Ayotzinapa y el vaivén de la justicia

La detención de Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador del estado de Guerrero, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado como presunto responsable del ocultamiento de videos grabados por las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de dicha entidad, cuyo contenido sería una evidencia sumamente relevante en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, genera un poco de esperanza en un proceso que está a mes y medio de cumplir 12 años con un marcado vaivén en la justicia, pues a lo largo de este tiempo pareciera que a cada avance le sigue un grave retroceso. 

Y es que apenas unas semanas atrás, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó un informe donde desestima muchos de los resultados que se habían difundido con las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y si bien la CNDH tiene facultades específicas, no puede ocultarse el impacto de sus declaraciones en el entorno de la impartición de justicia, y además la influencia de la CNDH en el imaginario social conserva aún un marco de repercusión que tampoco puede ser pasado por alto, lo que significa que el reciente informe publicado por el organismo que debe velar por los derechos humanos de todas y todos los mexicanos da un giro narrativo alarmante que, entre otras cosas, exculpa al Ejército mexicano de su participación en el crimen de Estado cometido contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y también pareciera criminalizar a los familiares, amigos y organizaciones que a la fecha siguen exigiendo la verdad como un principio humano y de justicia en un país golpeador históricamente por la impunidad, abriendo de paso una disputa discursiva entre la “verdad histórica”, la “antiverdad” y una nueva narración que pudiera haber comenzado a contarse. 

Pero, también, es de notarse que han tenido que pasar casi 12 años para que por fin el nombre del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, vuelva a estar en el ojo de la justicia, aunque ciertamente quienes de una forma u otra han seguido el caso en más de una ocasión han reclamado justamente esa ausencia que hasta hoy sigue pareciendo inexplicable, incluso si partimos de las propias investigaciones del GIEI. Y lo mismo ocurre con el ex presidente Enrique Peña Nieto, a quien hasta la fecha no se le ha llamado a comparecer ante la ley para el deslinde de responsabilidades, porque un crimen de Estado de la magnitud del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa no ocurre sin el conocimiento de los más altos mandos del poder, ni se logra encubrir la verdad durante tantos años sin la complicidad de las estructuras de ese mismo poder. Los casi 12 años transcurridos hablan de ese vaivén de la justicia en México, cuya corrupción se ha señalado como parte del periodo neoliberal-capitalista y que hoy, sin duda, sigue siendo un gran temor para quienes esperamos que el tiempo de la verdad llegue ya para el esclarecimiento de este crimen que significará siempre una herida. 

Ahora, a través de un video, Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, señaló en un discurso dirigido a la nación, que la orden de aprehensión ejecutada para el arresto del ex gobernador de Guerrero responde a la evidencia que se ha logrado reunir para determinar que Ángel Aguirre dio la orden de ocultar videos que abrían captado imágenes del secuestro y posterior desaparición de un grupo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (específicamente los que viajaban en el autobús 1531), siendo que durante todos estos años se negó abiertamente y con total cinismo la existencia de dichas pruebas, alegando de forma ridícula que, justamente ese día, las cámaras fallaron y, por lo tanto, no existía el material videograbado en cuestión, una mentira que acompañó de forma alevosa la construcción de la “verdad histórica” con la que el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto quiso lavarse las manos y dar carpetazo a este tan doloroso caso, y que ciertamente tampoco fue resaltada o indagada con profundidad por las investigaciones del GIEI. Pero hoy, un poco de justicia está nuevamente en las manos de las autoridades mexicanas, pues Ernestina Godoy dijo en su mensaje que la FGR “cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos, estatales de alto nivel”. Lo que a toda luz significa una nueva evidencia de que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa siempre ha sido un crimen de Estado.

Por otro lado, las madres y padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mediante un comunicado, señalaron respecto a la acusación y detención del ex gobernador de Guerrero que de ser “sólida y apegada a derecho, el proceso que inicia puede llegar a saldar una deuda de justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos”. No debe olvidarse que José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, sigue detenido, sin importar que fuera absuelto de algunos delitos, pues aún mantiene otras acusaciones en proceso de investigación. Con la detención de Ángel Aguirre y la continuidad en prisión de Abarca, se tiene enfrente la oportunidad para que los dos poderes inmediatos y directamente vinculados con los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 puedan ser juzgados sin la intromisión de intereses partidistas ni la manipulación corrupta por parte de los resabios de impunidad que indudablemente siguen rondando los juzgados y que a la fecha han impedido o retrasado el Caso de Ayotzinapa. Y en este panorama, las madres y padres de familia mantienen también la demanda de que las investigaciones no se circunscriban únicamente al ámbito estatal, sino que miren a las más altas estructuras del poder gubernamental, donde el nombre del ex presidente Enrique Peña Nieto y de los mandos principales del Ejército mexicano siguen aguardando la llegada de la hora en que sean llevados ante la corte y se deslinde su responsabilidad en este crimen de Estado.

Los testimonios que han contribuido a formular las acusaciones contra Ángel Aguirre señalan no solo la orden directa del ex gobernador para que se ocultaran los videos y se negara su existencia, sino que también lo implican junto a su sobrino Ernesto Aguirre Gutiérrez con el grupo criminal Guerreros Unidos, el cual ha sido desde el principio señalado como uno de los el brazos ejecutores del horror, y que viene a reforzar lo que durante años fue expuesto, los gobiernos del PRI, PAN e incluso PRD, establecieron lazos de complicidad con grupos delictivos de todo orden, pero eso, en ningún momento, quita al Caso Ayotzinapa su rasgo de crimen de Estado, sino que lo convierte en algo todavía más perverso y que debe ser esclarecido hasta la medula. A raíz de la detención Ángel Aguirre algunos grupos de la derecha mexicana han querido demeritar este paso en las investigaciones refiriendo que se trata de una “venganza” política, obviamente porque nunca han tenido interés en la verdad ni en la justicia.

Mientras tanto, las horas, días y meses se acumulan, y nos acercamos al cumplimiento de 12 años de impunidad, injusticia y dolor. Una herida que cada vez se incrusta más en la historia mexicana, donde las huellas de la ignominia deben ser borradas para dar luz a la verdad, y por ese reclamo seguimos andando el espinado camino sorteando el vaivén de la justicia que esperamos llegue ya en este tiempo tan importante para nuestra nación.