Familiares de víctimas de la Covid-19 en residencias de mayores piden a la Fiscalía la imputación de Josefina Fernández Miguélez y el resto de propietarios de DomusVi

La denuncia, a la que ha podido acceder Tercera Información, se basa en los supuestos recogidos en los artículos 195,196, 229, 142, 142 bis, 147 y 152 del Código Penal «y otros que resulten de la investigación» y pide que se investiguen a Josefina Fernández Miguélez, CEO de DomusVi, y el resto de los propietarios del grupo en España, Francia e Inglaterra, así como a los propietarios de las demás residencias afectadas por la Covid-19 en Galicia. 

 

Para la Federación REDE, la conducta fue dolosa al existir un «conocimiento evidente» por parte de los denunciados de que están encargados de la guarda de las personas mayores en residencias, teniendo conocimiento de que «una conducta suya, activa u omisiva», ha provocado la situación de abandono e indefensión de las mismas en la crisis del coronavirus. 

 

El colectivo recuerda que no ha sólo ha sido la Covid-19 la que ha acabado con la vida de las personas mayores, «sino también la imprudencia, abandono, negligencia y falta de auxilio practicado en las residencias a las víctimas, y de que «no se realizaron desinfecciones, ni limpiezas apropiadas, ni se aplicaron medidas adicionales recomendadas por sanidad» a pesar de la existencia de «numerosas empresas externas de limpieza disponibles» y de ser conscientes de que «el personal con el que contaban era insuficiente para garantizar la correcta aplicación de las medidas de obligado cumplimiento» para proteger a los mayores.

 

La realidad, para la Federación REDE, es que DomusVi y otras residencias «decidieron ahorrar dinero, teniendo que ser los distintos medios de la administración pública los que finalmente acudieran a desinfectar las residencias» mientras sus propietarios «siguen desentendiéndose y abandonando sus obligaciones de protección de los residentes», pues tampoco se ha reforzado, a día de hoy, el personal de atención directa, «a pesar de ser indispensable para aplicar correctamente los protocolos». 

 

REDE entiende que en las residencias «se está produciendo un auténtico genocidio disfrazado de negligencia», y que «la pasividad de estas empresas ante la expansión del coronavirus se está extendiendo en el tiempo» ya que «ni ante los cientos de contagiados adoptaron medidas preventivas, ni higiénicas, ni profilácticas y siguen trabajando por debajo de las ratios permitidas sin ni siquiera cubrir los puestos de los trabajadores de baja». 

 

La entidad considera que al no socorrer a los residentes como era la obligación de las residencias, esto los puso «en peligro manifiesto y grave», produciéndose «un abandono de las personas dependientes necesitadas de especial protección por parte de la institución encargada de su guarda y de su cuidado y ese abandono puso en peligro su salud e incluso su propia vida», existiendo «claramante» la «omisión de auxilio», dado que «el mero hecho de dejar hacer los deberes requeridos ya es consumativo». Además, «el incumplimiento fue sistemático» pues «no se trata de un caso aislado o episódico, sino masivo y reiterado en las residencias de DomusVi y otras». 

 

Por todos estos motivos, la Federación Rede ha cursado a la Fiscalía una solicitud para que la Fiscalía comience a recabar pruebas sobre el terreno a través de la Policía Judicial «que permita en su momento concluir con la existencia o no de delito en el proceder de los propietarios de las residencias y sus directivos, así como del director de cada residencia».