Prensa Latina •  René Quenallata Paredes / Xinhua •  Internacional • 25/07/2020

Constitucionalistas advierten conflicto de poderes en Bolivia por aplazamiento de comicios

Numerosos expertos constitucionalistas consideran que el Tribunal Supremo Electoral se extralimitó en sus funciones y competencias al posponer las elecciones hasta el 18 de octubre sin el respaldo de ninguna ley.

Constitucionalistas advierten conflicto de poderes en Bolivia por aplazamiento de comicios

La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia de aplazar las elecciones generales hasta el 18 de octubre próximo sin la aprobación de una ley respectiva, abre un escenario de conflicto de poderes, desobedece la Constitución y pone en riesgo el estado de derecho, según la consideración de constitucionalistas.

«No hay una decisión legal y constitucional en el órgano electoral para diferir la fecha de las elecciones», consideró en entrevista para Xinhua el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Iván Lima, respecto a la decisión del TSE, que el jueves modificó la fecha de elecciones, programadas en un inicio para el 6 de septiembre venidero.

El TSE resolvió el cambio de la fecha sin ninguna consulta política o planteamiento al Legislativo con un proyecto de ley para modificar la jornada. Lima consideró que el TSE invadió atribuciones de otro órgano del Estado, en este caso el Legislativo, al no apoyarse en la ley respectiva.

El abogado constitucionalista y director de la Sociedad Civil «Lima & Asociados» dijo que el país sudamericano vive un «momento muy delicado», que puede desembocar en una «grave» confrontación entre órganos del Estado y generar una «crisis institucional».

Para el jurista, la decisión del TSE de desobedecer el marco legal abre espacios para la ruptura del estado de derecho.

A decir del experto, en Bolivia está vigente un marco legal que establece que las elecciones sean el 6 de septiembre próximo, pero el pleno del TSE aprobó una resolución que fija el 18 de octubre como la nueva fecha de comicios generales, tras la anulación de los efectuados el año pasado por presuntas irregularidades.

«Ninguna de las dos fechas está garantizada. Está en cuestión si una ley está por debajo de una resolución, cuando es lo contrario. Estamos ante un escenario de una grave crisis institucional», precisó Lima.

El ex magistrado manifestó que de acuerdo con la ley vigente, que estable que los comicios sean el 6 de septiembre, si el órgano electoral decide llevar adelante las elecciones el 18 de octubre violaría el marco legal, lo que puede generar impugnaciones y anular eventuales resultados.

«Si no hay una ley que cambie la fecha, los vocales del Tribunal Electoral estarían cometiendo los delitos de desobediencia a la ley, incumplimiento de deberes, emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes», aseveró Lima.

A juicio del constitucionalista, después del 6 de septiembre cualquier actor político del proceso electoral podrá demandar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la nulidad de la jornada.

En las postergaciones anteriores de los comicios, programados inicialmente para el 3 de mayo, el 2 de agosto y el 6 de septiembre, el TSE consultó a los actores políticos y propuso un proyecto de ley para cambiar de fecha, pero en esta ocasión (18 de octubre) no procedió de esa manera.

El presidente del TSE, Salvador Romero, argumentó respecto de la decisión de no solicitar una ley al Legislativo, que el órgano electoral «tiene plena competencia constitucional y legal para fijar la fecha de las elecciones».

Por su parte, el también constitucionalista, Franklin Gutiérrez, manifestó a Xinhua que Bolivia está ante un «embrollo» jurídico que puede generar un conflicto de poderes del Estado.

Para el jurista, el incumplimiento de la ley implica un delito, pero «lo más delicado es la institucionalidad y el estado de derecho».

Según Gutiérrez, el TCP es la única instancia que puede prorrogar las elecciones presidenciales por «declaración constitucional», que hace referencia a las postergaciones anteriores.

El TCP fue la instancia encargada de emitir las disposiciones de las prórrogas, con el argumento de restablecer el orden constitucional y evitar una distorsión de la democracia en el país.


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