Europa Laica denuncia la «adoración del Gobierno de España al dios católico» en Barcelona

Europa Laica expresa su más enérgico rechazo ante la asistencia del Gobierno de España a un culto religioso católico en representación de toda la ciudadanía. 

La asociación Europa Laica ha expresado su más contundente rechazo a la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de catorce ministros de su Ejecutivo en la misa presidida por el papa León XIV en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. La organización considera que la asistencia de una amplia representación gubernamental a un acto religioso constituye una “vulneración flagrante del principio de neutralidad religiosa del Estado” y evidencia la persistencia de privilegios de la Iglesia católica en España.

La polémica surge tras la visita oficial del pontífice a España, culminada con la celebración de una multitudinaria misa en la Sagrada Familia coincidiendo con los actos del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la bendición de la Torre de Jesucristo. Al acto asistieron los Reyes, el presidente del Gobierno, representantes de diversas administraciones y una nutrida delegación ministerial.

En un comunicado difundido este fin de semana, Europa Laica sostiene que la participación institucional del Ejecutivo en un rito católico supone una “inaceptable confusión entre las funciones públicas y los actos de fe privados”. La organización recuerda que la Constitución española establece la aconfesionalidad del Estado y defiende que los cargos públicos deben representar a toda la ciudadanía, independientemente de sus creencias religiosas.

Según la entidad, en los sistemas democráticos modernos existe una separación clara entre las instituciones públicas y las ceremonias religiosas. Por ello, considera improcedente que miembros del Gobierno participen oficialmente en liturgias confesionales. Asimismo, acusa al Ejecutivo de intentar obtener rédito político mediante la difusión de los mensajes sociales del pontífice relacionados con la paz, la inmigración o la solidaridad, mientras evita abordar otros posicionamientos doctrinales más controvertidos de la Iglesia católica.

La crítica de Europa Laica se enmarca en una campaña más amplia desarrollada durante la visita papal. Días antes de la llegada de León XIV a Barcelona, diversas organizaciones laicistas y de libre pensamiento, entre ellas la propia Europa Laica, la Fundació Ferrer i Guàrdia y Ateus de Catalunya, convocaron una concentración para denunciar lo que calificaron como una “anomalía democrática” y reclamar una mayor separación entre las instituciones civiles y las religiosas.

Estas entidades sostienen que la presencia destacada del Papa en instituciones públicas, incluido su paso por el Congreso de los Diputados durante su visita a España, reabre el debate sobre el grado de influencia que continúa manteniendo la Iglesia católica en la vida pública española. Europa Laica ya había advertido anteriormente de que determinados actos institucionales vinculados a la visita pontificia podían entrar en conflicto con el principio constitucional de aconfesionalidad.

La organización denuncia además que, pese al creciente proceso de secularización de la sociedad española, los sucesivos gobiernos han evitado avanzar hacia una separación efectiva entre Iglesia y Estado. En este sentido, considera que continúa existiendo una relación privilegiada derivada de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1976 y 1979, que otorgan a la Iglesia importantes beneficios en ámbitos económicos, fiscales, educativos y jurídicos.

Por todo ello, Europa Laica reclama el cese inmediato de la presencia de autoridades públicas en misas, procesiones y cualquier otro rito confesional cuando actúen en representación institucional, así como la derogación de los acuerdos con el Vaticano. La entidad defiende que una democracia plenamente laica debe garantizar la libertad de conciencia de toda la ciudadanía, evitando cualquier identificación entre los poderes públicos y una confesión religiosa concreta.

La controversia vuelve así a situar en el centro del debate político la relación entre el Estado y la Iglesia en España, una cuestión que periódicamente resurge cada vez que representantes institucionales participan en actos de carácter religioso.