Morales revela: Policía exigió pagos por realizar golpe de Estado
Evo Morales revela que la Policía boliviana solicitó un pago al gobierno de facto nuevamente establecido por el motín que realizó contra el ya exmandatario.
“El comandante de la Policía boliviana (Rodolfo Antonio Montero Torricos) exige al régimen de facto el cumplimiento del pago por realizar el motín que consolidó el golpe de Estado”, ha señalado este martes Morales en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
Junto a ese tuit, el depuesto presidente boliviano ha compartido una carta dirigida a Arturo Murillo, ministro del gobierno interino, en la que Montero Torricos proponía una nivelación de salario y beneficios para los policías como los que perciben las Fuerzas Armadas.
La Policía de Bolivia se unió el 8 de noviembre al movimiento golpista que iniciaron los sectores de la oposición contra Morales, negándose a reconocer la victoria electoral del depuesto mandatario indígena para un nuevo mandato, es decir, hasta 2025.
Efectivamente, los efectivos policiales se amotinaron en varias localidades del país. Dos días más tarde, Morales renunció a su cargo en un intento por restaurar la paz, que se vio socavada por la arremetida violenta de los sectores de la derecha.
El 14 de noviembre, la senadora opositora Jeanine Áñez —que ya se había autoproclamado presidenta interina del país y asumido el poder sin quorum legislativo— designó como nuevo comandante de la Policía a Montero Torricos, en el lugar de Yuri Calderón; el coronel Montero Torricos fue director nacional de Planeamiento y Operaciones durante la Administración de Morales.
Desde los sectores de la izquierda pesan críticas sobre la amotinada Policía boliviana por haber facilitado el golpe de Estado en el país, permitiendo que grupos de choque de la oposición agredieran a gobernadores, alcaldes y otras autoridades del Movimiento al Socialismo (MAS), y amenazaran sus vidas y quemaran sus viviendas.
En la actualidad y tras la renuncia de Morales —ahora exiliado en México—, los agentes del orden público del país sudamericano —a los que el gobierno de facto de Áñez ha otorgado impunidad— siguen reprimiendo las manifestaciones que condenan el golpe de Estado ejecutado en el país.
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