Redacción •  Memoria Histórica •  24/09/2020

El Congreso aprueba entre ataques de la derecha que el Gobierno erija un memorial a las personas fusiladas por la dictadura en el cementerio del Este

• El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, califica en su intervención de esta tarde en la Comisión Constitucional como un “insulto deleznable” la acción que protagonizó hace unos meses el gobierno municipal madrileño del PP y Ciudadanos, apoyados por Vox, al destrozar el memorial existente, lo que “constituye una revictimización a esas 3.000 personas fusiladas”

• Asegura que la iniciativa aprobada busca “reconocer a quienes hicieron posible que hoy disfrutemos de libertades, de democracia, de derechos civiles y, además, garantizar el derecho a la reparación por algunos hechos ignominiosos”

El Congreso aprueba entre ataques de la derecha que el Gobierno erija un memorial a las personas fusiladas por la dictadura en el cementerio del Este

El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha logrado sacar adelante en la Comisión Constitucional en medio de la férrea oposición y los ataques de la derecha y la ultraderecha una importante iniciativa sobre Memoria para, según resumió él mismo, “reconocer a quienes hicieron posible que hoy disfrutemos de libertades, de democracia, de derechos civiles y, además, garantizar el derecho a la reparación por algunos hechos ignominiosos”.

Con ese último calificativo se refería, en concreto, al “insulto que se cometió a las víctimas y a sus familias” a comienzos del pasado verano “cuando el actual Ayuntamiento de Madrid decidió destruir el memorial a las más de 3.000 personas fusiladas en el Cementerio del Este entre 1939 y 1943”.

Santiago calificó como “deleznable” esta acción ejecutada por el actual gobierno municipal madrileño del PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox. Valoró que “constituye una revictimización a esas 3.000 personas fusiladas” y se aleja por completo “de la obligación que tiene el Estado de procurar la verdad, garantizar la justicia y la reparación”.

La proposición de ley aprobada ayer insta directamente al Gobierno a que, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, “asuma el compromiso de erigir un memorial en reconocimiento de las personas fusiladas por la dictadura franquista en el cementerio del Este en terrenos de la Administración General del Estado, en el marco de las actuaciones que promuevan en esta materia a la mayor brevedad”.

Enrique Santiago dejó claro que esta proposición, impulsada por Izquierda Unida en el grupo de Unidas Podemos, “reconoce a esas personas. No es una venganza, es justicia”. Respondió a sus rivales políticos que “la izquierda de este país nunca ha profanado, como ha hecho la derecha, y en este caso es evidente. No oculta la realidad histórica y reconoce los derechos a la Memoria incluso de los golpistas, y la reparación de las personas que todavía no la han recibido”.

Durante su intervención, no pasó por alto dedicando un especial “reconocimiento y agradecimiento a la labor de las organizaciones memorialistas y a los familiares de las víctimas, en especial a las que fueron ejecutadas por la dictadura franquista en el Cementerio del Este de Madrid”.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos consideró que el conjunto de lo que plantea su iniciativa supone “un homenaje necesario, más ahora cuando la pandemia ha tenido una mayor incidencia entre las personas mayores y golpea a una generación que sufrió duramente las consecuencias del golpe de Estado de 1936, la guerra y la prolongada dictadura franquista”.

Recordó que “hemos perdido a referentes muy importantes de la lucha democrática y por las libertades, tanto mujeres como hombres. Citaré sin querer excluir a nadie a Rafael Gómez Nieto, el último combatiente de La Nueve, la mítica compañía del Ejército francés integrada por republicanos españoles que fue la primera unidad que entró en París para liberarla de la ocupación del nazismo”.

“Queremos expresar con esta proposición un agradecimiento -dijo- que tiene mucho que ver con el futuro que queremos para nuestro país, porque refleja valores de compromiso con los demás, de defensa de los derechos humanos, de rechazo a cualquier dictadura y régimen autoritario”.

Recordó también dirigiéndose a PP, Vox y a Ciudadanos que “la democracia y los derechos humanos no volvieron a España solos; fueron la conquista de unas mayorías que lucharon, dieron sus vidas en algunos casos y se movilizaron exigiendo derechos y libertades, y este legado debemos transmitirlo a las generaciones futuras”.

Lamentó que, a pesar de que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el anteproyecto de ley de Memoria Democrática que reconoce a las víctimas de la dictadura y refuerza las políticas públicas de Memoria, “sin duda, llegamos tarde por una sucesión de olvidos negligentes. Por eso tenemos que comenzar a adoptar con urgencia medidas de reconocimiento público para quienes dedicaron su vida a luchar contra el franquismo”.

Enrique Santiago lamentó enormemente que a diferencia de los países de nuestro entorno con frecuencia se dan en España “políticas que han querido despreciar la importancia de la lucha contra la dictadura franquista. Han utilizado una supuesta equidistancia entre quienes se aprovecharon de los privilegios de la dictadura y quienes defendieron el orden constitucional y democrático”.

Puso como ejemplo que “últimamente hemos tenido que soportar en el Pleno de esta casa de la democracia hasta reivindicaciones del régimen franquista, lo que es absolutamente incompatible con hablar de reconciliación”.

Además, “vemos como se han obstaculizado las medidas para dar un entierro decente a víctimas de la represión que aún permanecen en las cunetas y los campos de nuestro país en fosas comunes, algo que los católicos, como hemos podido oír en esta Cámara, calificarían como ‘acto impío’, por no dar el debido enterramiento a estas personas. También asistimos a insultos a personas que lucharon contra los regímenes de Hitler y Mussolini”.

En su parte propositiva, la iniciativa aprobada insta también al Gobierno a impulsar en la práctica “las políticas públicas de memoria democrática que permitan superar las carencias detectadas por la normativa vigente (en referencia a la Ley de Memoria Histórica de 2007) y que combata la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista”.


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