Emigrar o transformar la realidad de tu país

Una primera salvedad: la gente abandona su tierra por motivos diversos. Desde una perspectiva personal e individual, salvo los que roban o, peor aún, asesinan y tienen que salir corriendo, parece más que legítimo que a cualquier persona le asista el derecho a moverse por el planeta. Cuando antaño el mundo estaba casi vacío, el derecho a trasladarse a tierras no habitadas era evidente. La humanidad podría haber tomado un camino de concordia, unidad y de compartir sin limitaciones todo el espacio habitable, incluso salvaguardando el derecho de toda vida, humana o no, a existir dignamente. Pero no es esta la realidad en la actualidad: el mundo está lleno de personas, cuyo número crece exponencialmente, y, además, está fragmentado en países, colectividades de gentes que residen en un territorio del que se sienten propietarios. De ahí las fronteras.

Otra salvedad: hoy aún se buscan personas desaparecidas en la reciente avalancha de seres humanos buscando a brazo partido con el mar una mejor fortuna, porque la vida que viven a diario no merece ser vivida. Casi un centenar de personas —jóvenes la inmensa mayoría— encontraron un trágico final en este envite. El día 10 de agosto a las 20:30 h, en la playa de Getares, una concentración de personas los tendrá presentes. Las gentes de bien desearían fervientemente que estas muertes no se repitan «NUNCA MÁIS». Ojalá —del árabe hispánico šā’ allāh (شاء الله), comúnmente Inshallah («quiera Dios»)— sea así.

Cuando la reflexión, a pesar de la pesadumbre, se sitúa en el ámbito de la individualidad de cada persona, parece lógico que quienes deseen prosperar tengan el derecho a moverse, dejar su tierra y asentarse en otra. No obstante, como dos cuerpos no pueden físicamente ocupar el mismo espacio, surge la fricción entre quienes llegan y quienes ya estaban allí. Pese a que no es fácil armonizar los derechos de los que llegan con los de quienes ya están, hay quienes postulan la idea de «fronteras abiertas», que conlleva la inclusión migratoria.

Sostienen quienes esto predican que desplazarse y asentarse en un lugar diferente al de origen es un aspecto fundamental de la dignidad y la autonomía humana. Hay quienes enarbolan el concepto de la «lotería del nacimiento», como el filósofo de la justicia Joseph Carens, quien argumenta que es intrínsecamente injusto que el «azar» de haber nacido aquí o allá determine drásticamente la calidad de vida, las oportunidades o la supervivencia de una persona (¡que se lo digan a los príncipes y princesas!). También traen a colación el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra el derecho a salir de cualquier país (incluido el propio) y a regresar a él. Igualmente, se prodigan los argumentos de carácter económico, enfatizando las bondades de la llegada de mano de obra, la sostenibilidad demográfica y las ventajas fiscales que supone un mayor número de cotizantes…, así como el impacto económico positivo en los países de origen, donde los emigrantes remiten dinero. Además, ponen de relieve las ventajas del enriquecimiento cultural y de la innovación, e insisten en la «deuda» de los países del primer mundo con respecto al tercero o al cuarto, por aquello de la explotación colonial a la que están sometidos.

Un aspecto que merece una reflexión es la justificación de las migraciones y el derecho de asilo para quienes huyen de crisis humanitarias, guerras o persecuciones políticas porque les va la vida en ello. Cada persona que emigra —o no— es un mundo, y cabe preguntarse si el mero deseo de migrar es suficiente para convertirlo en un derecho que se impone a la población del lugar de llegada. ¿Querer vivir mejor que donde se vive o se ha nacido genera un derecho subjetivo con respecto a quienes deben acogerlo? Alguien incluso se escandalizará y calificará esta reflexión de ¡demagogia! Puede que quizás sea una exageración. Pero esta exageración pretende superar el marco individual con que se plantea este asunto. Las comunidades de los países que generan la emigración envían a familiares para que, trabajando en otro país, puedan aportarles dinero que les ayude a mejorar la vida de esas comunidades en el país de origen.

Este esquema contempla una dimensión social digna de consideración. Aquellos que se mueven porque desean vivir mejor que donde han nacido, ¿piensan por un momento en quedarse y de esta forma ayudar a la transformación de sus lugares de origen? Quienes emigran, ¿asumen el compromiso político-social de mejorar la realidad social de su tierra, o simplemente se quitan de en medio para mejorar sus existencias individuales? Esta perspectiva no es de aplicación a quienes, precisamente por enfrentarse a situaciones de injusticia que son la causa de la pobreza de su pueblo, tienen que huir de la persecución a la que se les somete. Esta circunstancia, que genera el derecho de asilo, no parece que sea el común denominador de los millones de casos de personas emigrantes.

España ha sido y sigue siendo fuente de emigrantes. Muchas personas de este país emigran a otros para mejorar sus vidas, para tener un mejor trabajo, para prosperar. Y comentan que en España es difícil hacerlo, que es difícil el acceso a una vivienda digna, a un trabajo estable y bien remunerado… Sin pretender culpabilizar a nadie, ni mucho menos afearles que se busquen la vida, ¿ha pasado por sus mentes siquiera la idea de organizarse con otras personas para transformar esas realidades españolas tan injustas con ellas?

En las antípodas de quienes abogan por el derecho a migrar sin limitaciones se sitúan quienes enarbolan eslóganes del tipo «soberanía nacional y Estado de derecho» y ponen ejemplos como: «Del mismo modo que un hogar decide quién entra en su propiedad, una comunidad política debe tener la facultad de decidir a quién otorga el ingreso y la ciudadanía». Además, esta corriente antimigratoria asocia la llegada de extranjeros al miedo al empeoramiento de los servicios públicos, a la delincuencia y a un impacto negativo en las condiciones laborales. Ya Ignacio García, diputado de Adelante Andalucía, daba en el clavo cuando señalaba que quienes culpan a los vecinos de la falta de vivienda o el empeoramiento de servicios públicos lo hacen para distraer al personal y evitar que mire hacia «arriba», hacia los fondos buitre, las corporaciones de salud que hacen escandalosos negocios con la salud o el derecho a la vivienda.

Quienes criminalizan a la emigración, igualmente abanderan el principio de identidad cultural. Para ellos la migración es un peligro para el mantenimiento de tradiciones. En una sociedad plural, como la española, estas «tradiciones» ya no son únicas, porque para la población autóctona, la de aquí, la cultura es mucho más amplia que el mantenimiento respetuoso de tradiciones: taurinas, religiosas o castrenses… Entre estas personas hay quien piensa que quien no es católico de cofradía u orden religiosa, no aprueba la tauromaquia, tal como actualmente se regula, o no le parecen bien los desfiles militares, no es una persona española al cien por cien. No se percatan de que ese pensamiento único es el mayor peligro para el mantenimiento de esas tradiciones que, por respeto a las minorías, están garantizadas por el común, mientras no se impongan al conjunto. Hoy le toca al emigrante, mañana al de otra etnia, pasado al dependiente (nada productivo para Milei)… ¡ojo, porque así empezó el Holocausto!