Remus y Denisa pueden quedarse en la calle el 25 de junio: la Unión Popular de Inquilinos exige paralizar su desahucio

Toledo, 20 de junio de 2026. Remus y Denisa son hermanos y huérfanos, de apenas 20 años. Viven en Toledo, en una casa que no es solo un techo: es el último hilo que les queda con su historia familiar, con sus padres fallecidos y con una vida que, como tantas otras, se ha ido volviendo cada vez más difícil. Una vivienda que, además, es protegida y pública.

El próximo 25 de junio de 2026, a las 11:30 horas, Remus y Denisa pueden ser desalojados de su vivienda. Sobre ellos pesa un procedimiento de desahucio por precario promovido por GICAMAN, pese a que existen informes sociales que alertan de una situación de vulnerabilidad grave: falta de red de apoyo, carencia de recursos económicos, discapacidad reconocida, antecedentes de salud mental y riesgo cierto de quedarse sin vivienda.

La Unión Popular de Inquilinos de Toledo exige la paralización inmediata del lanzamiento y reclama que ninguna administración mire hacia otro lado. “No estamos hablando de papeles, estamos hablando de dos personas. De dos hermanos que pueden quedarse en la calle sin una alternativa habitacional digna”, señala la organización.

La vivienda en la que residen Remus y Denisa procede de un contrato de arrendamiento firmado por sus padres, ya fallecidos. Para la Unión Popular de Inquilinos, este elemento debe ser tenido en cuenta y obliga a revisar el caso desde una perspectiva social, habitacional y humana. “Reducir esta situación a una ocupación irregular (es la casa de sus padres) es borrar de un plumazo la historia de una familia y la realidad de dos personas vulnerables”, denuncia la entidad.

Aunque se ha solicitado justicia gratuita y el procedimiento principal se encuentra suspendido, el Juzgado ha señalado que la pieza de medidas cautelares no se suspende, por lo que el lanzamiento continúa adelante salvo resolución urgente. Por ello, la Unión Popular de Inquilinos pide al Juzgado la suspensión o aplazamiento del lanzamiento por vulnerabilidad, justicia gratuita pendiente e indefensión, y exige a GICAMAN y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que paralicen voluntariamente el desahucio, revisen la situación social de los afectados y ofrezcan una alternativa habitacional o una vía de regularización.

Pero el caso de Remus y Denisa no es una excepción. Es la cara visible de una realidad que se está extendiendo en silencio por Toledo: los desahucios invisibles. No son desahucios, pero actúan como si lo fueran expulsando igualmente a la gente de sus casas. Son contratos que no se renuevan, subidas imposibles de asumir, edificios vendidos en bloque, viviendas convertidas en apartamentos turísticos, hoteles o activos de especulación.

La Unión Popular de Inquilinos denuncia que este verano se están acumulando al menos una decena de casos solo en el casco histórico, “que nosotros hayamos tenido noticia, pero seguro hay más”. Detrás de cada uno hay una vida: mujeres solas, algunas enfermas; personas mayores de 50 años con pensiones bajas; familias con hijos e hijas; parejas que llevan generaciones viviendo en sus casas; vecinos y vecinas que han sostenido el barrio durante años y que ahora son expulsados porque vivir en Toledo se ha convertido en un lujo.

Calles como la calle del Ángel, el Paseo de San Cristóbal o la calle Cadenas son algunos de los puntos donde se está notando esta presión. Por todo ello, la organización exige al Ayuntamiento de Toledo, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Gobierno central que actúen de forma urgente para declarar el casco histórico de Toledo como zona tensionada, frenar la escalada de precios, proteger el alquiler residencial y poner límites reales a la especulación y a la turistificación.

“Hoy son Remus y Denisa. Mañana puede ser cualquier vecina, cualquier familia, cualquier persona que no pueda competir con un fondo, con un hotel o con un apartamento turístico. No podemos esperar a que Toledo se vacíe de gente para reconocer que tenemos un problema”, subraya la entidad.

La Unión Popular de Inquilinos hace un llamamiento a la ciudadanía, a los colectivos sociales, al movimiento vecinal, a los sindicatos y a las administraciones públicas para impedir que Remus y Denisa se queden en la calle y para abrir un debate urgente sobre el futuro de la vivienda en Toledo.

La Unión Popular de Inquilinos acaba de entrar en la Confederación de Sindicatos de Inquilinas de España y durante el verano ofrecerá formaciones gratuitas, siendo la primera el próximo 2 de julio en la sede de Izquierda Unida, en el barrio de Santa Bárbara. A partir de septiembre, en colaboración con la Federación de Vecinos El Ciudadano y las asociaciones vecinales de barrio, programará asambleas en todos los barrios de Toledo. La organización también está manteniendo reuniones con sindicatos y ONG para impulsar una gran plataforma por la vivienda, con vistas a una gran movilización en otoño.