Redacción •  Vivienda •  14/07/2026

Alejandro se queda: un auto judicial impide su desalojo de los pisos para mayores en La Latina

  • Un auto judicial ha denegado al Ayuntamiento de Madrid la autorización de entrada en los Apartamentos Municipales para Mayores San Francisco, impidiendo el desalojo del vecino Alejandro Ibáñez y respaldando la lucha vecinal.
  • El juez apunta a la falta de información técnica que justifique la necesidad de vaciar los pisos completamente. También señala omisiones importantes de información por parte del consistorio, al no mencionar en ningún documento que Alejandro se negara a abandonar su residencia por voluntad propia.
  • Esta resolución respalda las denuncias de diferentes asociaciones vecinales que, desde hace más de dos años, señalan lo injusto de esta operación y siguen luchando para que no se expulse a ningún vecino o vecina de su casa sin garantías.
Alejandro se queda: un auto judicial impide su desalojo de los pisos para mayores en La Latina

Un juez ha denegado la autorización de entrada solicitada por el Ayuntamiento de Madrid en la vivienda de Alejandro Ibáñez García, vecino de 81 años residente en los Apartamentos Municipales para Mayores San Francisco, un equipamiento público asistencial situado en el barrio de La Latina (Distrito Centro). El Auto deja claro que una medida de este tipo no puede concederse de forma automática, sino que exige justificar su necesidad, su procedencia y su proporcionalidad, una información que el Ayuntamiento no ha aportado.

Esta resolución, emitida por la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, deniega la solicitud de entrada que fue admitida a trámite en diciembre de 2025. Y, para ello, alega dos causas principales:

Por un lado, el Ayuntamiento no ha justificado por qué el edificio tiene que estar completamente vacío para ejecutar las obras. No hay ningún informe técnico que explique los riesgos concretos o que justifique por qué las obras no se pueden realizar por fases, como han venido solicitando residentes y vecinos. Tampoco hay una necesidad demostrable de demolición, un hecho que sí obligaría al desalojo total. Por otro lado, la resolución subraya que ni en el escrito de solicitud ni en la documentación aportada por la Administración consta el hecho de que el residente se opusiera a abandonar su residencia, cuando se le intentó desalojar en junio de 2025. Esta omisión de información, afirma el juez, vuelve la solicitud improcedente.

Esta decisión judicial da la razón a las diferentes asociaciones vecinales que, desde que el conflicto comenzó en 2024, se han posicionado en contra de esta operación del Ayuntamiento y han luchado para que los residentes de los apartamentos pudiesen conservar su vivienda. Esta decisión no es un simple revés técnico. Estamos ante una decisión que frena una actuación municipal mal planteada y que desautoriza un nuevo intento de avanzar por la vía de la imposición.

En palabras de Víctor Palomo, abogado perteneciente a la cooperativa CAES, que ha gestionado la defensa de Alejandro, “se podría alegar que el ayuntamiento no ha seguido el procedimiento, que no se han hecho las cosas como se deberían de hacer y por tanto, podemos decir que aquí ha habido unos intereses políticos y que no estaban bien justificado.”

Vídeo: @DaniPiedrabuena)

Una lucha de más de dos años

Lo que ocurre con Alejandro forma parte de una lucha larga y sostenida contra el vaciado de un recurso público destinado a personas mayores en situación de vulnerabilidad económica en el barrio de La Latina. El conflicto comenzó en 2024, cuando las personas residentes en los Apartamentos San Francisco recibieron la orden de abandonar sus viviendas por unas obras de mejora y acondicionamiento impulsadas por el Ayuntamiento de Madrid. Desde el principio, los residentes y el tejido vecinal cuestionaron tanto la necesidad real de desalojar completamente el edificio como la falta de alternativas dignas y equivalentes para quienes vivían allí.

Nunca se ha demostrado de forma fehaciente que el edificio tuviera que vaciarse por completo para acometer las obras. Tampoco se ha tratado con el cuidado y la responsabilidad debidos a personas mayores que vivían en un recurso público pensado precisamente para proteger su autonomía, su estabilidad, su vida cotidiana y sus lazos en el barrio. Lo que se les ha impuesto ha sido desarraigo, incertidumbre, sufrimiento y, en algunos casos, un empeoramiento directo de sus condiciones de vida y hasta subidas en las cuotas a pagar de hasta un 70% de sus pensiones.

Durante este tiempo, la denuncia y el acompañamiento han sido sostenidos por la vecindad desde diversos colectivos y asociaciones: Vecinas Corniseras, AV Cavas-La Latina, Repensar Centro, Asociación Vecinal La Chispera y otras muchas han respaldado a Alejandro y al resto de residentes frente a una política de expulsión profundamente injusta. Alejandro resistió, y con motivo. Ha sido la voz más firme de esta lucha. Su resistencia no ha sido un gesto individual ni un capricho. Ha sido la defensa de algo elemental y colectivo: que ninguna administración puede arrasar derechos y convertir la expulsión de los y las residentes de los apartamentos públicos para mayores de lo que es su hogar en un expediente más.

Por eso esta resolución es tan importante. Porque confirma que resistir TIENE sentido. Porque demuestra que había razones humanas, sociales y jurídicas para oponerse. Y porque lanza un mensaje político de fondo: el Ayuntamiento no puede actuar como si todo estuviera ya decidido mientras exige obediencia a quienes llevan dos años sufriendo las consecuencias de una operación opaca y lesiva.

El Ayuntamiento debe rectificar

Desde la Asociación Vecinal La Chispera consideramos que este auto tiene que marcar un punto de inflexión. El Ayuntamiento de Madrid debe abandonar de inmediato la estrategia de presión, desgaste y hechos consumados con la que ha gestionado este conflicto. No basta con encadenar decisiones administrativas y tratar después de imponerlas por la fuerza. Cuando lo que está en juego es la vivienda, la dignidad y la vida de personas mayores, la obligación institucional es extremar las garantías, la transparencia y el cuidado. Y eso es exactamente lo que no ha ocurrido en los Apartamentos San Francisco.

Sin embargo, la lucha vecinal no termina con este auto. Tanto los residentes que permanecen en la residencia como aquellos que ya fueron desplazados siguen luchando para poder recuperar su vida cotidiana en el barrio. Desde la asociación seguiremos exigiendo transparencia a la Administración, y señalando la responsabilidad política del Ayuntamiento. También seguiremos pidiendo a la administración el comienzo inmediato de las obras, con el objetivo de que los residentes puedan volver lo antes posible y recuperar su vida y su autonomía.

Alejandro tenía razón. El tejido vecinal también. Y vamos a seguir hasta que se depuren responsabilidades, se repare el daño causado y se garantice que ninguna persona mayor vuelva a ser tratada de esta manera.


desahucios / 

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