García Gascón: “La criminalización del derecho a la vivienda responde a una estrategia de mercantilización de derechos básicos”

El Coordinador Autonómico de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha participado esta mañana junto a casi un centenar de personas en la concentración convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a las puertas de los Juzgados de Guadalajara en apoyo al activista por el derecho a la vivienda Diego Herchhoren.

Según García Gascón, el juicio contra Herchhoren “evidencia la necesidad de seguir trabajando por un sistema judicial democrático que proteja los Derechos Humanos y a quienes luchan por ellos”. Así, considera que esta situación es “consecuencia directa” de la política de vivienda autonómica, la cual ha valorado como “catastrófica”. “El gobierno de García-Page lleva desde 2019 ignorando la tramitación de una Ley de Vivienda que, entre otras cosas, habría prohibido el desahucio sin alternativa habitacional de esta familia con dos menores a su cargo”, ha denunciado.

García Gascón, quien ya ha criticado duramente la postura del ejecutivo castellanomanchego con respecto a la vivienda en otras ocasiones, ha señalado que “la criminalización del derecho a la vivienda responde a una estrategia de mercantilización de derechos básicos”. En este sentido ha apuntado a la vivienda, la despoblación y la sanidad como “las gallinas de los huevos de oro para la red clientelar de PP y PSOE en Castilla-La Mancha”.

“Necesitamos una administración que no solamente no se pliegue, sino que no dependa tácitamente del beneplácito de fondos buitre, de grandes empresas del oligopolio y de fondos extranjeros de inversión”, ha argumentado. “No es casualidad que García-Page tenga parada durante más de dos años una Ley de Vivienda progresista y que en plena pandemia se pusiera a atacar al Gobierno de España y a impulsar una Ley Antiocupa. Ya estamos viendo a sus allegados cruzando las puertas giratorias que están comprando con nuestros derechos”.

Herchhoren está siendo juzgado por haber fotografiado y difundido imágenes del desahucio de una familia con menores en marzo de 2019, por lo que la fiscalía solicitaba para él 4 años y medio de prisión por un delito de injurias con publicidad, contra la intimidad y de desobediencia a la autoridad. La fiscalía ha rebajado hoy hasta 1 año y 6 meses la petición de pena para Herchhoren.