Tony López Rodríguez •  Opinión •  22/05/2017

El gobierno de Colombia y su papel en la crisis interna venezolana

El gobierno de Colombia y su papel en la crisis interna venezolana

Cuando el Almirante Kurt Tidd, Jefe del Comando Sur, sin ningún desenfado declaró “que la situación en Venezuela podría acabar exigiendo una respuesta a nivel regional”, aclaró así cuáles son los planes imperiales para Venezuela: la intervención militar.

Los planes de intervención no son una novedad; desde hace muchos años las condiciones para tales propósitos se han venido preparando. Desde que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, declaró el carácter bolivariano y socialista de Venezuela, para Washington y las élites regionales, especialmente la colombiana, se hizo inaceptable este tipo de propuestas y se preocuparon de que ese ejemplo no se extendiera por la región, especialmente para Colombia el vecino más cercano.

A partir de aquel momento se hizo más firme la idea de que Venezuela era un mal ejemplo para Colombia y la región. Y quien mejor que el mandatario colombiano en ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, para encabezar la cruzada para el derrocamiento del presidente Chávez. Cuando se produjo el fallido golpe de Estado contra Chávez, el 11 de abril de 2002, el gobierno de Pastrana reconoció al gobierno golpista de Pedro Carmona; fracasado éste le dio refugio a Carmona y a un grupo de golpistas que se establecieron en Bogotá y allí continúan.

Uribe por su parte había iniciado una campaña en contra del gobierno bolivariano y, apoyado por los paramilitares que actuaban en la frontera con Venezuela, emprendió acciones terroristas y desestabilizadores, que fueron piezas claves para entrenar y participar en “las guarimbas” (graves acciones terroristas durante el intento de golpe contra el presidente Maduro en 2014 en los Estados de Táchira, Zulia y Miranda). Todos estas acciones apoyadas por el mismo liderazgo opositor, que hoy continúa pidiendo la intervención extranjera en su país.

En el marco del Plan Colombia, se realizó el acuerdo entre los presidente Álvaro Uribe y Barak Obama para instalar siete o más bases militares estadounidense en territorio colombiano. La participación de altos oficiales del Comando Sur en los llamados Plan Patriota y Consolidación, entre los años 2003 y 2004, diseñado para derrotar a la guerrilla de las FARC-EP, fueron planes que debilitaron a la insurgencia, pero que no la derrotaron. Esos planes no tenían sólo el objetivo de solucionar militarmente el conflicto social y armado interno; el tema era impedir la existencia de una retaguardia estratégica para una Venezuela agredida. Uribe fracasó al no lograr, como lo anunció desde el 7 de agosto de 2002, la derrota de la guerrilla de las FARC-EP.

Como no pudieron derrotar a la insurgencia, unos años después el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, respondiendo a una propuesta de las FARC-EP, inició en territorio venezolano conversaciones con el apoyo del presidente Chávez; conversaciones que continuaron en Cuba en febrero de 2012, hasta que en octubre de ese año en Oslo, Noruega, se hicieron públicas dichas pláticas y se constituyó la Mesa de Diálogos. Mesa que se estableció de manera permanente en La Habana, Cuba, en noviembre de ese año y que cuatro años después logró la firma de los llamados acuerdos de paz, el pasado mes de noviembre de 2016 en Bogotá, Colombia.

Los Acuerdos de La Habana actualmente están en una fase de implementación, pero los serios incumplimiento del gobierno han tensado las relaciones entre ambas partes. Es en este contexto que se manifiesta la debilidad del gobierno de Juan Manuel Santos que se acrecienta seriamente cuando las garantías para los combatientes de las FARC se ponen en duda porque el Gobierno niega la existencia de los paramilitares. Pero lo cierto es que desde finales de 2016, y en lo que va corrido de este año, decenas de líderes comunales, sociales y sindicales han sido asesinados, por los paramilitares, acusados de ser colaboradores de la guerrilla, así como también le han causado la muerte a miembros de la guerrilla -y familiares- que están en proceso de dejación de armas.

Estas tensas relaciones entre las FARC-EP y el Gobierno pueden lesionar el proceso, pero más aún cuando la fragilidad del Gobierno se profundiza en el orden interno debido a la crisis económica, los reclamos de los sectores campesinos, docentes, de salud y las contradicciones con su vice-presidente Germán Vargas Lleras. Crisis que se ha visto agravada por las acusaciones del ingreso de dinero de la empresa trasnacional brasilera Odebrecht a su campaña presidencial en 2012 y que ha llevado al Presidente a rendir declaraciones el pasado viernes 21 de abril ante el Consejo Nacional Electoral.

Llama la atención que en medio de esta crítica situación interna, Juan Manuel Santos ordenara a su canciller elevar al Secretario General de las Naciones Unidas la petición de que atienda el serio conflicto de gobernabilidad en Venezuela, buscando internacionalizar un conflicto interno que, como se sabe, no es más que una gran conspiración interna y externa contra el gobierno de Nicolás Maduro, creada y orientada desde Estados Unidos. La entrevista de los ex-presidentes colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe con el presidente Trump, apadrinada por el senador republicano Marcos Rubio, operador de la oposición venezolana en Estados Unidos, solicitando la intervención en la tierra de Bolívar; evidencia que Colombia busca crear un conflicto con su vecino y justificar el plan intervencionista, como lo ha propuesto Luis Almagro. Los 11 países latinoamericanos que apoyan esta tesis en la OEA y el Comando Sur demuestran en sus declaraciones que se corresponden con el decreto del ex-presidente Barak Obama de que Venezuela es una “amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos”.

Fuente: ALAI

 


Opinión /