Las pensiones públicas amenazadas

Las noticias que insisten en la supuesta inviabilidad del sistema público de pensiones no son nuevas, ya que forman parte de la cantinela interesada de los servidores del poder financiero, empeñados en convertir un derecho social, un salario diferido, en un negocio privado.

Sin embargo, en los últimos tiempos esta presión ha adquirido nuevas formas. No solo tertulianos y opinadores repiten el mantra de la “insostenibilidad”, sino que algunos gobiernos europeos han empezado a justificar recortes y retrocesos con argumentos que, lejos de ser neutrales, responden a una agenda política muy concreta.

En el caso del Estado español, se nos dice que el sistema se diseñó cuando la esperanza de vida de las clases trabajadoras rondaba los diez años tras la jubilación, y que ahora ese tiempo se ha duplicado. También se afirma que el gasto en pensiones debe reducirse para incrementar la inversión en la carrera armamentista, siguiendo las exigencias de los capitostes de la OTAN. Es decir: menos dinero para sostener la vida, más dinero para fabricar destrucción.

La realidad es que varios países europeos ya han recortado el gasto en pensiones y servicios básicos, y han aprobado leyes para retrasar la edad de jubilación. No hablamos solo de discursos interesados, sino de hechos que muestran una deriva peligrosa, una amenaza directa para las personas pensionistas actuales y futuras, y para el modelo social que garantiza cohesión, estabilidad y dignidad.

Las pensiones públicas no son un privilegio ni una carga, ya que son, como siempre decimos, un salario diferido, fruto de décadas de trabajo, cotización y esfuerzo y constituyen uno de los pilares que sostienen el Estado social y que permiten que millones de personas vivan con dignidad después de toda una vida de contribución. Cuando se debilitan las pensiones, se debilita la democracia social.

Además reducen la pobreza y la desigualdad, especialmente entre mujeres y personas con trayectorias laborales precarias; sostienen la economía local, porque las pensiones se gastan íntegramente en bienes y servicios esenciales; garantizan estabilidad social, evitando que la vejez se convierta en un periodo de vulnerabilidad extrema y protegen a las generaciones futuras, porque un sistema fuerte hoy es la base de su derecho mañana.

Por eso, atacar las pensiones públicas es atacar la arquitectura que permite que una sociedad funcione sin dejar a nadie atrás.

Delante de esta situación, la pregunta es legítima: ¿existen otras vías para garantizar pensiones públicas dignas sin caer en recortes ni en retrasos de la edad de jubilación? La respuesta es clara: sí, existen, y dependen de decisiones políticas, no de fatalidades demográficas.

Entre otras posibles medidas, tenemos incrementar las aportaciones a la Seguridad Social de empresas y entidades financieras con beneficios escandalosos, que hoy pagan menos de lo que deberían; combatir la evasión y el fraude fiscal, que cada año sustrae miles de millones que podrían reforzar el sistema público; priorizar el gasto social, en lugar de destinar recursos crecientes a la compra de armas que solo sirven para matar y destruir territorios; reforzar políticas de empleo de calidad, porque más salarios dignos significan más cotizaciones y más sostenibilidad o reorientar el presupuesto hacia la vida, no hacia la guerra.

La sostenibilidad de las pensiones no es un problema técnico, es una cuestión de voluntad política y de prioridades. Cuando un gobierno decide recortar pensiones para aumentar el gasto militar, está tomando una decisión ideológica, no respondiendo a una necesidad inevitable.

Lo que está en juego no es solo el bienestar de quienes ya están jubilados. Está en juego el modelo de sociedad que queremos: uno que garantice derechos o uno que los convierta en mercancías. Las pensiones públicas son una conquista histórica y un pacto intergeneracional que no puede romperse.

*Pedro Jesús Fernández. Marea Pensionista de Catalunya.