.

No. Ha sucedido algo extraordinario. Una potencia extranjera ha utilizado su fuerza militar dentro de Venezuela, ha sacado por la fuerza al presidente del país —para juzgarlo en un tribunal de Nueva York por cargos que él mismo niega— y, posteriormente, ha conseguido una posición privilegiada sobre una parte gigantesca de las reservas petroleras venezolanas.

Eso es imperialismo. Y cuando un Estado emplea su aparato militar y su violencia para imponer por la fuerza sus intereses sobre otro pueblo, eso es terrorismo de Estado. No necesito que Washington utilice esas palabras. Precisamente porque Washington nunca las utilizaría para describir sus propios actos. El poder siempre tiene un vocabulario para sí mismo: «seguridad», «democracia», «estabilidad», «reconstrucción», «liberación», «operación». Pero los pueblos tenemos derecho a utilizar otro vocabulario cuando esas palabras ocultan la realidad.

Un imperialismo sofisticado

No hace falta que Venezuela desaparezca del mapa para que exista dominación. No hace falta colocar una bandera estadounidense sobre Caracas. El imperialismo moderno puede ser mucho más sofisticado: puede dejar las instituciones formalmente intactas mientras condiciona quién gobierna, quién controla los recursos y quién dispone de la riqueza. Puede permitir que exista un Gobierno venezolano —incluso uno surgido del propio chavismo— mientras Washington decide qué ocurre con una parte sustancial de su petróleo y mantiene, según se ha informado, un control efectivo sobre las finanzas y la política exterior del nuevo régimen.

Eso también es dominación.

Por eso el verdadero debate no debe terminar preguntando dónde está Nicolás Maduro, hoy sometido a un proceso judicial en suelo estadounidense. La pregunta decisiva es otra: ¿quién controla ahora Venezuela?

Porque si Estados Unidos puede decidir quién ocupa el poder, controlar una parte sustancial de sus reservas energéticas y controlar los flujos económicos asociados a ellas, entonces el problema ya no es solamente el destino de un presidente. Es el destino de todo un país y de su pueblo trabajador, que verá cómo la riqueza que le pertenece se negocia entre despachos de Washington y una élite dispuesta a pactar con el histórico adversario del chavismo con tal de conservar cuotas de poder.

Ni neutralidad ni autocensura

No acepto que nos pidan neutralidad ante una relación de fuerzas tan desigual. No acepto que la víctima tenga que utilizar el lenguaje del poderoso para explicar lo que le ha sucedido. Y no acepto que el miedo a ser acusado de «radical», «extremista» o «propagandista» determine las palabras que utilizamos.

No voy a autocensurarme para hacer más cómoda la realidad. Si una potencia extranjera entra militarmente en otro país, se lleva por la fuerza a su presidente y posteriormente obtiene una posición privilegiada sobre sus recursos energéticos, tengo derecho a denunciarlo como lo que considero que es: un secuestro ilegal de un presidente y un secuestro de la soberanía de un país.

Porque Maduro puede ser sustituido. Los Gobiernos pueden cambiar. Los presidentes pueden caer, ser extraditados, ser juzgados. Pero el petróleo sigue ahí. Y la verdadera pregunta que queda sobre la mesa es quién tendrá el poder de decidir sobre él, y en beneficio de quién correrán esos más de 100.000 millones de dólares en inversión que se prometen mientras el pueblo venezolano, empobrecido tras años de bloqueo y crisis, sigue sin certezas sobre elecciones libres ni sobre su propio futuro.

Ese es el verdadero secuestro que debemos mirar. No solamente el secuestro de Nicolás Maduro.

El secuestro de Venezuela.

Y hasta que ese secuestro termine, hasta que Nicolás Maduro sea liberado y pueda presentarse libremente, sin tutela extranjera, ante su pueblo, no reconoceré como legítimo ningún gobierno surgido de esa usurpación. La legalidad venezolana sigue vulnerada mientras dure el secuestro de su presidente.

Até a vitoria sempre!