Falsos positivos: Álvaro Uribe y los demás hijos adoptivos de una paternidad siniestra

El expediente de los “falsos positivos” sigue abierto ante la historia, ante las víctimas y ante una sociedad que reclama verdad, justicia y no repetición, mientras Álvaro Uribe queda atrapado en una obra siniestra que ninguna maniobra legal o discursiva logra separar de su paternidad histórica.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha colocado nuevamente en el centro de la opinión pública colombiana y mundial el doloroso expediente de los “falsos positivos”, no como un asunto cerrado de la historia reciente, sino como la criatura más visible de una paternidad política, moral y judicial que intenta esquivar, aunque los hechos, los testimonios, las investigaciones y la memoria de las víctimas lo devuelvan una y otra vez al mismo lugar. 

Esa paternidad siniestra no se limita a las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, porque alrededor de la figura de Uribe se han acumulado otros expedientes, señalamientos y modalidades de poder oscuro que, sin desplazar la centralidad de los “falsos positivos”, aparecen como hijos adoptivos de un mismo modelo político, marcado por la guerra interna, la presión sobre los cuerpos armados, la estigmatización del adversario y la tendencia a convertir la seguridad en coartada de impunidad.

En ese entramado, los “falsos positivos” constituyen la criatura principal, la más dolorosa y documentada, porque revelan hasta dónde puede llegar una política que mide resultados militares por cuerpos, estadísticas y trofeos de guerra, con lo que jóvenes pobres, campesinos y personas vulnerables fueron convertidos en cadáveres útiles para inflar partes oficiales, mientras sus familias quedaban condenadas al duelo, la persecución moral y la búsqueda interminable de justicia.

La maquinaria de las bajas

Los “falsos positivos” no fueron una desviación menor ni un accidente operativo, sino una maquinaria criminal que convirtió seres humanos en números, los presentó como guerrilleros muertos en combate y los incorporó a una narrativa oficial de eficacia militar, cuando en realidad se trataba de crímenes cometidos bajo una lógica perversa de presión, recompensas, ascensos, condecoraciones y exigencias de resultados a cualquier costo.

La Jurisdicción Especial para la Paz documentó que esos crímenes fueron masivos entre 2002 y 2008, con una cifra que superó los 6,400 casos, mientras diversas audiencias han mostrado patrones comunes en regiones como Casanare, Norte de Santander y la Costa Caribe, donde la presión por resultados operativos generó incentivos criminales que terminaron convirtiendo la muerte de inocentes en estadística de éxito gubernamental.

Uribe sostiene que nunca ordenó esos crímenes, y esa afirmación puede discutirse en el terreno penal, donde la prueba directa contra un jefe de Estado suele ser difícil, pero el problema central no se agota ahí, porque la responsabilidad política se configura cuando una política pública sostenida desde la cúpula del poder crea condiciones para que agentes estatales cometan crímenes sistemáticos y generalizados.

Los expedientes adoptivos

Los demás hijos adoptivos de esa paternidad siniestra aparecen en los expedientes, denuncias y señalamientos que han acompañado durante años al uribismo, desde vínculos con estructuras paramilitares hasta acusaciones de manipulación de testigos, persecución contra opositores, uso indebido de organismos estatales y una cultura política que tiende a presentar toda crítica como ataque criminal, toda oposición como amenaza y toda investigación como conspiración.

No se trata de equiparar mecánicamente todos esos casos ni de sustituir el juicio de los tribunales por una sentencia periodística, sino de advertir que la biografía política de Uribe no puede separarse de ese universo de sombras, porque cuando un dirigente concentra tanto poder, orienta la política de seguridad, dirige el discurso público y convierte el combate al enemigo en razón de Estado, también debe responder por las criaturas que nacen o son adoptadas bajo ese clima.

Por eso resulta insostenible que un presidente conocido por su estilo de microgerencia, que supervisaba personalmente la seguridad y exigía resultados operativos a la Fuerza Pública, pretenda aparecer ahora como un gobernante sorprendido por una macrocriminalidad que ocurrió bajo su mando, bajo sus ministros de Defensa y bajo el discurso de la guerra sin tregua contra el enemigo interno.

La responsabilidad que no desaparece

La responsabilidad política no exige necesariamente encontrar una orden escrita, firmada y archivada, porque los grandes crímenes de Estado casi nunca se administran con esa torpeza documental, sino que se producen cuando desde el poder se instala una lógica, se premia un resultado, se presiona una estructura armada y se convierte la muerte, la persecución o la intimidación en herramienta de eficacia gubernamental.

El expediente de los “falsos positivos” sigue abierto ante la historia, ante las víctimas y ante una sociedad que reclama verdad, justicia y no repetición, mientras Álvaro Uribe, en vez de asumir al menos la responsabilidad política de lo ocurrido bajo su gobierno, queda atrapado entre la criatura principal de su legado y los demás hijos adoptivos de una paternidad siniestra que ninguna maniobra legal, mediática o discursiva logra separar de su nombre.