Cristina Fernández: Un año de infamia, lawfare y la urgencia de la solidaridad internacional

Este 10 de junio se cumple el primer aniversario de una de las mayores aberraciones institucionales de la historia reciente de América Latina: la condena a prisión domiciliaria de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. No es un hecho aislado. Como militante, he visto repetirse este libreto con precisión matemática. Lo vimos con Lula en Brasil y con otros dirigentes populares de la región. Se llama lawfare (guerra judicial), y no es más que la instrumentalización de una justicia corrupta que, en complicidad con los medios de comunicación al servicio de los monopolios, opera como el brazo ejecutor de los poderes fácticos.

​A Cristina la condenaron sin pruebas. Su verdadera «culpa» —el verdadero delito que las oligarquías no le perdonan— fue haber encabezado un gobierno progresista que desafió intereses establecidos y devolvió derechos a las mayorías. Por eso afirmo, sin tapujos ni medias tintas, que Cristina Fernández es una presa política.

​Frente a esta realidad, considero que las discusiones de cabotaje y las internas del peronismo argentino resultan completamente secundarias. La libertad de una líder popular de su magnitud está muy por encima de las pequeñas miserias políticas y las disputas de cargos en el partido de la oposición. Con los derechos humanos no se especula, ni se «jode». Mi propia formación y militancia comunista me enseñaron una máxima inquebrantable: un preso político es un preso político, independientemente de los matices ideológicos que nos distancien, y el deber moral de todo revolucionario es arrancarlo de las garras del poder opresor.

​Es cierto que no coincido con algunas de sus posiciones. Cuando Cristina habla del «capitalismo bueno» o sostiene que las categorías de derecha e izquierda ya no existen, discrepo profundamente. Pero esas diferencias son menores, meros debates teóricos frente a la urgencia que impone una condena judicial injusta y persecutoria.

​La podredumbre del sistema judicial no es un problema exclusivo de su caso; la lista de la persecución en Argentina incluye a otros presos políticos como Julio De Vido o Milagro Sala, a quienes también hay que liberar. La corrupción en la justicia argentina es un mal endémico. Por ello, la única salida real a largo plazo es la convocatoria a un Congreso Constituyente que refunde las bases del Estado y termine para siempre con este flagelo institucional.

​Mientras escribo estas líneas, me viene a la memoria una anécdota imborrable. Recuerdo cuando el Comandante Fidel Castro, conversando con una delegación de la Juventud Comunista Chilena, les dijo con su habitual lucidez: «Cuiden a Cristina, que es la mejor estadista de América Latina». El tiempo demostró que Fidel, como casi siempre, no estaba equivocado.

​Afortunadamente, la dignidad no claudica. Es justo y necesario destacar la actitud de personalidades que entienden perfectamente lo que está en juego, superando cualquier frontera partidaria. Pienso en la coherencia de Myriam Bregman o en el compromiso inquebrantable de mi querido amigo, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quienes la han visitado en su reclusión y han alzado la voz para exigir su libertad.

​A un año de este atropello, la solidaridad y la denuncia internacional deben multiplicarse. No podemos ser espectadores indiferentes ante el intento de sepultar los liderazgos populares mediante el ropaje de una legalidad de espaldas al pueblo.