Ante la aprobación de la “ley rider” por el Consejo de Ministros

El 12 de mayo se publicaba en el BOE el texto de la llamada “ley rider”, que ha tenido mucho más calado como proclama publicitaria del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, que como novedad legislativa. El Gobierno y la ministra han hablado de vanguardismo y de conquistas de derechos sociales, pero no han hecho más que aprobar un redactado legal de dos párrafos que no supone novedad alguna respecto a lo reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y que sentenciara el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, tras decenas de juicios que han tenido lugar entre denuncias y movilizaciones de los trabajadores. La medida se centra en el sector del reparto, cuyas reivindicaciones han tenido mayor alcance, en un intento de “apagar fuegos” y no incluir en el debate público la existencia de miles de falsos autónomos en otros sectores (logística, transporte, medios de comunicación, industria cárnica, etc.).

No es primera vez que denunciamos el discurso de atribución de medallas que utiliza sobre todo UP dentro del Gobierno, aplicado de manera paradigmática en este caso. Señalamos con rotundidad que han sido los trabajadores que han protagonizado movilizaciones y juicios, han sufrido despidos y han llevado el conflicto al debate social, el factor fundamental para que se les haya reconocido la laboralidad. Y denunciamos con la misma rotundidad que, durante la actual legislatura, Gobierno y Ministerio de Trabajo no han apoyado sino dado la espalda a los trabajadores, poniendo buena cara a ambiguos pronunciamientos para llamar a la conciliación, mientras permitían el fraude sistemático que cometían estas empresas.

Con este Real Decreto, no hay cambio sustantivo alguno a nivel jurídico ni procesal en cuanto al reconocimiento de la relación laboral, y los riders no cuentan con más ni menos garantías que antes de aprobarse. Las empresas ya estaban, en teoría, obligadas a contratar a los repartidores, y no se ha asegurado que a partir de ahora vaya a reforzarse la Inspección de Trabajo ni a haber medidas más exhaustivas para controlar el cumplimiento. Parece que, en lo sustantivo, va a seguir dependiendo de la capacidad de respuesta de los trabajadores, el avanzar en esta batalla parcial por el reconocimiento de la laboralidad.

La medida no se acompaña de ninguna penalización a las empresas que han incumplido sistemáticamente durante años la ley, ni de garantía alguna de que vayan a mantenerse los actuales puestos de trabajo: el Gobierno les deja vía libre para extinguir contratos mercantiles y laboralizar a la parte de las plantillas que les convenga. Ha tardado dos meses en publicar el texto en el BOE y concede otros tres a las plataformas para regularizar a los trabajadores. Los meses de calor pueden reportar mucho beneficio y parece que esto es mayor apremio que laboralizar a los trabajadores.

Este texto no anuncia un cambio en la dirección de políticas del Gobierno, ni tiene intención de frenar la “uberización”. Este proceso utiliza el adelanto digital y de programación de algoritmos para optimizar la explotación de la mano de obra, flexibilizando al máximo la disponibilidad de la misma por parte de las empresas, pudiendo usarla a conveniencia y prescindir de ella ya no los días, sino las horas y minutos que no sea rentable. Los intentos de disfrazar de modernidad y emprendimiento este fenómeno por parte de las patronales del sector no esconden que se trata de una modalidad de trabajo asalariado mucho más precaria que el trabajo por horas.

Son las dinámicas del propio capitalismo las que empujan este proceso, ya que supone una vía con la que remontar beneficios en la profunda crisis capitalista en la que nos adentramos. El papel de la socialdemocracia no es oponerse a la deriva de las necesidades capitalistas, sino gestionar cómo se satisfacen mientras intenta frenar la movilización social. De hecho, el Gobierno comienza a anunciar, aunque en nombre de una lucha por el “bien común”, una serie de medidas que se exigen desde los monopolios representados por los organismos europeos, que también podrá afectar a esta cuestión de la generalización y facilitación del trabajo a demanda y la flexibilidad interna de las empresas. Crisis tras crisis se demuestra que no hay “bien común” por el que se pueda luchar con medida alguna en el contexto de las relaciones productivas capitalistas, que la sociedad está dividida en clases y que la que está en el poder necesita y espera que sea la nuestra quien cargue con los costes de las crisis.

El Gobierno socialdemócrata y el Ministerio de Yolanda Díaz van a seguir demostrando que ni la mejor cara con la que se gestione este sistema es beneficiosa para nosotros, que el pacto social es un callejón sin salida para nuestra clase, y que de la desmovilización y la confianza en gestores del capitalismo no sacamos conquistas, sino que recibimos ataques. Necesitamos confiar en nuestras propias fuerzas e intensificar la lucha política y sindical para comenzar a responder a su crisis, y para acabar eliminando definitivamente un sistema que pone todo el avance científico y tecnológico al servicio de una explotación cada vez más eficiente de nuestra clase.