La inacción institucional hace posible que desahucien a Jordi y a su familia de un bloque dedicado a los pisos turísticos en Barcelona

Este viernes, los Mossos d’Esquadra han expulsado a Jordi, a su mujer y a su hijo menor de edad del piso donde viven desde hace 22 años, en la calle Marina de Barcelona. Alrededor de las 10.30 h de la mañana, una cincuentena de agentes de los Mossos ha empezado a desalojar a la cincuentena de militantes del Sindicat de Llogateres de Catalunya que se habían concentrado en la puerta.

Urban Power, la empresa propietaria del bloque, es una empresa inmobiliaria con 29 viviendas, según datos del registro de la propiedad, y adquirió el bloque en 2018 de manos de otra empresa, Privat Cunit SL.

Según consta en la web de licencias del Ayuntamiento de Barcelona, cinco de los nueve pisos del bloque cuentan con licencia de Habitatge d’Ús Turístic (HUT), en viviendas de las que ya se había expulsado previamente a otros vecinos. Sin embargo, en las demás viviendas que formalmente no son turísticas, también se están dedicando al alquiler temporal destinado a no residentes, según el testimonio del Jordi y su familia.

Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres, ha explicado que el desahucio del Jordi llevaba parado desde la pandemia pero se ha reactivado después de que Junts per Catalunya dejara caer la moratoria antidesahucios: «Lo más duro es que serán expulsiones que vendrán seguidas de una transformación del piso: de un alquiler habitual para una familia a un alquiler turístico o de temporada».

La parálisis de la reforma de la LAU facilita el desahucio

Al día siguiente del desahucio, se cumplirán exactamente dos años desde el registro en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esta reforma, redactada por los sindicatos de llogateres, es clave para acabar con muchas de las estafas más habituales que sufren las llogateres en ámbitos como el alquiler de temporada y de habitaciones, los gastos, las reparaciones y las fianzas.

En este caso, la parálisis legislativa ha permitido que bloques como el de Jordi no estén protegidos con las mejoras que la ley prevé para impedir el uso de los contratos temporales como grieta para vulnerar los derechos de las llogateres.

Desahucio a una família vulnerable

Jordi y su familia se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y social según los informes de servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, y han acumulado deuda por impago desde que su mujer, que padece una enfermedad recurrente, se quedó sin trabajo en el contexto de la pandemia.

Aun así, la demanda no es por impago, sino por finalización de contrato: la anterior empresa propietaria, Privat Cunit SL, ya se había negado a renovar el contrato desde que finalizó en 2014, y la situación se fue prorrogando hasta que la nueva empresa propietaria, Urban Power, inició la demanda por finalización de contrato una vez adquirido el edificio. El Jordi y su familia reclamaron desde el primer momento un nuevo contrato de alquiler, pero se encontraron con la negativa de la empresa. La situación de impago, consecuencia de una situación económica precaria en el contexto de la pandemia, comenzó con posterioridad.